CDMX.- Los partidos representados en las legislaturas 62 y 63 de la Cámara de Diputados dispusieron de cinco mil 94 millones de pesos por concepto de subvenciones ordinarias, los cuales fueron ejercidos con opacidad, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con un informe de la dependencia, esos recursos no fueron comprobados por los grupos parlamentarios y algunos de ellos fueron beneficiarios de la discrecionalidad en la entrega por parte del Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Explicó que en la 62 Legislatura (2012-2015), por concepto de subvenciones ordinarias el PRI recibió mil 130 millones de pesos, PAN 622 millones, PRD 546, el Partido Verde 178, Movimiento Ciudadano 127, el PT 102 y Morena 93.
En la siguiente Legislatura, la número 63 (2015-2018), al PRI le fueron entregados 735 millones de pesos, al PAN 587, al PRD 217, al Verde 246, a Movimiento Ciudadano 144 millones y a Morena 242.
Todos los partidos recibieron apoyos o subvenciones extraordinarias millonarias que van desde los 40 a los 211 millones de pesos en la Legislatura 62, y de cinco a 31 millones en la Legislatura 63.
Dichos montos son independientes de los salarios y prestaciones de los trabajadores y legisladores de cada partido, precisó la publicación de ayer, en la que se documentó “la opacidad que imperó en las legislaturas 62 y 63 de la Cámara de Diputados”.
Las subvenciones las concede a su libre albedrío la Jucopo a través del Comité de Administración, y que las coordinaciones de las bancadas estarían obligadas a presentar un informe de su uso y destino.
De acuerdo con el reporte, la ASF identificó que durante la 62 y 63 legislaturas los montos correspondientes a las subvenciones ordinarias fijas no fueron de carácter general ni idéntica para todos los grupos parlamentarios.
Además, los montos asignados y erogados fueron reportados en los Informes de Gestión, pero con obstáculos y deficiencias que no permiten una rendición de cuentas.
Existen, según la publicación, 90 informes de auditoría en los que se identificaron deficiencias en la comprobación del gasto y en el control interno, así como incongruencias sobre aplicación y destino de recursos y manuales de políticas.
