CDMX.- Consejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdova y Benito Nacif, jueces, magistrados, trabajadores del Banco de México y hasta de la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) que les impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente López Obrador.
En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa Ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.
Los amparos fueron promovidos contra esa Ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.
El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente.
Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo Federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.
En mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar todas las suspensiones derivadas de la “discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones” en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
Con el acuerdo, el CJF busca que ambos juzgados federales, “alivien la carga de trabajo” a los jueces en donde se originen los amparos y emitan sentencias más rápidas.
En el análisis de la impugnación de esa Ley, la Corte concluyó que el Congreso de la Unión deberá legislar sobre el parámetro con el que se establece el salario del Presidente, debido a que es un tema delicado al implicar recursos públicos.
