- Tras ser hospitalizado
- Elementos de la FGR y de la Guardia Nacional resguardan al ex director de Pemex
CMDX.- El ex director de Pemex, Emilio “N”, pasó la noche del viernes en el Hospital Ángeles del Pedregal, tras tener un reconocimiento del juez de control del caso tras su extradición a México.
Emilio “N” permanecerá bajo tratamiento médico durante una semana, lo que le impedirá desahogar la primera audiencia judicial por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, según señalaron fuentes del gobierno federal y judiciales.
Cabe recordar que el ex funcionario federal arribó a México a las 0:46 horas del viernes a la Ciudad de México. A su llegada, los fiscales le leyeron sus derechos y le ejecutaron las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
La defensa de Emilio “N” alegó que su cliente presentaba anemia y tenía problemas en el esófago.
En el diagnóstico habrían coincidido sus médicos y los de la Fiscalía General de la República, quienes lo revisaron en el hangar de la institución en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
VIGILAN HOSPITAL DONDE ESTÁ INTERNADO
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) resguardan al ex director de Pemex, Emilio “N”, en el hospital Ángeles del Pedregal, donde recibe atención médica para combatir su “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en todo su salud”.
La Jornada publica que funcionarios federales indicaron que el interior del hospital es resguardado por elementos de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la FGR, y la seguridad perimetral es brindada por integrantes de la Guardia Nacional.
Refiere que las fuentes consultadas señalaron que el operativo se puso en marcha desde la madrugada del viernes para que Emilio “N” no pueda ser blanco de algún atentado.
CLAVES DE COLABORACIÓN ENTRE LOZOYA Y LA FGR
De principal señalado por la trama de Odebrecht en México a colaborador estrella de la Fiscalía General de la República (FGR). Esa es la metamorfosis que se ha ofrecido en las últimas semanas a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La extradición de Lozoya ha levantado grandes expectativas por lo que, se promete, será la apertura de la caja de pandora sobre los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El ex funcionario ha llegado desde Madrid en la madrugada de este viernes, tras un vuelo de más de 12 horas y un fuerte dispositivo de seguridad. La hipótesis más compartida es que el político ha acordado beneficios en su proceso a cambio de delatar a otros colegas del círculo cercano a Peña Nieto. La clave del pacto son una serie de figuras legales conocidas en México como criterio de oportunidad, procedimiento abreviado y penas reducidas.
El criterio de oportunidad está contemplado en el artículo 21 de la Constitución mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aplica bajo dos supuestos principales. El primero son delitos menores, también llamados delitos de bagatela, en los que la infracción se cometió sin violencia o el daño es mínimo y en los que sería más costoso castigarlos que no hacerlo. Por ejemplo, robar una manzana. Este supuesto no aplicaría para Lozoya, imputado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. El segundo es que quien esté siendo investigado y la Fiscalía lleguen a un acuerdo de colaboración, cuando se supone que el acusado puede dar información suficiente sobre otras personas para la persecución de un delito más grave y se comprometa a testificar en un juicio contra ellos. A partir de esta figura hay varios escenarios, si el acuerdo con la Fiscalía es por todos los delitos que se le imputan, Lozoya puede quedar incluso en libertad, aunque también se puede hacer por solo algunos delitos y solo acordando penas reducidas o parciales u otros beneficios.
Hay, sin embargo, consideraciones importantes. Lozoya no podría acusar a alguno de sus subalternos y tendría que apuntar hacia arriba, a personas con un mayor cargo jerárquico, según las leyes mexicanas. En el Consejo de Administración de Pemex están el titular de Energía y el titular de Hacienda, en este caso Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray, que eran los secretarios cuando Lozoya dirigió a la petrolera entre 2012 y 2016. Más arriba estaría el expresidente Peña Nieto. Lozoya, además, está obligado a reparar el daño de los delitos que se le imputan, es decir, a devolver el dinero y aún no está claro sobre cuál cargo se basaría ese pacto, apunta Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil. “En este caso, Lozoya quedaría impune por ese o esos delitos, a pesar de que no era un funcionario de bajo perfil”, apunta la especialista.
Se baraja que Lozoya no solo esté dispuesto a hablar, sino que además tiene una serie de videos que comprobarían una trama de sobornos a legisladores para la aprobación de la Reforma Energética de 2013, uno de los planes estrella del Gobierno de Peña Nieto, así como otras pruebas de la compra irregular ese mismo año de la planta industrial de Agronitrogenados que causó pérdidas millonarias a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. El esquema, que se supone que Lozoya puede comprobar, fue orquestado desde la silla presidencial para premiar con contratos públicos a quienes apoyaron la campaña del PRI en 2012 y en otras elecciones. Medina indica que Lozoya solo podría presentar estas pruebas a la Fiscalía si él participó directamente en los sobornos. Además, el acuerdo tiene que tener el visto bueno de las partes afectadas, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y sería la propia Fiscalía quien decida si la información aportada fue útil o no en un plazo de 15 días a partir de su declaración en el juicio.
“El criterio de oportunidad es una figura ampliamente utilizada en los casos de delincuencia organizada, aunque en la mayoría de las veces los acuerdos entre la Fiscalía y los colaboradores no se hacen públicos”, refiere Álvaro Vizcaíno, académico de la Universidad Panamericana. También se utiliza en otros países, aunque con nombres y criterios diferentes. En Perú y en Brasil, donde se les llama colaboración eficaz y delación premiada, se utilizaron para desentrañar la trama de Odebrecht, señala Medina, aunque la mayoría de los delatores ocupaban cargos menores en la burocracia o en la constructora brasileña.
