CDMX.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad investiga si el dinero que desviaron exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de la pasada Administración fue a parar a las campañas electorales de 2018. El pasado lunes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que el desfalco al erario puede superar los 150 millones de pesos.
Con la detención de Hedilberto Chávez, exsubsecretario de Egresos, se determinó que el daño se hizo a trabajadores del Gobierno, pues los 48 millones de pesos que posiblemente desviaron correspondían al pago de la pensión alimenticia que no se entregó en las quincenas febrero y marzo del año pasado. Al respecto, el exmandatario capitalino, Miguel Mancera, afirmó estar dispuesto a comparecer ante las autoridades cuando lo requieran.
Además, rechazó que Chávez haya sido una persona cercana a él. Durante la Audiencia de Control, el Ministerio Público explicó la forma en que desviaron los recursos de los trabajadores y mencionaron que en mayo del año pasado llegó a las oficinas de la Secretaría de Finanzas una camioneta de la empresa de traslado de valores Cometra, con el dinero en efectivo que, aseguraron, entregaron a Chávez y dos personas más. Del monto no se tiene rastro. Fuentes de la Procuraduría comentaron que otro empleado de Finanzas le entregó los paquetes con el efectivo a un funcionario de primer nivel, aparentemente para “financiar actos de campaña”; el nombre del funcionario no se ha revelado, pues quien entregó el dinero está prófugo y la dependencia investigadora ha mantenido en sigilo la indagatoria, pues el objetivo es robustecer las Carpetas de Investigación para evitar que los responsables evadan la justicia.
Sobre las posibles operaciones fraudulentas, Sheinbaum destacó que hasta el momento se han cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión contra servidores públicos de la Administración capitalina anterior; además de que la Contraloría General de la Ciudad mantiene abiertas investigaciones contra más exfuncionarios de Finanzas. También comentó que el daño al erario podría superar los 150 mdp y que la investigación no tiene nada que ver con un tema político, sino de manejo de recursos.
