Además de las golpizas, ella fue acusada ante las autoridades de homicidio en grado de parentesco.
Otra de esas historias de injusticia. Las leyes, herramientas creadas para funcionar en favor de los ciudadanos y que a veces se vuelven en su contra. Tantos ejemplos de cómo nuestro sistema judicial está tan caduco, malentendido y al mismo tiempo aprovechado por ello. Hace un año vimos salir libre a Florence Cassez; y ella uno de los últimos ejemplos de cómo las leyes, cuando se les sabe sacar ventaja, obran a favor de quien mejor las entienda.
Adriana Manzanares tenía 20 años, estaba embarazada y a los ocho meses sufrió un aborto. Éste fue consecuencia de varias agresiones de las que fue objeto. Su esposo se enteró que sostenía una relación extra marital. La golpeó. Su padre se enteró de lo mismo. También la golpeó. La comunidad donde vivía en aquel entonces -Camalote, del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero-, al enterarse del hecho, también la atacó, ellos le aventaron piedras. Le fue imposible terminar su embarazo y tuvo que expulsar el feto al que sólo le faltaba un mes para nacer.
Además de las golpizas, Adriana fue acusada ante las autoridades de homicidio en grado de parentesco. La fiscalía argumentó que no fue un aborto, sino un claro asesinato, pues el “bebé” respiraba al nacer. Para confirmar esto, utilizaron una prueba poco utilizada llamada docimasia pulmonar, que para el caso ni siquiera tiene validez dentro de la comunidad médica. ¿Y por qué entonces fue sentenciada? Pues porque a Adriana se le violaron todos sus derechos como procesada. No habla español y no tuvo derecho a un intérprete. En esos casos, la fiscalía tiene todas las ventajas para poder ganar el caso y lo consiguió. La joven de 20 años fue sentenciada a 27 años de cárcel. La defensa logró después una reducción de condena, pero sólo de cinco años, por lo que quedó en 22.
El miércoles, así como lo vimos hace un año con Florence Cassez (perdone usted la referencia, pero aunque sabemos hay aquí diferencias abismales entre la francesa y Adriana, para empezar la certeza de la inocencia de la segunda; vale la pena hacerla), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de la joven guerrerense. Tuvo que pasar siete años en prisión, de los cuales, los últimos dos fueron de revisión y contó con el apoyo de la Clínica de Interés Público del CIDE y de el Centro Las Libres de Guanajuato.
La Corte decidió que el proceso que se le siguió a Adriana estuvo totalmente viciado. Sí, pasaron dos años desde que el proyecto llegó a sus manos -de la SCJN- y siete en total dentro de prisión, pero en la tarde del miércoles, cuando la joven recuperaba su libertad, fue el inicio de una nueva vida que, espera, como lo hacemos todos, esté más llena de justicia que de actos tan abominables como los que sufrió. No regresará, según, a la comunidad que la trató de criminal. Y no puede haber mejor decisión.
La de la SCJN fue otra que celebramos, porque vemos entonces, cómo la ley sí puede ser entendida e ir en beneficio directo de la sociedad que no debería jamás ser señalada como culpable.
