Xalapa.- Una auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del País adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de ilícitos como feminicidio o extorsión.
La presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría esta semana pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública.
Hace unos días, los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia información de incidencia delictiva separada de la que maneja el Sesnsp.
Esto con el argumento de que son ellos los dueños de esa información y que hay que presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía.
La auditoría que realizó el Gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).
Su objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que publica periódicamente el Sesnsp, a partir de los datos que aportan las procuradurías, hoy fiscalías estatales.
Entre los hallazgos destaca, por ejemplo, el grave subregistro (en algunos estados premeditados) de asesinatos de mujeres que tienen rasgos claros de posibles feminicidios desde un inicio, pero que son clasificados como homicidios dolosos. Ello provoca que los datos de Carpetas de Investigación sobre feminicidio que se conocen actualmente no sean, ni de cerca, un parámetro real del fenómeno.
También se detectaron subregistros alarmantes en casos de posibles extorsiones que son denunciadas por las víctimas pero que las agencias del Ministerio Público clasifican con otro delito menos grave, como. por ejemplo, amenazas.
