Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México como parte de las medidas de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump se aprestan a demandar al gobierno federal. Varias de ellas dicen que sus hijos sufrieron abuso sexual, físico o emocional mientras estaban bajo cuidado tutelar pagado con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por The Associated Press —algunas de las cuales no habían tomado estado público hasta el momento— revela que los contribuyentes podrían tener que pagar más de 200 millones de dólares como indemnización. En los últimos años, más de 3 mil niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera y se prevén muchas demandas más, que podrían sumar miles de millones de dólares.
Las familias —algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos— están representadas por organizaciones no gubernamentales y otros grupos, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. La FTCA permite a individuos que sufren daños provocados por intervención directa de empleados federales demandar al gobierno.
