El tema va mucho más allá de la simple anécdota. Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de descartar una relación de las autodefensas en Michoacán con grupos criminales, ratificaba que el herido líder de esos grupos, Juan Manuel Mireles, era atendido en un hospital militar y protegido por las propias autoridades federales “porque son las personas que han venido lastimando a los cárteles, particularmente a Los Templarios y claro que hay instrucciones de que se diera el cuidado, se le apoyara y es lo que ha venido sucediendo”, en Michoacán el gobernador Fausto Vallejo declaró que los grupos de autodefensa y su líder, Mireles, están relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación y que deben ser combatidos.
La flagrante contradicción entre el secretario de Gobernación y el gobernador supera la anécdota porque estamos hablando del hombre que maneja la política y la seguridad en el país y del mandatario que vive la mayor crisis en esos ámbitos en todo México. Justo o no, esa contradicción ha avivado las denuncias de que hay autoridades michoacanas interesadas en no entrar en conflicto con Los Templarios o incluso que los protegen. Y si hay alguien que debe saber cómo se puede destejer esa madeja es el secretario Osorio Chong.
Decíamos ayer y reiteramos hoy que el tema en Michoacán, a estas alturas, no son las mal llamadas estrategias de seguridad. En ese terreno nadie inventa el hilo negro y todos saben qué hay que hacer. El problema es que no hay estrategia que pueda funcionar para recuperar la seguridad cuando el tejido social, pero sobre todo el político, no sólo está dañado, sino también contaminado, infectado por el crimen organizado. Hace años que sabemos que muchas autoridades estatales y municipales tienen lazos con criminales. Ayer recordábamos el michoacanazo. Y hay que insistir en ese tema: en aquella ocasión se detuvo a funcionarios estatales, municipales y judiciales por sus relaciones con el cártel de La Familia, relaciones que manejaba Servando Gómez La Tuta, ahora uno de los líderes de Los Templarios.
No se los detuvo por capricho: era un golpe durísimo basado en seguimientos y sobre todo en la intercepción de llamadas telefónicas, incluyendo el testimonio de otros detenidos. Allí estaban desde la principal operadora de Seguridad Pública en el estado con lazos familiares inocultables con personajes de La Familia, hasta jueces o funcionarios municipales. Estaba también involucrado, aunque no se le pudo detener en ese momento, Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy. Todos, absolutamente todos, quedaron en libertad meses después por decisión de jueces que no aceptaron como buenas las pruebas basadas en las grabaciones telefónicas. Muchos sospechamos, aquí lo dijimos, que quizás en ello hubo también algo más que un acuerdo político.
El único que estaba prófugo era Julio César, que había sido electo diputado con el respaldo económico y político, público, de La Tuta. Hay que recordarlo: mientras tenía orden de aprehensión, Godoy fue introducido a San Lázaro escondido en la cajuela de un carro por diputados perredistas, se llevó a la oficina de Alejandro Encinas, entonces coordinador de los legisladores del sol azteca, se le cuidó allí durante dos días, hasta que se logró que se cancelara la orden de aprehensión en su contra y rindió protesta como diputado y hasta se tuvo la irresponsabilidad de incorporarlo a la Comisión de Seguridad. Comenzó el desafuero de Godoy y se divulgaron, entre otras pruebas, conversaciones del diputado con La Tuta… grabaciones que ya conocían su hermano gobernador y dirigentes de su partido y que en su momento ignoraron. Fue desaforado y se volvió a librar orden de captura contra Godoy, pero todo el proceso, y el fuero del que gozaba, le dieron tiempo a fugarse. Hasta el día de hoy está desaparecido.
¿Qué le pedían La Familia y después los Templarios a los presidentes municipales? Controlar las áreas de Seguridad Pública y también las de Obras Públicas del municipio. Con un mecanismo se protegían y tenían control, con el otro se beneficiaban de recursos públicos, lavaban dinero y realizaban la “política social” que en su caso pregonan… con dinero gubernamental.
Ese esquema no ha cambiado demasiado en los últimos años. Lo que sí aumentó fue la voracidad de estos grupos y la extensión inédita del secuestro y la extorsión entre una población que quedó a su merced porque las autoridades municipales y estatales lisa y llanamente no intervinieron para frenar esa escalada criminal. Eso no justifica, pero sí explica, el surgimiento de las autodefensas. Y cuando Osorio Chong acepta que son ellos los que se han enfrentado a los Templarios en realidad está, también, exhibiendo la parálisis y desidia las autoridades locales, anteriores y actuales.
