Córdoba.- La diputada federal, Leticia López Landero, afirmó que, como presidenta de la Comisión Especial de la lucha contra la trata de personas, ha estado “detrás del Gobierno del Estado de Veracruz” exigiendo resultados tangibles que ayuden a la desarticulación de bandas dedicadas a este delito.
La legisladora panista defendió su compromiso en el cargo y responsabilizó al anterior procurador de justicia de la ineficacia que ha existido en el estado ante un problema acuciante en la sociedad mexicana.
“El ex procurador siempre se negó a dar datos sobre la trata de personas. Veracruz y Nayarit son los estados más renuentes en este tema. Se negaron incluso a participar en un foro organizado en septiembre pasado”, explicó López Landero.
Por el contrario, y aunque todavía no se han proyectado rsultados, la diputada se mostró agradecida con el nuevo Procurador, al tomar decisiones como la activación de la Alerta Amber en Veracruz, una medida que, de haberse determinado antes, dijo, podría haber evitado que “muchas niñas estuvieran fuera de sus casas”.
Veracruz se encuentra dentro de las primeras cinco entidades federativas con mayores índices de trata en sus distintas variantes: explotación sexual, mendicidad forzada y tráfico de órganos. El estado se ha convertido en un centro de origen, tránsito y destino de bandas delincuenciales que actúan bajo esta modalidad del crimen organizado.
López Landero afirmó que en los próximos días buscará un acercamiento con el nuevo Procurador de Justicia para solicitar cifras certeras y motivar la investigación sobre este tema. “La Procuraduría deberá actuar con mayor ahínco para castigar a las personas que cometan este grave delito”, dijo.
La Comisión que encabeza la diputada analiza actualmente una reforma propuesta por la Cámara de Senadores sobre la Ley General de Trata. López Landero la calificó de “preocupante”, debido a que en el análisis de la minuta que realizan los legisladores “se han detectado un sinnúmero de irregularidades”.
La diputada habla de una ley “generalizada” que emplea usos arbitrarios de conceptos a partir de los cuales se engloba en un mismo grupo a víctimas de trata, personas maltratadas o secuestradas. La propuesta de la Cámara de Senadores incluye también definiciones confusas que podrían llevar a resoluciones judiciales también equivocadas.
“En el artículo 12 nos ponen que todas las personas que tengan a otra persona en calidad de siervo será sancionado con cárcel. Luego nos especifican que siervo es aquel que presta algún servicio a cualquier grupo religioso o cultural. Entonces, el día de mañana voy a poder acusar a un padre de trata porque tiene a la monjita dando catecismo sin darle una contribución”, afirmó López Landero.
La comisión que preside, en conjunto con la Comisión de Igualdad de género, realizaran las modificaciones oportunas a la reforma, que finalmente serán dictaminadas por la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para mandarla de regreso al Senado.
Ricardo Jacome Zavaleta
El Buen Tono
