Una más. Otra que se va a la lista de reformas aprobadas y que, una vez promulgadas, forman ese grupo de cambios constitucionales a los que se les deberá seguir la pista para entonces avalarse y legitimarse de la única forma posible: dando resultados (o una vez comprobado que no necesariamente da los que se esperaban, realicen un nuevo acto de ingeniería electoral para cambiar, nuevamente, las reglas del juego).
La reforma político-electoral promulgada, está integrada por 56 iniciativas que llegaron de todos los grupos parlamentarios, es también otro de esos pendientes que no habían podido generar acuerdo, pero finalmente se hablará ya en serio de la transformación del IFE para así la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Serán la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública quienes se encargarán de vigilar el proceso de formación e integración de este nuevo instituto. Cualquier organismo público local electoral contará con un órgano de dirección integrado por un consejero presidente y seis electorales. Tendremos también senadores hasta por dos periodos y diputados a nivel federal que podrían quedarse en su curul hasta cuatro periodos a partir de 2018. A nivel local, también las reelecciones serán una realidad para diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos, pero ellos nada más por un periodo extra. Al menos.
Recordemos que hace unas semanas, cuando a finales de noviembre se discutía en el Congreso la posibilidad de la reelección legislativa, decíamos: “Podrían crear una suerte de cacicazgos legislativos: quedarse ahí tanto tiempo y trabajar a favor de sus respectivos grupos políticos. Y con el esquema como está, ya legislan a favor propio -como sucede con esta propuesta- lo que no harían teniendo garantizados hasta 12 años de curul…”, y éste seguirá siendo un punto importante, al que se le tendrán que poner todos los reflectores posibles, para que se haga de nuestro sistema democrático tierra dispuesta a la permanencia y que no genere consecuencias en su propio perjuicio.
Los grupos con aspiraciones a convertirse en partido político, deberán esforzarse más a la hora de sus pininos, pues ya deberán alcanzar 3% del total de la votación general de una elección para la conservación de su registro y, por supuesto, su acceso a los recursos que les corresponderían. Otro de los cambios fuertes es la transformación de la PGR para entonces ser la Fiscalía General de la República, una dependencia que ahora tendrá total autonomía. Lo mismo sucederá con el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social (Coneval).
También establece que al rebasar 5% del límite para gastos de campaña, esto puede ser tomado como elemento para lograr la nulidad de una elección federal o local. Ya no será el primer domingo de julio la elección para Presidente de la República, sino un mes antes, el primer domingo de junio. El resto de las elecciones federales y locales, seguirán realizándose como hasta ahora.
Como decimos al inicio de este texto, ésta es una más de las reformas cuyos resultados ahora penden de la capacidad de ejecución de nuestro sistema político.
