Por Andrés Timoteo / columnista
TESTIGO INÉDITO
Una noticia amable para cerrar la semana: Costa Rica es el mejor País para los perros y las mascotas en general porque tiene una de las leyes más avanzadas del mundo en cuanto a la protección de los llamados derechos de cuarta generación, en este caso de los animales. Por vez primera en esa Nación y en toda Latinoamérica hay un juicio para castigar malos tratos a un perrito que le dio su dueña.
El can se llama “Campeón” y el martes pasado acudió a un juzgado de la ciudad de Atenas, a media hora de San José, la capital, en calidad de “testigo” y “víctima” en el enjuiciamiento a su expropietaria quien podría alcanzar una condena de entre 3 meses y dos años de prisión por los delitos de maltrato y desnutrición de un animal doméstico bajo su cuidado.
Obviamente para llegar al juicio se necesitó la intervención de los humanos y fue el propio hermano de la dueña del perrito quien en el 2017 denunció ante la organización civil “Fundación Ateniense de Ayuda a Animales Abandonados” que su pariente tenía una mascota en situación de abandono y maltrato. El perro, en ese entonces de seis meses de edad, estaba atado con una cuerda que le había provocado lesiones en el cuello pues se le hundió en la carne provocándole llagas abiertas.
Además, estaba desnutrido y con parásitos, y permanecía a la intemperie día y noche. Gracias a la denuncia del hermano de la propietaria fue rescatado por los activistas y dado en adopción. Su adoptadora presentó en enero del 2018 una denuncia penal contra la primera propietaria y ésta fue llevada a juicio esta semana. La primera audiencia se realizó el martes pasado y se espera que hoy viernes en la segunda sesión se dicte sentencia.
En el desahogo de pruebas declararon los veterinarios que atendieron a “Campeón”, para dar fe que las lesiones tardaron más de veinte días en sanar, y también expertos en comportamiento animal -una especie de psicólogos para mascotas- que informaron sobre las secuelas de ese maltrato. Por ejemplo, el perro no soporta los collares ni las cuerdas en su cuerpo, solo acepta arneses gruesos colocados lejos del cuello.
De igual forma, algunos vecinos del domicilio donde estaba el perro maltratado acudieron a dar testimonio en el juicio. Es decir, todo un proceso judicial bien llevado para castigar el acto de crueldad contra una mascota. Desde el 12 de junio del 2017 en Costa Rica entró en vigor la Ley del Bienestar de los Animales o Ley 7451 que reconoce el estatus de víctima a las mascotas sean perros, gatos, aves u otros mamíferos no salvajes.
El pliego castiga el maltrato, el abandono, su abuso sexual, su utilización para espectáculos de peleas y la vivisección que es la disección de un animal en vida como tortura o incluso para realizar estudios científicos. Por estos delitos se puede dictar condenas de hasta dos años de prisión, además de multas a guisa de indemnizaciones para costear la recuperación física del animal maltratado. Y hay un apartado que también penaliza la domesticación indebida de fauna salvaje que también es un tipo de maltrato.
¿Cuándo se llegará a algo así en México y en Veracruz? Hay que decirlo, en la entidad hay dos casos incipientes en cuanto a la procuración de justicia para los animales. Uno es la sentencia de dos años y medio y una multa de 40 mil pesos que un juez en Papantla dictó contra un tipo que mató a su perro a machetazos en Papantla en junio del 2018 y otro es un proceso abierto en mayo pasado contra otro individuo por ahorcar a su perro en la colonia Miguel Hidalgo en el puerto de Veracruz.
Pero son casos todavía aislados que la opinión pública los ve como piezas de curiosidad y no como normalidad jurídica. La Ley de Protección Animal del estado vigente desde el 2010 -siete años antes que en Costa Rica- sigue inaplicable en la mayoría de los casos de maltrato de los animales y el ejemplo más vergonzante son los encierros taurinos de Tlacotalpan, Xico y Teocelo.
LA BESTIA DE GUATEMALA
Hablando de bestias, procesos judiciales y países vecinos, por fin casi año y medio después de que fue extraditado el exgobernador Javier Duarte el gobierno federal solicitó a Guatemala que amplíe el catalogo de delitos que contempla el acuerdo de extradición para juzgarlo por desaparición forzada de personas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al Gobierno guatemalteco la petición formal para hacer una excepción al llamado “principio de especialidad”, un concepto jurídico que establece que a un reo extraditado solo se le puede juzgar en su País de origen por los delitos por los que se giró la orden de captura vigente en el momento de la repatriación. En el caso de Duarte, los delitos que contiene su convenio de extradición fueron lavado de dinero y asociación delictuosa.
Para que la justicia mexicana pueda juzgar a Duarte por otros ilícitos necesita que le gobierno de Guatemala aprueba incluir las nuevas acusaciones en la autorización de extradición y en esta etapa se está. Desde junio del 2018, un juez de Veracruz emitió una orden de aprehensión contra Duarte de Ochoa por su participación en al menos dos casos de desaparición forzada de personas.
Uno fue en el 2013 cuando trece jóvenes desaparecieron tras ser detenidos en retenes policiacos y el otro fue en el 2018 cuando ordenó ocultar 19 cadáveres localizados en la fosa clandestina de Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. Varias de las víctimas eran policías estatales secuestrados, torturados y asesinados por sus mismos compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública.
En su permiso que le dio la “Cuarta Transformación” para hablar con la prensa acusando que todo su proceso judicial fue un montaje y develar enjugues con funcionarios del sexenio anterior, el exgobernador también ha minimizado el proceso judicial por desaparición forzada de personas y hasta presume que se librará del mismo. Sin embargo, en junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal le negó un amparo que tramitó a fin de evitar la orden de captura.
Es decir, si el gobierno de Guatemala aprueba ampliar el catalogo de delitos contra Duarte de Ochoa, este no podrá evadirse de que se ejecute la orden de aprehensión y, en su caso, que lo atrape la policía ministerial si llega a salir -como él mismo lo ha anticipado- del Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde se encuentra actualmente. Esa es otra buena nueva de la semana: la bestia traída de Guatemala todavía no tiene la jaula abierta.
