Andrés Timoteo
Columnista
CERO Y VAN DOS
Vaya uso maniqueo de la enfermedad. En apenas unos días el secretario general de Gobierno, Patrocinio Cisneros, enfermó y sanó del Coronavirus y su caso debería ser estudiado por los científicos que se devanan los sesos para desentrañar los vericuetos de la gripe pandémica. Ayer, el funcionario estatal anunció que regresaba “como el Ave Fénix”. ¿Sabrá qué quiere decir esa alegoría porque ese pájaro mitológico muere, se chamusca, antes de revivir?
También alardeó que “no fue tan fácil doblarlo” -sin ser albur, se entiende- y que torna, casi triunfante, a palacio de gobierno. Por supuesto que es baladronada y una burla manifiesta a todas las personas que en verdad han enfermado del Covid-19, algunas fallecidas y otras con secuelas pulmonares, renales e inmunológicas severas. Es una falta de ética política y moral utilizar este padecimiento -que ha enlutado a miles de familias- con sesgo político-partidista.
Lo peor es que aumentó la sospecha de que todo fue una farsa. Un montaje para simular que el funcionario se infectó y fue necesario llevarlo a un nosocomio -no del sector público sino privado donde los días de convalecencia cuestan en una pequeña fortuna-, pero ¿con qué fin? No tiene explicación utilitaria en el contexto local. No puede ser un distractor de la hecatombe sanitaria porque el caso solo ayuda a machacarla.
Tampoco para ocultar el desastre financiero porque es imposible de hacerlo, menos del tiradero de cadáveres por la violencia feminicida y la del crimen organizado. ¿Entonces? La presunción es que fue una veleidad personal del funcionario para medir aceptaciones y repudios, colocarse en el centro de la polémica y satisfacer una perversa ansiedad. Lo que haya sido es un agravio para los que sí padecen o padecieron la peste y sufrieron estar intubados o fallecieron.
Y Cisneros Burgos no es el único que recurre a esta treta, pues ya antes el diputado tuxtleco y presidente de la Junta de Coordinación Política en el congreso local, Javier Gómez Cazarín, simuló haberse infectado de Coronavirus montando un escenario donde aparecía en una cama y al lado de una mampara donde estaba un letrero con la leyenda de que permanecía bajo observación por la sospecha de contagio. Lo hizo en el fragor del escándalo por la reforma electoral a nivel local para blindar al gobernante en turno, Cuitláhuac García, para no someterse a la revocación de mandato.
Una semana más tarde, Gómez Cazarían ya andaba recorriendo comunidades de su distrito para entregar chácharas a cambio del voto para los comicios del 2021. Nunca exhibió un parte médico sobre su situación serológica y todo se trató de una farsa. Lo mismo que con Cisneros. Por cierto, algunos perspicaces sostienen que un indicador de que todo fue un embuste es que el propio gobernante en turno, García Jiménez no se ocupó en informar a la opinión pública sobre el estado de salud de su segundo a bordo y en las redes sociales no tocó el tema ni para solidarizarse o desearle recuperación.
No cabe duda de que los cuitlahuistas ven la tempestad y no se hincan porque no solo simulan enfermarse -lo que para muchos es desolación, para ellos es cachondeo- sino que hasta regresan más voraces. Tal es el caso del exalcalde de Ciudad Mendoza y actuar procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortes, quien juró ante Dios -según él- que si sanaba del Covid-19 sería una buena persona y dejaría de robar. Sin embargo, apenas salió del hospital y se lanzó tras la plata.
La última fue extorsionar al crematorio “La Luz” en el puerto de Veracruz con 400 mil pesos a cambio de no clausurar los hornos ¡en plena emergencia pandémica!, cuando se requiere que los fallecidos sean incinerados y hay una larga lista de espera para ese servicio. Sin importarle que su misma familia pudo estar en una situación parecida, de urgencia para el servicio crematorio, Rodríguez exige una especie de ‘derecho de piso’ a los dueños del velatorio. El tipo actúa igual que el crimen organizado. ¿Cuál epifanía?
OTRO DECÁLOGO
Algunos jurisconsultos le llaman “decisionismo”, otros “voluntarismo” y los más prácticos “autoritarismo”. Es la práctica de gobernar por decreto, es decir hacer -aún en un contexto democrático- que el deseo del gobernante en turno se cumpla o por lo menos se publicite con parafernalia con si fuera un hecho consumado de antemano. Los decretos en un régimen republicano son la reminiscencia de aquellos mandatos reales o imperiales -los emitidos por un rey o un emperador- y llevan el entendido de que deben ser acatados sin miramientos por los otros poderes a los que rebajan a súbditos.
La historia ha enseñado que gobernar por decreto es lo que más les gusta a los dictadores modernos porque así evitan que sus decisiones pasen por el tamiz legislativo y la revisión judicial. El decreto presidencial es una especie de afrodisiaco para los nostálgicos del poder absoluto y conlleva una clara utilización en el oportunismo político, señala el jurista portugués José Joaquim Gomes Canotilho.
Esto significa que a pesar de que un decreto del gobernante en turno no tenga un fin realmente práctico si tiene una intención de usarlo para satisfacer conveniencias personales, partidistas o de facciones. Pues bien, en México al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo seduce el voluntarismo y ama los decretos, y la emergencia por la pandemia del Covid-19 ha dado varios episodios de eso, dos de ellos muy puntuales: los decálogos sobre el Coronavirus.
El primero lo emitió el 13 de junio cuando dio por concluida la epidemia y anunció el desconfinamiento del país. Lo llamó “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”. Obviamente su contenido escasamente tenía referencias o bases científicas, médicas e incluso legislativas o administrativas sino era un listado de consejos cargados de ideología, credos y voluntarismo. La realidad estrelló ese primer decálogo contra el suelo y lo hizo añicos.
Más de un mes después de emitido, el país ni está dentro de una ‘nueva realidad’ ni la pandemia ha sido doblegada ni la gente lo ha adoptado para no enfermar. Al contrario, México ya pisa en el umbral de los 40 mil muertos y los 350 mil infectados por lo incontrolable de la plaga. En resumen, ese decálogo solo fue una artimaña publicitaria para intentar sostener el discurso de que la pandemia estaba superada.
El pasado fin de semana, López Obrador recurrió a otro decretazo, un decálogo más ahora llamado “10 compromisos relacionados con la salud” el cual nuevamente es una serie de buenas intenciones y ninguna basada en acciones concretas. De esos 10 puntos, solo en dos hay compromisos discernibles, pero sin contexto ni metodología: mejorar el sistema de salud pública y ayudar a las víctimas o deudos que provocó la gripe.
Lo demás es bisutería, redundancia como eso de que se compromete a cumplir el artículo 4 de la Constitución que garantiza el derecho a la salud. Vaya, pues si para eso lo hicieron presidente, para que cumpla y haga cumplir la ley, ¿o no? En fin, otro decálogo-decreto insustancial que es solo para salir al paso del entuerto. Así se cumple lo dicho por el estudioso Gomes Canotilho, es mero oportunismo político para satisfacer la conveniencia momentánea del caudillo.
FUENTEOVEJUNA DE NUEVO
De nueva cuenta el municipio de Soledad Atzompa fue noticia por el linchamiento de dos supuestos defraudadores a quienes detuvieron, golpearon y prendieron fuego. La turbamulta erigida en Fuenteovejuna -como la novela Lope de Vega- se hizo justicia por cuenta propia ante la inexistencia de autoridad. Hace un año, el 22 de febrero, los mismos lugareños lincharon e incineraron a seis secuestradores de maestros. Y no es solamente Soledad Atzompa sino toda la zona centro-serrana que está harta de que los delincuentes operen en completa impunidad.
En lo que va del presente sexenio al menos 17 presuntos delincuentes han sido linchados en la región. El 28 de junio del año pasado en Acultzingo lincharon a un tipo que había plagiado al líder de una organización de mototaxistas. El 10 de julio de ese mismo año golpearon con palos y piedras, hasta fracturarle las piernas, a otro secuestrador que murió después en un hospital.
Por su lado, cinco secuestradores fueron linchados tras asaltar a un panadero e intentar plagiar a un niño el 18 de noviembre del 2019 en La Perla. Antes, el 6 de septiembre, en la comunidad El Lindero de la misma municipalidad, otro sujeto que intentó llevarse a un bebé fue incendiado frente al templo del lugar, aunque sobrevivió pese a las heridas. Y en Ixtaczoquitlán, la turba golpeó hasta matar a un estudiante de medicina de 21 años que durante un asalto en el poblado Rincón Tuxpanguillo asesinó a un anciano.
Atención, no es que haya un pueblo bárbaro ni hostil sino harto por la violencia y la inseguridad, además cansado de que el gobierno estatal y federal esté ausente y se comporte permisivo con los criminales. A nadie se le olvide: la justicia por mano propia es el recurso de los desesperados y los desconfiados de las instituciones.
Este último caso en Soledad Atzompa pone en evidencia -otra vez- al gobernante en turno, Cuitláhuac García quien tras los linchamientos en febrero del 2019 prometió destacamentos policíacos, rondines de vigilancia y seguridad para toda la región serrana. “Garantizada la seguridad en Soledad Atzompa”, difundió su gobierno en un comunicado oficial (url.pm/eMeDd). Nada cumplió y ahí están las consecuencias: ingobernabilidad y la autodefensa y autojusticia ciudadanas como única opción.
