Por Andrés Timoteo / columnista
POLÍTICOS BAJO METRALLA
El caótico Sur veracruzano lleva varios días en la lumbre. Al enfrentamiento de la Policía estatal con pobladores del municipio de Isla, supuestamente azuzados por la delincuencia organizada que se suscitó el martes, se adicionaron ataques a balazos en restaurantes de Cosamaloapan y Tres Valles. Uno de ellos también fue incendiado.
Además, se habló de cuatro personas asesinadas en hechos paralelos, pero con el mismo sello de la mafia. De poco sirvió el “blindaje” que apenas el miércoles anunciaron los gobernadores de Veracruz y Oaxaca para contener la ola violencia en los límites entre ambos estados. Por si fuera poco, el fin de semana fue ‘ejecutado’ el regidor panista de Sayula de Alemán, también en la misma zona, Saúl Héctor Velásquez Vázquez.
El atentado contra el edil se perpetró el sábado a plena luz del día, en las cercanías al edificio que alberga las oficinas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acayucan, donde había acudido a una reunión por lo que inicialmente hubo confusión en su afiliación partidista. El Regidor sayuleño es el onceavo político asesinado en lo que va del presente sexenio y el segundo en este 2020.
Días antes, el primero de febrero, el exalcalde de Soconusco y el exdelegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar), Jorge Alberto Baruch Custodio también fue atacado por un grupo de sicarios en dicho municipio. El ex munícipe panista fue ‘ejecutado’ en las mismas condiciones que el regidor Velázquez.
Como agregado está que uno de los restaurantes incendiados en Cosamaloapan, “Mariscos Parroquín”, es propiedad de Mirna Parroquín Morales, hermana de Alfredo Parroquín quien fue asesinado también por un comando armado en el 2010. Éste era operador regional del partido Convergencia por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano (PMV). Los restauranteros son parientes de Hugo Parroquín Aguirre, exjefe de Giras del innombrable y excandidato a la diputación local por Boca del Río en el 2010 por el Revolucionario Institucional.
De los once asesinatos de políticos en lo que va del sexenio, cuatro se han registrado en la zona Centro. El más sonado fue el de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo cometido en abril del 2019. El 11 de diciembre fue victimado Pedro Muñoz Mora, exalcalde priista de Omealca. Cinco días después, el 16, asesinaron al exedil de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque desde el 2018 se había alejado del perredismo e incluso intentó buscar una candidatura por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ya en junio del 2019 habían asesinado a Efraín García Zavala, quien fue candidato a la presidencia municipal de Tezonapa y a la diputación local en el Distrito de Zongolica abanderado por la alianza PVEM-PRI. Respecto al caos en la zona cuenqueña que limita con Oaxaca, el noviembre fue ‘ejecutado’ el diputado local en funciones, Juan Carlos Molina Palacios del tricolor y además dirigente de la CNC estatal.
Aunque el crimen se cometió en su rancho ubicado en el municipio de Jamapa, Molina Palacios es originario de la Cuenca del Papaloapan, fue tesorero municipal de Cosamaloapan y candidato del PRI en ese distrito en el año 2003. Muchos de sus negocios y complicidades los tenía en aquella región. El resumen es que al parecer los políticos veracruzanos están bajo metralla del crimen sin importar filiación partidista.
Hoy son ellos, pero el pueblo llano está desde hace tiempo y todos los días bajo fuego de la delincuencia. Aunque suene incorrecto políticamente, no son pocos los que piensan que los políticos están sintiendo lo que a diario padece la gente que no ocupa cargos públicos ni puede costear guaruras o carros blindados ni goza del respaldo de un cacicazgo ni de la atención mediática como ellos.
La otra síntesis del caos en la zona Sur y los crímenes de los políticos se da con el silencio de Palacio de Gobierno. A parte de las declaraciones de algunos funcionarios para criminalizar a los periodistas y de otros para retractarse de lo mismo -sin mediar, claro, una disculpa pública- hay un mutismo que abona al desconcierto y la zozobra.
Ningún pronunciamiento, ningún comunicado oficial con información puntual. Nada. En lugar de convocar a una reunión emergente de la llamada Mesa para la Construcción de la Paz o trasladarse a la zona para supervisar los operativos, el gobernante en turno se fue a la capital del País a reunirse con sus homólogos de Chiapas, Puebla, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México para manifestar un respaldo al gobierno de López Obrador -como si lo necesitara-. Todos esos mandatarios tienen a sus estados en llamas.
Ayer, se lo tomó de descanso. Ya desde el mismo martes cuando se registró el enfrentamiento en el municipio de Isla prefirió encabezar el homenaje a un perro policía que fue “jubilado” en lugar de instalar un consejo de crisis para atender la situación como lo haría cualquier estadista preocupado por la gobernabilidad.
El enmudecimiento oficial en situaciones como ésta no es un exabrupto ni un descuido, sino un indicador. Y en política como en el periodismo los silencios y las ausencias también se leen.
NARCO-GOBERNADORES
Y hablando de este tipo de complicidades, es noticia vieja pero ahora vuelve a resonar en la prensa el reporte del Centro de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre al menos veinte políticos mexicanos, exgobernadores todos, ligados a los carteles del narcotráfico. Este informe titulado “México: Crimen Organizado y organizaciones de tráfico de drogas”, fue presentado a los parlamentarios americanos desde agosto pasado.
La lista de exmandatarios es encabezada -nada de sorpresa- por el cordobés Javier Duarte, a quien ligan con una de las organizaciones criminales que se enfrentó al cartel que, en el sexenio anterior, el del innombrable, había sido dominante. A Duarte lo ubican como “un ejemplo notable” de la participación de los gobernadores con el crimen organizado, algo que ya sabían los veracruzanos que lo padecieron.
Los otros incluidos en el informe son los priistas Roberto Borge de Quintana Roo, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Cesar Duarte de Chihuahua, Fausto Vallejo de Michoacán, Andrés Granier de Tabasco, Rodrigo Medina de Nuevo León y Roberto Sandoval de Nayarit. Del PAN aparece Guillermo Padres de Sonora. Dicho reporte alerta sobre el alcance de la penetración de la corrupción en diferentes capas del gobierno mexicano y dentro de los partidos políticos, especialmente las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Otro dato que retumba es que también está el exgobernador de Tlaxcala, el experredista Alfonso Sánchez Anaya quien actualmente es jefe de la Unidad de Enlace Administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, es decir de la “cuarta transformación”. Se repite, ninguna filiación partidista se salva de esos asuntos turbios. ¿Qué hará el tabasqueño López Obrador?, ¿bendecirlo y exonerarlo como al poblano Manuel Bartlett?
AMPARO CONTRA INDOLENTES
La semana pasada, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de la Ciudad de México otorgó un amparo a cinco padres de niños que padecen cáncer y cuyo tratamiento está en riesgo por el desabasto de medicamentos. Los señores acudieron a la justicia federal para exigir que ésta obligue al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los responsables del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a entregar las medicinas requeridas para los pacientes.
Es, por supuesto, un amparo contra la indolencia, pues tanto el tabasqueño como los funcionarios del ramo han hecho malabares para sacudirse la responsabilidad en la crisis de salud, especialmente de los niños con cuadros oncológicos, responsabilizando a las empresas farmacéuticas, a las administraciones pasadas y hasta a los mimos enfermos de orquestar manifestaciones para atacar a la “Cuarta Transformación”.
Por cierto, los padres de niños veracruzanos fueron los pioneros en recurrir a los amparos federales para que los funcionarios entreguen los medicamentos faltantes y cumplan con el deber constitucional de velar por la salud de los ciudadanos. Desde octubre del año pasado, el juez cuarto de Distrito con sede en Boca del Río concedió el primer amparo a la señora Karla Ochoa, madre de un niño con cáncer, contra la violación a su derecho a la salud que cometió la secretaría estatal a cargo de Roberto Ramos Alor.
Dicho funcionario no tiene remedio. Ahora ha ordenado a los hospitales públicos que cobren el tratamiento dado a los niños con cáncer.
Por ejemplo, padres de ellos en el Hospital Regional de Río Blanco denunciaron que la dirección del nosocomio les exige hasta 20 mil pesos -a algunos les han exigido hasta 90 mil pesos- para seguir con las quimioterapias o amenazan con suspenderlas.
Prácticamente los están condenando a la muerte. ¿Podrán dormir tranquilos Ramos Alor y el director del hospital rioblanquense, Álvaro Vázquez Gallardo? Contra esos indolentes van los padres de sesenta niños que están bajo tratamiento oncológico en dicho nosocomio pues anuncian que también recurrirán a los tribunales para obligarlos a respetar el derecho a la salud.
