Reporteros sin Fronteras pide que una comisión parlamentaria se haga cargo del escándalo provocado por el espionaje que sufrió Diario Extra. La dirección del diario y sus empleados responsabilizan de estas maniobras al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público. En una conferencia de prensa realizada el 20 de enero de 2014 la redacción reveló que fueron rastreadas las llamadas telefónicas de sus periodistas -tanto profesionales como privadas- durante diez meses.
“Este caso recuerda mucho el escándalo generado por el espionaje que padeció The Associated Press (AP) en Estados Unidos. Estas maniobras, que constituyen violaciones a un pilar de la profesión, como lo es la protección de fuentes, perjudican la seguridad y la labor de los periodistas. Además, afectan la capacidad de los medios de comunicación de ejercer su papel de contrapoder. Tras la adopción, incluso enmendada, de la muy polémica Ley de Delitos Informáticos, la libertad de información padece otro grave revés en un país donde ésta posee un nivel más bien envidiable”, señaló Reporteros sin Fronteras.
“En la medida en que el escándalo parece implicar a las altas esferas del poder, corresponde al Congreso, en un esfuerzo conjunto con toda la clase política, reconstituir los hechos y deslindar responsabilidades. Los resultados de la investigación deben ser de conocimiento público”, agregó la organización.
La subdirectora del diario, Patricia Hernández, denunció prácticas propias “de los regímenes autoritarios” y afirmó que el objetivo de las autoridades era descubrir la identidad de funcionarios que han sido su fuente de información. La redacción de Diario Extra también reveló que agentes del OIJ recurrían a llamadas telefónicas amenazantes, que hacían a los informantes durante sus citas con periodistas. El diario cuenta recurrir a las instancias interamericanas.
Según el subdirector del OIJ, Gerald Campos, el organismo habría obtenido autorización de un juez para investigar a una funcionaria de este organismo, que se sospechaban reveló información delicada sobre un secuestro. El delito de divulgación de información confidencial es sancionado por el artículo 332 bis del Código Penal.
En mayo de 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció públicamente haber obtenido un año antes los registros de 20 líneas telefónicas de la agencia internacional AP y de algunos de sus periodistas. El caso relanzó oficialmente el debate sobre la protección de fuentes a escala federal en medio de una situación de caza a los informadores y a los informantes.
