ORIZABA.- Más del 60 por ciento de la violencia que viven las mujeres en la región tiene que ver con el incumplimiento de obligación familiar, se trata de casos en donde son vulnerados los derechos de los niños y niñas por sus padres, una problemática que va en aumento, así lo manifestó la integrante de la agrupación Marea Verde de las Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta.
Destacó que los victimarios de los menores en estos casos son los padres “porque piensa a veces que con eso la mujer no lo va a destinar para los hijos y se va a dar la gran vida, cuando es apenas una tercera parte de lo que los hijos necesitan y no se porqué utilizan esta imaginaria violencia en contra de las mujeres, pero a quien realmente afectan es a los hijos”.
Con base en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos del Inegi, el delito de Incumplimiento de Obligaciones Familiares y que consiste en dejar de proporcionar alimento, comida, vestido habitación o cualquier obligación de carácter familiar respecto a las personas que tienen derecho a recibirlo se incrementó en más de 216 por ciento en la entidad con respecto al mismo período del 2019 al pasar de 66 a 209 demandas promovidas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y a su vez reportadas a la Secretaría de Gobernación.
Ante ello, la abogada, manifestó que “Es una de las violencias más frecuentes, los deudores alimentarios buscan maneras para no cumplir, cuando tienen un trabajo fijo llegan a extremo de abandonarlo para no cumplir con su obligación y también he detectado algunas estrategias con el solapamiento del patrón para depositarles el mínimo, les pagan por fuera otras cantidades y legalmente sólo reportan una”.
Explicó que esto no ocurre con las grandes empresas como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras de tipo gubernamental en donde es muy difícil que accedan a este tipo de estrategias para eludir su responsabilidad, logrando que se logre lo que decrete el juez, “pero cuando se trata de pequeñas empresa se da mucho y cuando no hay fuente de trabajo el juez decretá lo que quiere y si quiere cumplir lo va a hacer y si no tenemos que ir a la denuncia”.
