La construcción democrática ha dado un papel central a los órganos autónomos encargados de cuidar la confrontación política o de empujar la glásnost mexicana como dínamo para cambiar la forma de ejercer el poder. A éstos, ahora se sumará una nueva comisión anticorrupción, también con autonomía constitucional y facultades para investigar y sancionar fraudes de funcionarios y particulares. La “joya de la corona” es la reforma constitucional en transparencia que, de igual modo, da potestades al IFAI para hacer efectivo el principio de máxima publicidad de los actos públicos en la Federación y en los estados. Contamos con instituciones y leyes de vanguardia en el mundo en acceso a la información pública para supervisar la acción gubernamental y lograr la rendición de cuentas desde hace una década. Los órganos autónomos ofrecen combustible para el largo trayecto, aún por recorrer, para proteger el interés público sin tener que repostar en las condiciones políticas del momento o depender de la conveniencia de la autoridad de turno. Pero…
Su credibilidad y eficacia se pierden cuando se percibe que, detrás del velo normativo de la transparencia, hay un amplio margen de actuación discrecional de la autoridad y cuando la falta de investigación y de justicia para castigar la corrupción nos lleva a un “mar negro” de desviación de recursos públicos. El expediente de denuncias omitidas y acusaciones desestimadas en el escándalo de corrupción de la naviera Oceanografía y su relación con Pemex refleja que la regulación anticorrupción y los esfuerzos de transparencia son todavía limitados para desactivar circuitos de contubernios y sobornos entre las empresas y el Estado.
La contratación de obra pública es vital para la sobrevivencia de miles de empresas, pero también, fuente de negocio político. El sistema de adquisiciones del Estado permanece lejos de la transparencia y la regulación anticorrupción no es efectiva. El escándalo por las denuncias de fraude millonario de la naviera con Banamex, perteneciente a Citigroup, a través de un complejo entramado de contratos y adjudicación de la paraestatal, demuestra hasta qué punto la transparencia aún no alcanza para penetrar en las raíces profundas de éstas relaciones. Las denuncias que finalmente activaron la intervención de la PGR surgieron de Citigroup en Nueva York e, internamente, no han dejado de advertirse motivaciones políticas en las investigaciones. Por el momento, no hay acusados de haber intervenido en el presunto fraude de la empresa que consiguió créditos de Citigroup, pero los señalamientos apuntan a develar tratos preferenciales de las dos últimas administraciones panistas, e incluso, se ha relacionado con el propietario de la naviera, Amado Yáñez Osuna, desde al ex líder del PAN, Gustavo Madero, y hasta a los hijos de Marta Sahagún.
Aunque se ha presentado como asunto entre particulares, la ASF alertó de anomalías en los contratos desde 2005, mismas que se desestimaron. Poco se sabe aún sobre el origen y destino del dinero del fraude, así como de las facturas de Pemex que se descubrieron falsas para solicitar los créditos pero, en el olor de corrupción y la impunidad, se revelan la impotencia y lo lejos que están los órganos anticorrupción de ser eficaces. Según el último informe de Transparencia Internacional sobre 100 multinacionales de economías emergentes, las empresas mexicanas analizadas califican tan bajas como las del resto de Latinoamérica y están en el promedio global. En cambio, y aunque las estimaciones varían, la corrupción podría costar al país hasta 10% del PIB y se ubica en los peores lugares de Transparencia Internacional, a pesar de más de una década de contar instituciones y leyes para atacarla. Esto significa que es al interior del Estado donde se generan los desvíos de recursos y que, comparativamente, tenemos gobiernos más corruptos que el promedio de América Latina.
Como se ha dicho, hay riesgos de que la partidización en la designación de sus responsables coarte a los órganos autónomos. Pero no es menor la limitación para cumplir sus funciones si su tarea no se acompaña del compromiso de las dependencias encargadas de investigar y castigar la corrupción o si éstas siguen criterios políticos. La persistencia de la politización de la justicia o la manipulación institucional de los casos de corrupción son desafíos que debe sortear la transparencia para evitar papeles instrumentales o testimoniales, e incluso perderse en un discurso tan correcto como poco creíble.
