Córdoba.- Francisco Portilla ex alcalde de Córdoba, y actual Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tiene dos denuncias ante el Ministerio Público de la Federación. Siendo Ferrosur quien interpuso las denuncias penales, es por eso que un Juez Federal ordenó al Ayuntamiento de Córdoba a través de un Juicio de Amparo la devolución de la posesión de los tramos afectados por la obra de Portilla, en los cuales invirtió 7.1 millones de pesos de recursos federales, según información emitida en el 2012 cuando esas vialidades fueron inauguradas por el entonces Alcalde priista de Córdoba.
En el año 2012 Portilla -el alcahuete de Lavín- promovió y autorizó la construcción del llamado Circuito Vial Miraflores-San Nicolás invadiendo derechos de vía que forman parte del patrimonio de la Concesionaria Ferrosur
Esas vialidades fueron inauguradas por el entonces Alcalde priista de Córdoba.
El síndico y representante legal del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Alberto García Hernández, reveló ayer martes que en los próximos días harán la entrega de dicho derecho de vía pavimentado en la administración de Francisco Portilla a la Federación. “Será ésta la que tome la decisión de qué hacer en esos tramos”, expresó el síndico.
En entrevista, García Hernández reconoció que en lo que concierne al derecho de vía que está concesionado a Ferrosur, el anterior Gobierno del PRI “efectivamente construyó una vialidad, esta vialidad de una u otra manera, aparentemente la hizo sin los permisos correspondientes, a qué me refiero, la concesión la tiene Ferrosur, tiene un derecho de vía y el Ayuntamiento puede cumplir una serie de requisitos y pedir el permiso tanto a la Secretaría de Comunicaciones, de la Federación, para que la concesionada pueda otorgar estos permisos de vialidad”.
“Por la documentación que consta en archivos no tenemos un documento en el cual la anterior administración haya hecho trámite alguno, que trae como consecuencia que hoy existe un amparo promovido por Ferrosur en el cual obliga, que se resolvió antes de que entráramos nosotros y a nosotros nos obliga a devolver la posesión a Ferrosur”, explicó el síndico del Ayuntamiento.
Y aseguró que ante la sentencia del juicio de amparo que ganó Ferrosur a la anterior administración, esta administración ya cumplió: “Situación que hicimos hace tres semanas mediante documentación, y físicamente ante el juez federal a Ferrosur”.
Sin embrago, el Síndico Luis Alberto García Hernández advirtió que por estos hechos aún existen dos denuncias penales de Ferrosur contra anteriores autoridades municipales.
“Hay dos denuncias penales ante el Ministerio Público Federal en la cual Ferrosur está solicitando de nueva cuenta que se le devuelva esta vialidad o este derecho de vía que tiene concesionado. Aquí el panorama va a cambiar, porque ya nos estamos defendiendo y ya estamos nosotros entrando a la declaración judicial con fundamento legal y apegados a derecho”, dijo el Síndico.
Y señaló: “La ley es muy clara, dice que en el supuesto que ocurra una construcción en un derecho de vía y que se llegara a hacer una vialidad, la ley dice que en ese orden de ideas se puede entregar los beneficios construidos a la Federación, que es eso lo que nosotros estamos haciendo”.
Reconoció que en relación a los resultados de las dos denuncias penales: “No es nuestra responsabilidad penal porque no lo hicimos en esta administración”. “Nosotros vamos concretamente a pegarnos a derecho, regresarle la posesión a Ferrosur con todo el beneficio de construcción”, puntualizó.
Las obras que Francisco Portilla Bonilla promovió y autorizó como alcalde y por las cuales ahora fue denunciado ante la PGR son: 7 mil 065.20 metros cuadrados de pavimentos nuevos con concreto hidráulico y asfáltico; mil 171.34 metros lineales de guarniciones; mil 924.79 metros cuadrados de banquetas, se instalaron 48 luminarias y el total de la inversión es de 7 millones 107 mil 134.01 pesos en las 3 obras (1 pavimentación hidráulica y 2 asfálticas).
TIENE FRANCISCO PORTILLA MÁS IRREGULARIDADES:
Mientras el Gobernador Javier Duarte de Ochoa lo premió con su nombramiento como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el notario con licencia Francisco Portilla Bonilla dejó varios pendientes legales e irregularidades administrativas.
Uno de estos pendientes sigue siendo las irregularidades detectadas por la Secretaría de Función Pública en los recursos federales destinados a la restauración del Centro Histórico de Córdoba y donde Portilla Bonilla realizó contrataciones mediante adjudicación directa.
El otro problema legal de Portilla Bonilla es en relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-D-30044-02-1062 de los “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del año 2012 donde la Auditoría Superior de la Federación emitió 7 recomendaciones.
“El Municipio no ejerció con eficiencia los recursos del FORTAMUN-DF, pues destinó sólo el 12.6% para la seguridad pública municipal, por lo que incumplió con la normativa al no ejercer como mínimo el 20.0% de los recursos del fondo en proyectos de alto impacto para la seguridad pública en la sociedad”, señala la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados sobre la auditoría practicada al Ayuntamiento de Córdoba en la gestión de Portilla Bonilla.
Las revisiones financieras a la gestión de Francisco Portilla Bonilla y su tesorero Martín Becerra, aún no terminan y se presumen mayores irregularidades en el manejo de varias “partidas secretas”.
“Por la documentación que consta en archivos no tenemos un documento en el cual la anterior administración haya hecho trámite alguno, que trae como consecuencia que hoy existe un amparo promovido por Ferrosur en el cual obliga, que se resolvió antes de que entráramos nosotros y a nosotros nos obliga a devolver la posesión a Ferrosur”, explicó el Síndico del Ayuntamiento.
Con Información de Observación Veracruzano
