Por Andrés Timoteo / columnista
MIXTLAZO EN PUERTA
La maniobra despierta sospechas desde todos los ángulos. El Gobierno estatal solicitó al Poder Legislativo que decrete la disolución del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano y nombre un Concejo Municipal, es decir a un Cabildo -Presidente, Síndico y regidores- no electo en las urnas, sino seleccionado por el Congreso Local. De prosperar la solicitud sería el primer caso de la desaparición de poderes en un municipio en el presente sexenio estatal.
El Ayuntamiento mixtleco es administrado desde hace dos meses por una persona ajena a la voluntad popular ya que tras el asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo, el 24 de abril, se nombró al síndico Ricardo Pérez Marcos como munícipe interino y el pasado 6 de junio, se convocó a Margarita Montalvo Acahua, suplente de Vallejo, para asumir el cargo de edil sustituto. Es decir, la señora Montalvo deberá concluir el periodo constitucional de cuatro años, hasta el 2021.
Sin embargo, en una suerte de manotazo sobre la mesa el gobernante en turno dirigió la petición al Congreso Local para desaparecer poderes en Mixtla de Altamirano a fin de que sean los diputados quienes nombren a un Concejo -con “c”- para los dos años y medio que restan del periodo gubernamental.
Obviamente si el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logra reunir la mayoría calificada en el Congreso Local se podrá concretar ese movimiento, pero ahí se abre una brecha para que los -actuales- ediles afectados, los pobladores mixtlecos o los legisladores de oposición interpongan una controversia constitucional debido a que no se cumplen los requisitos para la desaparición de los poderes municipales.
El Artículo 130 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que las tres causas graves para desaparecer un Ayuntamiento que son “que se haya perdido el orden y la paz pública, cuando el Ayuntamiento (el actual) abandone sus funciones o por la renuncia o separación mayoritaria de los ediles”. En Mixtla de Altamirano la paz pública se perdió por la crisis de inseguridad, pero esa situación priva en toda la Sierra de Zongolica y, claro, en casi todos los municipios de la entidad. La “ola” de violencia no es privativa del municipio.
Tampoco se cuadra la segunda causal porque la única que ha abandonado sus funciones en el Cabildo es la alcaldesa asesinada y eso lleva a la tercera causa, pues ella es la única ausente, el resto del Cabildo -Síndico y Regidor- no ha renunciado, salvo que lo hayan hecho en las últimas horas. En este intríngulis también se requerirá la disertación de los juristas para definir quiénes serán los integrantes del Concejo Municipal en el caso de que sea disuelto el Ayuntamiento.
Esto debido a que en los entretelones corre la versión de que el actual síndico, Ricardo Pérez, será propuesto por el Gobierno Estatal para convertirse en presidente de dicho Concejo. En pocas palabras, la intención es no dejar gobernar a Margarita Montalvo. Si no gobierna Pérez Marcos, expanista abonado a Morena, no gobierna nadie más y se desbarata el actual Cabildo. De ese tamaño el autoritarismo.
La otra especie es que sería un prominente militante o en su caso aliado de Morena en la localidad el que presida el Concejo, pero no la alcaldesa suplente a la que no consideran como buena aliada del morenismo. Vaya, igual que los viejos tiempos del priismo que cuando no ganaba, arrebataba.
Tampoco hay que olvidar que Pérez Marcos está señalado por la vox populi como el posible autor intelectual del crimen de la alcaldesa Vallejo con la que tuvo desacuerdos porque ella no quiso separarse voluntariamente de la presidencia municipal y ahí está la tercera versión que se maneja en los corrillos políticos, que la disolución del actual cabildo es una especie de “vacuna” para lo que se viene.
Hay la posibilidad de que el síndico Ricardo Pérez Marcos sea imputado judicialmente como autor intelectual del asesinado de Vallejo Orea y eso acarrearía un escándalo para el partido Morena y el gobierno cuitlahuista, por eso se están adelantando para exigir que se destituya a Pérez Marcos por medio de la desaparición de poderes y no por un juicio político de desafuero.
La petición al Congreso Local se aceleró ya que el pasado martes, en su conferencia de prensa semana, el fiscal del estado, Jorge Winckler anticipó que en breve se darían noticias sobre las pesquisas del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo, su esposo Efrén Zopiyactle y el chofer de ambos. El temor del morenismo es que el síndico mixtleco sea acusador formalmente. Sin duda, en los días venideros habrá un ‘mixtlazo’ ya sea legislativo o judicial pero el municipio será noticia.
LA GUAPOTA
Por cierto, la próxima semana habrá una reunión de alcaldes y empresarios del corredor fabril con representantes de la Fiscalía General del Estado para analizar la crisis de seguridad pública y el crecimiento exponencial de actos delictivos, principalmente el secuestro, asaltos, extorsiones y homicidios.
Se sabe que los ediles de la zona Centro, así como los dirigentes de las cámaras empresariales están sumamente molestos porque no encuentran eco en las autoridades estatales, especialmente la Secretaría de Seguridad Pública, pues hace días cuando se pidió decretar al municipio de Camerino Z. Mendoza en situación de desastre, la respuesta de esa dependencia fue enviar únicamente 50 elementos policiacos.
Lo anterior se consideró una burla porque esos 50 agentes están destinados para atender una decena de municipios y unos 300 mil pobladores. Es decir, a cada policía le tocará cuidar a 6 mil ciudadanos en promedio. Además, se ha pedido la presencia de funcionarios estatales en la zona y éstos los han dejado plantados.
Allí mismo en la zona Centro, concretamente en Río Blanco, esta semana se suspendió la extracción de restos humanos en las fosas clandestinas de Los Arenales, luego de que el pasado lunes el grupo de expertos forenses e integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos fueron amedrentados con disparos que les hicieron de larga distancia.
En el cementerio clandestino de Los Arenales se han recuperado hasta la fecha restos de 17 personas, pero con el supuesto atentado al parecer hay interesados en que no se desentierre el horror que está ahí. No hay que olvidar que dicha fosa clandestina es la mayor que se ha ubicado en la zona Centro y de la que se dice podría arrojar decenas de víctimas del crimen organizado.
Y se insiste en que hay una extraña paradoja en los lugares de dolor en Veracruz ya que los sitios donde se han encontrado fosas clandestinas tienen nombres amables, por no decir bellos: Colinas de Santa Fe, Barranca de la Aura, Arbolillo, Los Arenales y ahora La Guapota, en Úrsulo Galván, que comenzará a ser explorado por los forenses el lunes 1 de julio y donde también se estima localizar decenas o quizás centenas de cadáveres.
La Guapota y Los Arenales son dos de los cementerios clandestinos ubicados recientemente y que todavía no están en el informe “Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, una de las documentaciones más completas sobre el tema que realizaron la Universidad Iberoamericana y la Comisión Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Cmdhph).
En ese recuento se cita que son 651 fosas clandestinas localizadas hasta el 2017 en todo el país y de las que se han recuperado 2 mil cuerpos, así como 36 mil restos humanos -fragmentos de huesos- en 19 estados del País. Veracruz está entre los primeros lugares por la cifra de enterramientos ilegales y restos extraídos.
De acuerdo con la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno Federal, el estado de Veracruz se ubica en primer lugar en cuanto a la cifra de las fosas clandestinas halladas en los primeros seis meses del sexenio con 76 sitios, seguido por Sonora con 35, Sinaloa con 23, Guerrero con 20 y Colima con 12. En resumen, el horror sacado del suelo mexicano, y en territorio veracruzano, sigue aumentando.
