México.- Ni verdad ni justicia. Casi dos años después del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, lo único claro es que el Poder Judicial del estado no creyó la versión construida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ordenó la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva para que no se convirtiera en un chivo expiatorio.
Han pasado casi seis meses desde entonces y el caso sigue sin ninguna determinación judicial firme. El 27 de agosto de 2013, tres semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), revocara la sentencia inicial de 38 años y dos meses de prisión contra Hernández Silva, El Silva, el hermano de la periodista, Ángel Alfonso Martínez Pérez, inició un juicio de amparo “a nombre de mi familia” contra esa decisión.
La solicitud de amparo recayó en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, pero hasta la fecha ese órgano de la justicia federal ni siquiera ha turnado el expediente para que alguno de los tres magistrados del Colegiado elabore un proyecto de resolución.
Un día después del fallo revocatorio, el 9 de agosto del año pasado, el hermano de la periodista, taxista de ocupación, movilizó a los medios locales y nacionales con una lista masiva de correos para anunciar que interpondría el recurso con el propósito de regresar a Hernández Silva a la cárcel. Después emitió un boletín de prensa.
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A diferencia de la consideración mayoritaria de la Séptima Sala del TSJE que revocó la condena dictada por la juez Tercero de Primera Instancia, Beatriz Rivera Hernández, el hermano de Regina está convencido de la versión de la PGJ: el móvil del asesinato fue el robo y los responsables fueron El Silva y José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien está desaparecido y según esa versión tenía una relación sentimental con la periodista.
Señalados por la Procuraduría como “malvivientes” del Parque Juárez de Xalapa, en los alrededores de donde vivía Regina Martínez y donde según la acusación se prostituían, El Silva y El Jarocho aparecen en la versión del gobierno de Javier Duarte como responsables del asesinato ocurrido en las primeras horas del 28 de abril de 2012. Hernández Silva es un analfabeta seropositivo que conoció al Jarocho en la cárcel.
