La detención de Humberto Suárez, secretario de Finanzas durante el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, era una decisión esperada por la lamentable situación en la que dejó la hacienda del estado, pero una decisión que se retrasó porque el gobierno de Fausto Vallejo trató de postergarla en todo lo posible. Fue con la intervención del comisionado Alfredo Castillo que se abrió paso a una detención que está más que justificada.
No se está inventando nada ni existe una cacería de brujas. Aquí dimos a conocer los resultados de las auditorías al gobierno de Godoy desde octubre de 2012. Y los resultados eran desoladores. Para comenzar, no había evidencia de que el comité de deuda pública hubiera funcionado alguna vez. Y obviamente faltaban por explicar deudas por más de nueve mil millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero de 2011, ya en su tramo final, créditos por cuatro mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no dejó información sobre cuál fue la deuda que estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos, uno de Banorte por dos mil millones, otro de Banobras, por mil 514 millones, y el tercero del Banco del Bajío, por mil 286 millones, resultó que se traspasaron, por los menos los dos de la banca privada, a una cuenta del estado asentada en Bancomer, y del crédito de Banobras no se tiene registro de en qué se usó.
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en pleno proceso electoral, se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron mil millones para pago de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses, sin desglose alguno, por supuesto. De poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de esos préstamos bancarios, lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.
Hay muchísimas irregularidades más. Sumaban, al cierre del gobierno de Godoy, nueve mil millones de los que nadie ha dado explicación y hasta ahora no se había pedido. El estado literalmente fue quebrado y alguien tiene que ser responsable, también por haber dejado tanto tiempo en la impunidad esos presuntos delitos.
Pero el manejo del dinero público no parece ser lo importante. Se ha prestado mucha atención al caso Oceanografía y sin duda lo merece. Estamos hablando, dejando de lado las demás averiguaciones y temas conexos, que van desde el futbol hasta los casinos; de un fraude por 500 millones de dólares a Banamex y su casa matriz, Citigroup, uno de los mayores de la historia bancaria internacional. Son unos siete mil millones de pesos. Debe haber responsables. Pero los malos manejos de la Línea 12 del Metro trepan, incluyendo la renta de los vagones del Metro, hasta los 45 mil millones de pesos, en una línea de Metro que, ahora sabemos, fue mal diseñada y en la que se negoció la construcción y el diseño por una parte y la sospechosa renta de los vagones por la otra, por dependencias incluso distintas, lo que terminó dando como resultado que ambos no coincidieran en sus especificaciones técnicas.
Quiere decir que el fraude de Oceanografía cabe entre seis y siete veces en lo gastado en la Línea 12, con la diferencia de que en el primer caso lo defraudado es dinero privado (habrá que ver todavía si hubo daño patrimonial en Pemex, uno de los temas que está investigando la PGR) y esos 45 mil millones de la Línea 12 son dinero público, de nuestros impuestos, y se ha dejado a medio millón de personas al día sin transporte.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha tenido la valentía de aceptar las fallas, detener la operación y tratar de solucionar los problemas. Pero malos manejos de esa magnitud no pueden quedar impunes. Sin embargo, hay que reconocer que algo hemos avanzado: todavía no sabemos cuánto costaron los segundos pisos que construyó López Obrador ni adónde fue a parar el dinero que hace diez años recibió René Bejarano, entonces líder de la Asamblea Legislativa del DF, cuando extorsionaba a Carlos Ahumada. Pero López Obrador ya dijo que Gustavo Ponce, su jefe de finanzas, aquel que jugaba cada semana millones en Las Vegas, estuvo preso diez años por “venganza”, no importa que haya malversado dinero público.
Y nos enteramos ayer de que en lo que va del año la Cámara de Senadores ya ha abonado 503 millones de pesos a sus 128 integrantes en concepto de gasto en comisiones y apoyo legislativo. Lo que eso quiera decir. O que la historia de los moches legislativos sigue más viva que nunca, con miles de millones de pesos involucrados. Mientras tanto, qué bueno que se haya aprobado el seguro de desempleo y la pensión universal pero, ¿queda claro que costarán un mínimo de 250 mil millones de pesos al año? No pasa nada, es dinero público.
