Andrés Timoteo
Columnista
VERDADES O MENTIRAS
El lector -entiéndase: el ciudadano- está obligado a hacer la evaluación de lo que informó el gobernante en turno, Cuitláhuac García, el sábado pasado y que es el contenido del reporte escrito que, un día antes, envió al Poder Legislativo para que sea glosado por los diputados. Tras el cotejo con la realidad, la última palabra es de los ciudadanos quienes tienen el deber democrático de calificar los once meses de la Administración estatal.
No es algo a contentillo ni de voluntarismo, el balance debe ser permanente y con énfasis en los ciclos legalmente establecidos como son los informes anuales porque el ciudadano de a pie es el beneficiado o perjudicado con lo que se haga en la cosa pública. Para ayudar a lo anterior, acá una sinopsis de dichos, hechos, asistencias, ausencias, omisiones, epítetos y su respectivo contexto político en el informe gubernamental.
Los ausentes. Los más notorios no fueron los gobernadores invitados que desairaron la convocatoria sino las personas desaparecidas. Ni una sola palabra para ellas pese a que hace un año, el primero de diciembre, inmediatamente después de rendir protesta como mandatario estatal emitió la “Declaratoria Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas”. Once meses después solo se tuvo la redundancia pues los desaparecidos desaparecieron del discurso oficial.
Omitidos también las 200 mujeres asesinadas, los 23 fallecidos por dengue, los tres menores de edad muertos por cáncer a causa del desabasto de medicamentos y equipo hospitalario, los enfermos renales, los pacientes con VIH/Sida, las mujeres ultrajadas sexualmente, los secuestrados, los extorsionados y los miles de asesinados.
El Gobernante solo mencionó a tres víctimas de la violencia, dos por su nombre y una por referencia. Del último caso indicó que con la detención de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, María Angélica Méndez Margarito, el viernes pasado se resolvió el crimen de su sucesora, Maricela Vallejo. Sobre el periodista Celestino Ruiz, victimado el 4 de agosto en Actopan, dijo: “del primero (muerto) en mi gobierno, el asesino ya está en la cárcel, se hizo justicia”. Nada sobre el acumulado de los otros 24 reporteros victimados y cinco desparecidos.
Por la ‘ejecución’ del diputado y líder cenecista, Juan Carlos Molina, cometida hace una semana, hizo el compromiso de que “se le hará justicia a la familia”. De los 45 muertos en las masacres de Viernes Santo en Minatitlán y del bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos no los mencionó, únicamente dio por resueltos judicialmente los ataques.
Del primero, cometido el 19 de abril aseguró que “se detuvo a todos los presuntos responsables, ya están en la cárcel todos ellos”. Fue todo, son dijo número ni nombres. En el segundo se metió en un embrollo: dijo inicialmente que había un detenido y enseguida de que se aprehendió a “toda la banda que andaba cometiendo este tipo de delitos (incendios contra negocios)” ¿Fue uno o fue la pandilla?, porque uno solo no puede ser banda. Por supuesto, también omitió cifras exactas, nombres y fechas.
Contrario a los reportes federales, García afirmó que el índice delictivo bajó 20.82 por ciento y Veracruz ya no está en los primeros lugares de inseguridad y violencia, sino en el sitio 28 -o sea, entre los cinco más seguros del país-, aunque “hay quien sigue tratando de cerrar los ojos” ante esa estadística. Y agregó que todavía falta evaluar los últimos dos meses -octubre y noviembre- ya sin el oaxaqueño Jorge Winckler como fiscal. En seguridad “tenemos muy, muy buenas noticias”, presumió sin enumerarlas.
