CDMX.- Las diferencias diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a la justicia internacional. El Gobierno mexicano denunció ayer que presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, el principal Órgano Judicial de Naciones Unidas, para que se garantice la seguridad en su Embajada en La Paz.
El personal diplomático mexicano asegura que ha sufrido intimidaciones y acoso desde que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio asilo al expresidente Evo Morales en noviembre y que las presiones han aumentado después de que México decidiera asilar en su delegación en la capital boliviana a nueve funcionarios leales a Morales. La Paz considera que las acusaciones son falsas y que México no tiene pruebas.
“Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo, y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra Embajada, en la embajada de México en Bolivia; eso no lo hizo ni Pinochet”, dijo ayer el presidente López Obrador. México denuncia que el acoso comenzó el 11 de noviembre, mientras se hacían las gestiones para llevar a Morales a territorio mexicano.
Los funcionarios mexicanos denunciaron que había hombres fuertemente armados en los alrededores de la Embajada, que se seguía a los vehículos oficiales y se increpaba constantemente a la embajadora, Teresa Mercado. El propio Morales, asilado en Argentina desde principios de diciembre, dijo que se estaban utilizando drones para espiar a los diplomáticos mexicanos y a sus exfuncionarios.
Karen Longaric, la canciller boliviana, ha dicho que los exfuncionarios “no son perseguidos políticos” sino que son buscados porque “han cometido delitos comunes”.
En la víspera de Nochebuena, las presiones empeoraron. Hasta 150 policías y miembros del Ministerio del Interior vigilaron las instalaciones. El Gobierno de Áñez descartó que se tratara de acoso y dijo que se estaba brindando “protección” a los representantes mexicanos. La mayor preocupación de México es una incursión por la fuerza a la Embajada para detener a los nueve funcionarios, han dicho fuentes diplomáticas.
El Gobierno ya ha otorgado el asilo a los nueve exfuncionarios, pero la Administración de Áñez no ha dado los salvoconductos para que estos abandonen Bolivia y ha emitido órdenes de detención para cinco de ellos.
