México requiere desarrollar capacidades estatales que le permitan desde castigar a todo gobernante o ciudadano prominente que viola la ley, hasta enfrentar la crisis de seguridad que se vive en varias entidades. Pero se debe hacer a la par de asegurarse que ese poder no se ha usado arbitrariamente.
“En una República es de gran importancia no sólo salvaguardar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad contra las injusticias de la otra parte”. Con ese fin diseñaron la Constitución de Estados Unidos quienes la redactaron. En México estamos lejos de haber alcanzado ese objetivo. Quienes tienen poder político o económico suelen salirse con la suya cuando atropellan la ley o los derechos de terceros más débiles.
México requiere desarrollar capacidades estatales que le permitan desde castigar a todo gobernante o ciudadano prominente que viola la ley, hasta enfrentar la crisis de seguridad que se vive en varias entidades. Pero se debe hacer a la par de asegurarse que ese poder no sea usado arbitrariamente.
En el viejo régimen priista, el Ejecutivo respetaba a quienes conformaban su coalición política, incluso si violaban la ley, siempre y cuando le fueran leales. Sin embargo, tenía un amplio poder discrecional para castigar a sus enemigos y detractores. La democratización dispersó el poder del gobierno federal ya que éste no estaba debidamente institucionalizado y los gobiernos panistas no supieron usar bien los instrumentos jurídicos y políticos que sí tenían.
En los meses previos a la elección presidencial de 2012, muchos pensaban que el triunfo del PRI iba a ser aplastante y que traería de regreso las viejas formas de control del priismo. Sin embargo, lejos de lo que decían las encuestas, Peña Nieto ganó con sólo 38% del voto, y aunque el PRI está sobrerrepresentado en ambas Cámaras, no tiene los votos para imponer una agenda de gobierno, menos cuando ésta implica modificar la Constitución. Por ello, el nuevo Presidente optó por el Pacto por México.
Las reformas estructurales propuestas por el gobierno fueron condicionadas por la oposición a cambios que limitan el poder de la Presidencia. Por eso se crearon tres nuevas instituciones constitucionalmente autónomas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). También se fortaleció y dotó de autonomía al IFAI, el cual podrá intervenir en asuntos de los gobiernos locales y abrir la información, hasta ahora cerrada, de entidades como sindicatos y entes autónomos. Estas nuevas instituciones buscan regular a los actores poderosos desde órganos del Estado donde el Ejecutivo no tenga la posibilidad de negociar con ellos.
Con esa misma lógica se creó una fiscalía autónoma, en sustitución de la PGR, y dos fiscalías especiales (delitos electorales y anticorrupción). Si bien sus titulares pueden ser despedidos por el Presidente, su nombramiento pasa por el Senado. También se hizo una reforma electoral que le dará al sucesor del IFE, el Instituto Nacional de Elecciones (INE), instrumentos para evitar la captura de órganos electorales estatales por parte de los gobernadores, más controles en el gasto de los partidos y sanciones a quien erogue en un proceso electoral más de lo permitido, incluyendo hasta la cancelación de la elección en cuestión. La nueva ley promoverá la pluralidad en las entidades al obligar que la distribución de curules no se aleje en más de ocho puntos porcentuales a los resultados electorales. Hoy en Coahuila el PAN, que obtuvo 33.76% de los votos en la elección local de 2011, tienen 8% de los diputados.
La capacidad política del gobierno de Peña Nieto para negociar y aprobar reformas ha sido notable. La disciplina priista permitió reformas que afectan a miembros de la coalición priista, desde los sindicatos (IFAI), empresarios dominantes (IFT y CFC) y gobiernos locales (INE, IFAI y Ley General de Contabilidad Gubernamental).
El 2013 fue un año mucho más transformador de lo que se reconoce. Ya no tendrán argumentos quienes pensaban que habría que darle mayorías legislativas artificiales a quien ganara la Presidencia. El Pacto mostró que esto no es necesario.
Sin embargo, el gobierno descuidó la seguridad pública, razón por la cual han tenido que, sorpresivamente, intervenir con las fuerzas federales en Michoacán. Esto puede poner en riesgo los avances de 2013. Con todo, en 2014 tenemos que aprovechar como país la oportunidad de avanzar en la construcción de un Estado con instrumentos para enfrentar a los poderosos, pero con pesos y contrapesos para limitar los abusos del propio gobierno.
La responsabilidad mayor es del Ejecutivo. Debe hacer que funcionen mejor las instituciones a su cargo, aterrizar bien las innumerables reformas aprobadas, evitar la tentación de sacar las leyes secundarias sin negociarlas con uno o dos de los partidos grandes de oposición y usar los nuevos recursos jurídicos (por ejemplo en materia tributaria) con el sentido en que fueron diseñadas.
Una buena parte de la responsabilidad recae en los nuevos órganos autónomos. Requieren claridad en los objetivos que deben perseguir y mostrar pronto que cuentan con voluntad para afectar a quienes tienen poder, ser cuidadosos con el uso de los recursos fiscales a su cargo, escrupulosos con los conflictos de intereses y prudentes en la relación entre los miembros de sus respectivos consejos para no desgastarse en pleitos internos.
Si todos hacen su parte, avanzaremos en la construcción de un Estado con fuerza, pero con pesos y contrapesos. Sin embargo, quedan muchos temas pendientes y aterrizar bien estas reformas tomará el resto del sexenio.
