Coatzacoalcos.- El caso de Uriel Domínguez, pareció demasiado sospechoso a los compañeros comunicadores de Gregorio Jiménez, que protestan por su secuestro y homicidio, mostrando su descontento, pues a todas luces se observa lo parcial que puede ser la justicia al dejar en manos de un juez cuya hermana es una de las personas que mayor injerencia tiene en la represión de que son objeto la mayoría de los periodistas no alineados a medios manejados por el gobierno en turno.
Al cuestionar al presidente del Tribunal sobre cómo puede lograrse que el proceso cambie de manos, respondió que “solo el Consejo de la Judicatura es quien tiene la autoridad de hacer los cambios de jueces y en el caso particular de remover al juez Domínguez Colío del caso de Gregorio Jiménez, primero se tiene que esperar a que se resuelva la situación jurídica de las personas detenidas”.
Entrevistado al final de la Sesión del Consejo de la Judicatura, reporteros preguntaron si es posible la petición que hacen organizaciones no gubernamentales, reporteros y ahora el PAN estatal, de retirar a Domínguez Colío, juez Tercero de Primera Instancia de la ciudad de Coatzacoalcos, del caso del periodista finado Gregorio.
Jiménez, por el parentesco familiar con la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío, respondió que no está llevando el caso directamente: “es el juez, pero eso no quiere decir que conozca del asunto, quien está conociendo es el Secretario que se encuentra como titular interino en este momento por la licencia que solicitó el juez Domínguez antes de la consignación”.
Lo anterior levanta aún más sospechas del presunto deslinde del Juez, hermano de la Vocera próspera, pues resulta obvio, para organizaciones observadoras, que independientemente de estar presuntamente separado del caso, es quien manda, por más que su secretario haya sido nombrado para sucederlo temporalmente.
Domínguez tiene licencia desde el martes de la semana pasada por cuestiones de salud y concluye esta semana, aunque puede prolongarse, dijo.
Respecto a la situación jurídica de los presuntos responsables del crimen de “Goyo”, comentó que el término fue ampliado a 72 horas que se cumplieron a las 2 de la mañana de hoy miércoles 19 de febrero de 2014, entonces, dijo tendrá que dictarse el auto que defina esa situación jurídica y eso sólo lo sabe el juzgador bajo los elementos aportados y lo hará con plena jurisdicción, agregó el presidente Alberto Sosa.
Agencias
