Por: Andrés Timoteo / columnista
Dos muertes marcaron de forma anticipada el primer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García que se realizará el próximo sábado. Una, el asesinato con el sello de la mafia, del diputado local y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Carlos Molina, y la de un adolescente, Rigoberto, que luchaba contra el cáncer y cuyo tratamiento fue interrumpido por la falta de medicamento y de la campana de flujo laminar en el Hospital Regional de Veracruz para preparar los cocteles de quimioterapia.
Son dos mazazos de realidad pura y dura para el ocupante de Palacio de Gobierno y sus subalternos quienes pregonan lo contrario a lo que sucede. Dicen que la incidencia delictiva ha descendido en un tercio respecto a estadísticas anteriores -un 34 por ciento-, que antes, cuando estaba el oaxaqueño Jorge Winckler en la Fiscalía estatal, “sucedían cosas peores” y que en Veracruz ya no hay cabida para la delincuencia.
En el tema sanitario afirman que éste es prioridad para la presente administración y que “por primera vez un Gobierno trabaja por el bienestar de la niñez”, como reza uno de los promocionales del gobernante por el primer informe y en el que aparece cargando un pequeño totonaca con la vestimenta de los Voladores de Papantla. Contradicción total, se presume el bienestar de niñez y por otro lado mueren los infantes por negligencia y desidia en los hospitales públicos.
Los padres de Rigoberto, de 16 años, participaron en las protestas de hace algunas semanas para denunciar la falta de medicamentos y la suspensión de las quimioterapias a pacientes menores de edad. El adolescente falleció el viernes mientras que la ‘ejecución’ de Molina Palacios fue el sábado.
Más allá de los claroscuros en la vida pública y privada de este diputado, ligado siempre a la fidelidad y a cosas poco decentes, su muerte impacta a la esfera política porque refrenda el clima de inseguridad y porque la violencia imparable ahora tocó a un integrante de la nomenclatura cercana al poder. Este golpazo de realidad es también una caladura para la encargada de la Fiscalía estatal, Verónica Hernández -aunque más bien para el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros quien es el que manda en esa institución- que deberá investigar el crimen y dar con los responsables.
La posición del Gobierno estatal ante el hecho ha sido, hasta el momento, huidiza y de lugares comunes. El gobernante en turno grabó un video de retórica sin ofrecer nada técnico que hiciera serio su mensaje como serán las líneas de investigación, pistas, antecedentes, informes forenses, lo que se esperaría de una intervención mediática para dar certeza a los deudos y a la opinión pública.
Hay también dos paralelismos en este asunto. Una, en agosto del 2011, a un año de su gobierno, Javier Duarte aseguraba que el crimen no tendría carta de naturalización en Veracruz, que no se iba a encubrir a nadie sobre todo si eran funcionarios públicos y que el estado no sería “tierra fértil” para la delincuencia, que “se castigará con todo el peso de la ley” a los malhechores “que roben tranquilidad y dañen la convivencia”. Habrá justicia, castigos ejemplares y seguridad para la población, arengaba.
También a un año de su administración, García Jiménez dijo esto la tarde del sábado: “se equivocan quienes atentan contra la vida de las personas y creen que estos actos quedarán impunes. Que les quede claro a los delincuentes: en Veracruz ya no hay quien los encubra y como en otros hechos se dará con los culpables y se hará justicia”. Una de dos, el asesor que escribió el mensaje de Duarte en el 2011 es el mismo que hizo el discurso de García o es una coincidencia, aunque en política las casualidades no existen.
Otro paralelismo es la fecha del homicidio de Molina Palacios, el 9 de noviembre, pues ese mismo día, pero del 2018, otros sicarios mataron a la hija de la diputada morenista Carmen Medel en Ciudad Mendoza, también en las vísperas del segundo informe del panista Miguel Ángel Yunes. O sea, otro crimen que tocaba a personalidades cercanas al poder. En aquella ocasión, la legisladora Medel exclamó en San Lázaro al enterarse del crimen: ¡Maldito Yunes!, ¿qué estarán diciendo los familiares de Molina Palacios?
La curul que deja vacante el legislador asesinado será ocupada por el exalcalde de Tenampa, Antonio García Reyes, suplente en la formula electoral. García Reyes es también secretario regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y tampoco es ajeno a la tragedia pues en enero del año pasado su hijo, Cesar Antonio García Cosquilla, excandidato de la alianza PRI-PVEM a la misma municipalidad, fue ‘ejecutado’ en Monte Blanco, perteneciente a Fortín de las Flores.
“A mi hijo lo ejecutaron, no fue un crimen por un asalto”, dijo el mismo líder cenecista a la prensa, en referencia a la versión oficial de que su vástago había sufrido el robo de su automóvil y el atracó terminó en una muerte no prevista. Lo que son las cosas, la tragedia del sábado hará que la zona Centro tenga un diputado local más para sumar ocho en total.
