Paradójicamente, la abogada Yolli García Álvarez llega al sitio de la transparencia con antecedentes que son opuestos a la limpieza e impolutez que son deseables en un funcionario que se dedicará a menesteres tan delicados, como es traslucir los manejos que esté realizando la administración pública en sus órdenes estatal y municipal.
Son varios los hechos que manchan su expediente y, aunque no se trate de actos por los que haya recibido sentencia jurisdiccional, pero el simple velo de la sospecha recayendo sobre su imparcialidad como magistrada electoral, disminuye la autoridad moral deseable en quien es elegido para ofrecer claridad en donde hay tinieblas.
La primera cuestión es el haber sido propuesta por el PRI en enero del año pasado, cuando aún era magistrada, para ocupar el cargo de consejero del Instituto Electoral Veracruzano, y que no hubiera ocurrido si ella no fuera de la confianza de los tricolores. La segunda, haber sido actora principal para fracturar una alianza de oposición que, de haberse consumado, hubiera causado muchas derrotas al PRI.
La tercera, el knock out a Fernando Yunes Márquez (cuyo padre es enemigo abierto de quien manda en Veracruz) en su camino a la candidatura para el Senado; y la tercera, legitimar el liderazgo dentro del PRD de Sergio Rodríguez Cortés, en el golpe de estado que éste dio a la dirigencia legalmente establecida y cuyo propósito obvio era subordinar a ese partido a los intereses de Palacio.
Todo lo anterior está aderezado con que la hoy consejera transparentista no es veracruzana. Su vida la ha hecho en el Distrito Federal, entidad a la que “representó” cuando contendió para ser consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), en 2008, junto con varias decenas de finalistas más, para relevar a los consejeros Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González Luna y María de Lourdes del Refugio López Flores.
Sin ser chauvinista, resulta extraño que para una tarea relacionada con los intereses más delicados de los veracruzanos sea elegida una persona que ni siquiera debe ubicar dónde están los 212 municipios de la Entidad y mucho menos conoce a los actores políticos locales. Ella está desarraigada, pero tal pareciera que en Veracruz no tenemos talentos.
La realidad es clara, por lo menos la verdad periodística, que se fundamenta en inferencias lógicas. La señora llegó a la Entidad hace poco tiempo, subordinó su función de juzgadora al interés político local, fue seducida por la vida provinciana, y los excelentes amarres que logró le están garantizando un trabajo de primer nivel, un buen sueldo y la posibilidad de seguir sirviendo a sus nuevos amos.
Y los ciudadanos del estado, lo que vamos a vivir de ahora en adelante será una tónica de ocultamiento de datos, negativa a las solicitudes de transparencia, tácticas de “aburridora” para que los accionantes desistan por cansancio, mientras que al mismo tiempo se dan facilidades a las instancias administrativas para que maquillen aquellas informaciones impresentables.
No es casual que se adopten estrategias como ésta. El régimen todo se debate en la irregularidad. Opacidad es lo menos a que se aspira ante la andanada de informaciones, filtraciones, errores y manipulaciones que hablan de infracciones administrativas y de delitos penales.
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