- EN ATENTADO CONTRA POLIcías
- Familiares de las víctimas lamentaron que hasta ahora no hay justicia para sus deudos
- Aunque existen pruebas palpables de los actos de corrupción por parte del Gobierno de la alcaldesa Leticia López en la compra de las dos torres de vigilancia, hasta ahora la fiscal se ha negado a seguir con las investigaciones.
Córdoba.- Han pasado siete meses desde aquel día del atentado contra policías municipales y estatales, en el que murieron cuatro policías (dos de ellos dentro de una de las torres hechizas por las cuales pagó el Ayuntamiento 3.5 millones de pesos) y la Fiscalía General de la República (FGR), no ha atraído el caso.
Aunque existen pruebas palpables de los actos de corrupción por parte del Gobierno de la alcaldesa Leticia López en la compra de las dos torres de vigilancia, hasta ahora la fiscal se ha negado a seguir con las
investigaciones.
Familiares de las víctimas lamentaron que hasta ahora no hay justicia para sus deudos, pues no hay ningún funcionario del Ayuntamiento encarcelado o que haya sido mandado a declarar entorno al caso ni en la FGR, así como tampoco ante la Fiscalía Regional de Córdoba.
“La Fiscal de la FGR pareciera que es una tapadera de las corrupciones de la alcaldesa. Se ha negado a darle continuidad a una denuncia que hay y ya le dio carpetazo al asunto. Es lamentable que sólo hayan pasado siete meses y ya a todos se les haya olvidado la muerte de nuestros
familiares”, abundaron.
La denuncia por el fraude de las torres fue interpuesta dos meses antes del atentado, en diciembre; la querella quedó asentada bajo la Carpeta de Investigación FED/VER/CORD/0005590/2019 el pasado 26 de diciembre de 2019; sin embargo, a pesar de que supuestamente la justicia es pronta y expedita, la Fiscalía sigue sin proceder, provocando que ya dos policías hayan fallecidos.
El pasado 10 de octubre, la alcaldesa informó haber adquirido “dos torres móviles de vigilancia, monitoreo y supervisión táctica de rápido despliegue”, que entregaría al Mando Único para reforzar las labores preventivas, señalando la alta tecnología y equipamiento de las torres.
Lo que no dijo en esa ocasión fue haberlas comprado a una empresa que apenas tenía escasos días de haberse dado de alta como proveedor del Ayuntamiento ni que proporcionó datos falsos para su registro, toda vez que de los dos domicilios aportados, uno de ellos en la factura (de la cual esta casa editorial cuenta con una copia) y otra más del padrón público de proveedores del Ayuntamiento, ninguno corresponde a
dicha persona moral.
Lo anterior se agrava si consideramos que los recursos utilizados para su adquisición provienen de la Federación y no se transparentó dicha inversión, ya que, como lo informó oportunamente EL BUEN TONO, ni los regidores tuvieron conocimiento de dicha adquisición ni de la licitación o invitación que se hubiese realizado para su adquisición, o la forma en que finalmente se le asignó el contrato a esta persona moral ANTONIDAS SA DE CV, que no aparece más que en el registro público de proveedores del Ayuntamiento. La investigación periodística que se ha venido realizando por esta casa editorial, ahora se tradujo en una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación, a quienes competerá realizar una
investigación exhaustiva.
