Por: Andrés Timoteo / columnista
ESCUADRONES DE LA MUERTE
“Se comprobó, que la complicidad que se sospechó por años entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, dirigida por Arturo Bermúdez con la delincuencia organizada. El caso de Marco Conde Hernández es muestra de ello. Originalmente se trataba de un comandante de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río disuelta en 2011, tras confirmarse que estaba totalmente infiltrada por Los Zetas.
Pese a las sospechas de corrupción que pendían sobre él, Conde nunca fue investigado. En cambio, se le reclutó en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde comenzó a acumular rápidamente un historial de denuncias y acusaciones. Este récord ocasionó que fuera cambiado de sitio de forma constante hasta que llegó al municipio de La Antigua, con cabecera en la ciudad de José Cardel.
Ahí, literalmente Conde sembró el terror. Más de 20 denuncias señalan que una patrulla, con decenas de elementos al mando de Conde Hernández hacía recorridos nocturnos que no tenían otro fin que la detención ilegal de personas y su consecuente desaparición. Este convoy del terror llegó incluso a desaparecer a ocho policías municipales en la localidad de Úrsulo Galván, quienes fueron sustraídos de sus casas en enero del 2013.
El caso nunca fue esclarecido. En total, durante el tiempo que Conde estuvo en la región se reportó la desaparición de más de 30 jóvenes. ¿Qué hizo el gobierno de Duarte o su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, para remediar esta situación? Cambiar a Conde de región y listo”.
El periodista Arturo Ángel, que habla sobre la desaparición forzada de ocho elementos policíacos en Úrsulo Galván operada por Marcos Conde, también responsable de la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca y que era un mando allegado a Bermúdez Zurita.
La táctica de operación para desaparecer gente, fueran policías o civiles, era la misma, ‘escuadrones de la muerte’ que recorrían las calles, carreteras y veredas que formalmente se llamaba “Grupo Tajín” o “Los Fieles” integrado por agentes de la SSPE y al mando de personajes como Conde Hernández.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno veracruzano por la desaparición forzada de los ocho policías galvanenses que es extensiva a la Fiscalía General de Justicia para que enderece las pesquisas sobre los responsables de ese delito de lesa humanidad, léase Conde, Bermúdez y Duarte. ¿Lo hará? Por supuesto que no. Solo que pase sobre el cadáver de los morenistas que pactaron con el exgobernador.
Al gobernante estatal en funciones, la CNDH le instruye efectuar la indemnización a las víctimas e inscribirlas en el Registro Nacional, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad en el caso.
Lo difícil es salvar el brete porque en marzo pasado el gobernante estatal también ofreció disculpas institucionales a los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, también por Conde Hernández y la policía de Bermúdez, mientras que por otro lado se arropaba al exsecretario de Seguridad Pública, liberado apenas unos días después de que comenzó el sexenio.
Es más, Bermúdez Zurita fue usado como ariete contra el fiscal, Jorge Winckler cuando trataban de removerlo a través de juicios políticos. La terca memoria: no olviden que Bermúdez fue recibido en el Congreso Local por diputados morenistas como un héroe cuando fue a interponer la denuncia contra Winckler. Entonces, ¿alguien cree que las autoridades estatales lo indagarán y castigarán por la desaparición forzada de los policías de Úrsulo Galván?
No obstante, lo trascendental de la recomendación de la CNDH es que confirma que Arturo Bermúdez tiene responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas y apuntala las carpetas de investigación que en la FGE se abrieron contra el. Además, complica los intentos de estos pillos para negar lo que hicieron y las intenciones estatales para darles impunidad. Por eso dicha recomendación es un ramalazo a los pactistas que pretenden convertir a los exfuncionarios en prístinas personas. No lo son, son genocidas.
EL TRIÁNGULO DE LOS BERMÚDEZ
Pero no solo Úrsulo Galván y Tierra Blanca sufrieron el terror de los ‘escuadrones de la muerte’ integrados por la policía estatal, sino también la zona Centro donde hubo redadas para desaparecer gente. Desde hace seis años se esfumaron de la faz de la tierra 26 personas, la mayoría jóvenes, que fueron detenidas por patrullas de la SSPE en Atoyac y Paso del Macho.
El 2 de agosto de 2013, una decena de patrullas – tres fueron identificadas con los números 0812, 1420 y 1154- ingresaron al poblado de Potrero Nuevo y extrajeron de sus domicilios y de un bar a 25 jóvenes y una mujer de 80 años identificada como Carmen Arias. A golpes, los policías subieron a los detenidos a las patrullas, pero no los pusieron a disposición del Ministerio Público. Es más, nunca más se les volvió a ver.
Obviamente, con el paso del tiempo y la experiencia en otros lugares, se deduce que los policías de Bermúdez Zurita fungieron como ‘brazo ejecutor’ de las células delictivas y al igual que sucedió en Tierra Blanca con los cinco jóvenes desaparecidos, las 26 personas de Atoyac y Paso del Macho fueron entregadas a una banda delictiva que los habría asesinado. Seguramente los restos de los infortunados terminaron en una fosa común o carbonizados en algún narco-rancho.
A la zona Centro del Estado se le llegó a conocer como “El triángulo de los Bermúdez”, una combinación de la famosa zona marítima del Caribe, Las Bermudas, donde de acuerdo con la leyenda urbana suceden extrañas desapariciones de barcos, aviones y personas, y del apellido del exsecretario de Seguridad Pública porque a los policías estatales también les llamaban “los Bermúdez”. Así, el corredor central de la entidad también fue escenario del exterminio con ‘escuadrones de la muerte’
