Xalapa.- Veracruz finalizó en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a sistema político, gobierno y precursores, de acuerdo con la evaluación del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Al presentar los resultados correspondientes al Índice de Competitividad Estatal 2020, el IMCO posiciona al estado de Veracruz en el último sitio en cuanto a respeto a la libertad de expresión con 57 agresiones a la prensa.
El IMCO sitúa, además, a la entidad en el puesto 31 de percepción de la corrupción estatal con un valor de 95, es decir, seis puntos porcentuales arriba del promedio nacional de 89. Además, ocupa el lugar 31 de 32 en el indicador de consulta de información de las finanzas públicas.
En el tema de Gobierno, Veracruz ocupa la posición 30 de 32 por captación de ingresos propios dentro los ingresos totales del Estado y en el subíndice de Percusores, el Estado ocupa el lugar 28 de 32 en cuanto a acceso a la telefonía móvil e internet.
El IMCO revela que sólo 35.4 por ciento de los hogares cuenta con conexión a internet.
El diagnóstico del Instituto dividió a las 32 entidades en dos grupos: 16 con mayor competitividad y 16 con un nivel de competencia inferior a las demás: Veracruz, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
De este modo, la entidad veracruzana no alcanzó ninguna medalla a los Estados más competitivos en Sociedad, Sistema Político, Gobiernos, Mercado de factores, Economía, Precursores, Relaciones Internacionales e Innovación.
El análisis del IMCO revela además ciertas debilidades del estado de Veracruz, entre estas, la interacción del Gobierno por medios electrónicos; aunque a la vez, algunas fortalezas.
Es el caso del costo del delito, con un valor de 2 mil 124 pesos por persona, lo coloca en la posición 4; además de la competencia en servicios notariales con un valor de 5.0 y con lo cual alcanza el puesto número 6.
El IMCO posiciona a Veracruz en el puesto siete de incidencia delictiva al registrar 7.2 delitos por cada cien mil pobladores.
