Las reformas estructurales impulsadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, “alimentaria, educativa, energética, hacendaria y política”, creemos y deseamos sean el parte-aguas de una legítima búsqueda del bien común y la justicia social, en el sentido más amplio de su acepción, pero éstas y otras más, de nada servirán, si no se combate la “corrupción”, madre de la descomposición social, provocada en gran parte por la partidocracia y los grupos de poder político, económico y criminal, los ciudadanos aspiramos a una nueva cultura de oportunidades, transparencia y rendición de cuentas; En materia “política”, especulamos se pretende terminar con la opacidad y el manejo discrecional de los partidos políticos por sus “líderes”, “propietarios” y/o “dirigentes morales”, los recursos públicos invertidos y derrochados sin tener que rendir cuentas, resultan ofensivos a las clases más desprotegidas, que hoy se da la razón con valor, muchos mexicanos padecen hambre, la “justicia intrapartidista”, en todos los “institutos políticos”, es una utopía, una mentira grotesca o cuando menos delirio de los ilusos, pues las decisiones son copulares; la “justicia electoral”, administrada por los Tribunales Locales de los Estados, se sirve a la carta del Gobernante en turno y lo único que genera es burocratismo inútil y gasto público, pues regularmente sus decisiones no son definitivas, ni conclusivas, creándose una cadena de recurso infames, que regularmente termina en el Tribunal Federal Electoral y en algunos casos el Poder Judicial de la Federación, de ahí que coincidamos con la desaparición o trasformación del Instituto Federal Electoral, por otro con mayor autonomía, libertad de gestión y decisión, con el nombre que se le impusiera, debiendo desaparecer los Institutos Locales; Reconocer que la publicidad y los medios masivos de comunicación es el principal factor que incide en la decisión de los electores, es el mayor de los progresos en materia electoral, de ahí que la propuesta presidencial de una adecuación profunda al ordinal 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas se pretende regular los tiempos de transmisión y presencia en los medios masivos de comunicación, así como determinar la nulidad de elecciones, si un partido político adquiere publicidad ilegal, “de cualquier forma”, pudiéndose producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos fuera de los supuestos previstos en la ley, será un freno no sólo a los partidos, pues alcanzará tanto a los contratantes, como a las empresas de comunicación masiva, llámese periódicos, revistas, radio y televisión, a las que se les podrá imputar la misma responsabilidad judicial en caso de incurrirse en tal supuesto, de acuerdo a la iniciativa que el Presidente, presentará al Congreso, la reelección de legisladores hasta por 12 años, como que los Congresos locales estén facultados para establecer la reelección consecutiva de presidente municipal, regidor o síndico, el establecimiento de gobiernos de coalición, que no es otra cosa que jugar en equipo por México, por diferentes fuerzas políticas y certidumbre a los procesos electorales; la participación de la mujer con equidad de género en las candidaturas; que el Instituto Nacional Electoral (INE), sea el encargado del nombramiento de los consejeros electorales de los estados, así como que los magistrados electorales sean nombrados por el Senado; un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las fuerzas políticas, sin poder dejar de lado, que habrá de determinar el papel de las redes sociales y su uso.
