Sandra González Tehuintle
El Buen Tono
ORIZABA.- Las autoridades municipales del sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) al igual que el presidente municipal Igor Fidel Rojí López tienen que responder por la mala actuación del procurador del DIF, Alfredo Luna Toral, y por no iniciar una investigación, por lo que todo indica que están protegiendo su mal desempeño, indicó la abogada e integrante de Marea Verde de la zona de las Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta.
Lo anterior luego de que sumarán dos denuncias públicas en contra del funcionario; la primera por parte de la joven madre Dulce María Espíndola Beristain quien detalló que el día que le fue arrebatado su hijo de los brazos con lujo de violencia pidió la intervención de la policía municipal y del procurador para la Protección del Niño, la Niña y el Adolescente, lo que le fue negada a pesar de que los hechos ocurrieron en Orizaba.
También, el abogado Nahúm Sánchez Hernández señaló que dicho funcionario en complicidad con Juan Carlos Juárez Espinoza, quien es representante legal de William Benítez Vega y quienes han litigado juntos para quitarle la guardia y custodia a la madre de una menor de dos meses y seis días de nacida.
