La comunicación política entendida como la habilidad para influir o guiar a la opinión pública en el sentido y dirección que al gobierno le interesa ha sido un rotundo fracaso. La población tiene un profundo desconocimiento sobre las reformas y, cuando las identifica, tiene una opinión mayoritariamente negativa.
Las tasas de aprobación y acuerdo de los presidentes no son necesariamente reflejo de un buen o mal gobierno. Gobernar significa tomar decisiones, tomar decisiones significa afectar intereses y afectar intereses significa “quedar mal” con ciertos sectores de la población. A veces incluso con la mayoría. La popularidad de un Presidente no está correlacionada con la responsabilidad en la toma de decisiones. Lo que es más, en ocasiones, está inversamente relacionada con políticas sólidas que en el mediano y largo plazos rindan frutos.
Ejemplos hay por todos lados. Subir el precio del Metro puede ser una buena política, pero se traduce en impopularidad. El aumento de impuestos puede ser necesario, pero nunca será bienvenido. El reordenamiento territorial puede ser ineludible, pero afectará a muchos pobladores (30% de las viviendas requerirían ser reubicadas). Ser popular no significa que el gobierno esté tomando las medidas correctas. La última medición del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mostró una aprobación de 84% y pocos dirían que su gobierno era un modelo a seguir, ya fuese en lo económico o en sus prácticas políticas, que se aproximaban más al autoritarismo que a las libertades democráticas.
Más aún, diversos estudios académicos han mostrado que si bien la popularidad suele llevar a un mejor desempeño electoral para el Presidente, en caso de que haya reelección o para su partido en caso de que no la haya, poco tiene que ver con el poder de ese Presidente para sus relaciones con el Congreso, para que sus preferencias de política sean exitosas o para sus relaciones con el exterior.
El caso de Peña Nieto es emblemático: un Presidente tremendamente capaz y exitoso en la negociación política y notoriamente ineficaz en la promoción de su gobierno.
Su récord en sacar adelante la agenda legislativa presidencial en un periodo de 15 meses es inigualable si la contamos a partir de que en este país el Presidente tuvo necesidad de negociar sus políticas públicas con la oposición. Doce reformas constitucionales, la mayoría de gran calado, y una alta probabilidad de conseguir por consenso o mayoría las leyes secundarias que aún faltan, no es poca cosa. La imagen internacional que ha logrado tampoco es desdeñable.
Pero junto con este récord tiene otro. El de la impopularidad y desacuerdo con su gobierno en los primeros 15 meses. En todas las encuestas públicas Peña muestra una tendencia sostenida a la baja. En la mayoría, la desaprobación ya es mayor que la aprobación: 46% contra 44% (Buendía & Laredo) 51% contra 48% (Consulta precaptura de “El Chapo”), 50% contra 43% (GEA). Al cerrar sus respectivos primeros años de gobierno Salinas, Fox y Calderón mostraban tasas de aprobación de 66%, 63% y 62%, respectivamente.
Preocupa esta situación porque la aprobación de un Presidente puede no ser un parámetro de buen gobierno, pero cuenta para otras cosas, además de para sentirse bien o para ganar elecciones. Es relevante para la legitimidad, para el aprecio de la población hacia las instituciones, para la preferencia por el régimen democrático de gobierno y para la estabilidad.
El muy mediocre crecimiento puede estar en la base de la falta de reconocimiento, pero algo mal está haciendo el gobierno en materia de comunicación que no puede transmitir ni eficacia ni confianza ni esperanza.
La comunicación política entendida como la habilidad para influir o guiar a la opinión pública en el sentido y dirección que al gobierno le interesa ha sido un rotundo fracaso. La población tiene un profundo desconocimiento sobre las reformas y cuando las identifica tiene una opinión mayoritariamente negativa. Lo mismo ocurre con los programas sociales. Ni la cruzada contra el hambre ni la ayuda a las personas de la tercera edad ni el apoyo a las mujeres son identificados como logros de este gobierno. Para colmo, el escepticismo prevalece y dos tercios de la población declara que los objetivos y promesas difundidos por el gobierno no se materializarán.
En su más reciente encuesta, Buendía & Laredo muestra con claridad tres realidades para todas las reformas, menos la educativa. Su escaso conocimiento, su asociación con algo negativo y la creencia de que son perjudiciales para la situación económica personal. En promedio, 73% de los encuestados piensa que la mayor inversión privada en los sectores energético y de hidrocarburos va a repercutir en un alza de precios en la gasolina, la luz y el gas. Esto a pesar de los recursos millonarios que ha gastado el gobierno en promocionales para decirnos que, al contrario, estos precios se reducirán.
La comunicación política tiene dos vertientes: la de la información y la de la manipulación. En ninguna de las dos está siendo exitosa. Curioso, no hay gobierno reciente que haya hecho más para disminuir la influencia de los poderes fácticos y no hay gobierno reciente que tenga menos reconocimiento que el actual. Para la mayoría de la población el PRI no está sabiendo gobernar. Tampoco comunicar.
