LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Aunque es una información que se dio hace algunos días, antes de concluir el año, su contenido no tiene desperdicio por muchos motivos. Sin embargo, como ya se dijo, el dato es importante y vale la pena retomarlo. Así, el primero de Los Diez Mandamientos de Diez establece que los cargos municipales sólo duran 4 años y después todos “se tienen que ir”. ¿En serio? Entonces no se explica cómo recicló funcionarios de los dos trienios anteriores mismos que se resisten a abandonar la nómina pública.
El segundo mandamiento es para colgarlo en un cuadro con letras de oro: la honradez. Según el edil, ésta no es una virtud sino una obligación -y tiene razón- pero agrega que “el que robe o permita robar no sólo va a dejar de trabajar en el Ayuntamiento sino lo vamos a meter a la cárcel”, aunque para que sean creíbles sus palabras, Diez debería firmarlo ante un notario público pues vendrán tiempos en que podría arrepentirse de haberlas dicho. ¿No creen?
En el tercer punto se establece la exigencia de dar un trato “a tiempo, en forma y con una sonrisa” a las personas que acudan a hacer trámites al palacio municipal. “Si una persona se queja conmigo es porque ustedes no la atendieron”, les advierte Diez Francos, pues los funcionarios municipales están para servir a la gente “no importa la hora o el día”. Ya se verá si se cumple, las apuestas son nueve en contra y una a favor porque si algo caracteriza a los burócratas es su haraganería y despotismo.
La empatía con los ciudadanos que son los que pagan los salarios es el cuarto mandamiento y el quinto es más filosofal que práctico: buscar la solución más que desgastarse en el problema, les exige criterio propio para interpretar la ley, aunque ahí si se topa con un funcionario tonto el asunto podría terminar en demandas pues los únicos facultados para interpretar los pliegos legales son los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El sexto punto es como el segundo, utópico, porque les exige a sus colaboradores cuidar los recursos del ayuntamiento, especialmente el dinero. No se sabe si de broma o con demasiada inocencia les dice “siempre que tenga que gastar, háganlo pensando que el dinero es propio”. Noooooo, craso error pues esta gente puede tomarlo al pie de la letra y sentirse dueña del erario municipal. El dinero público no es de ellos ni tienen que manejarlo como si fuera de ellos, lo simple es que son guardianes del mismo, cobran un sueldo para eso, juraron respetar la ley y no robar ni derrochar. No más, no menos.
Los apartados 7 y 8 también son filosóficos pues sostienen que el éxito se logra con trabajo, constancia, honradez e imaginación -nada que no se sepa- y que siempre hay que buscar el bien general antes del particular. Los nuevos funcionarios están para servir a las mayorías y no a las minorías. El nueve lleva chanfle y compromiso: la obligación de respetar y hacer respetar la ley, la cual no es negociable.
Y la perla final es el décimo mandamiento dirigido a sí mismo pues tácitamente Diez Francos se compromete a hacer lo que no hizo en su anterior trienio: escuchar en lugar de imponer. “Si me equivoco díganmelo, es malo equivocarse pero es peor no corregir”, señala y promete “hablar poco y escuchar mucho”. Aquí se requiere otra fe notarial porque la experiencia afirma hará lo contrario.
Empero, más allá de las aristas e interpretaciones de tal decálogo hay que reconocer que es una buena acción leerlo a sus subalternos. Que lo cumplan o no, es asunto aparte que habrá que evaluar y señalar a la luz de esos compromisos.
Es un buen ejemplo para el resto de las administraciones municipales que están iniciando aunque, claro, los jocosos dirían que de cumplirse los ayuntamientos se convertirían en santuarios de virtuosos donde los delincuentes no tendrían cabida y entonces, ya no sería negocio ser alcalde, síndico, regidor o director de área. Así de simple.
Las buenas intenciones expuestas en el decálogo del munícipe orizabeño hacen recordar que hace algunos años propuso un empresario constructor y viejo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el puerto de Veracruz, Antonio Exome Nahum, que era cortarle las manos a los funcionarios que se roben el dinero público. El empresario dictaba lo anterior al hablar del llamado “nuevo PRI” que se necesitaba para recuperar la confianza ciudadana.
¿Se imaginan si se decide cumplir la recomendación de don Antonio Exome? Habría hordas de mancos pululando en la política local, se les vería a diario en el Congreso local, las alcaldías y las oficinas del Gobierno del Estado. Veracruz sería la capital mundial de las personas con las extremidades mutiladas. En eso podría terminar los Diez Mandamientos de Diez en una anécdota para reír un poco ante la pesada realidad.
Por cierto, al panista Tomás Ríos Bernal de Córdoba deberían pasarle una copia de ese decálogo para que se los lea a sus colaboradores, algunos muy cuestionados. Es más, el Alcalde cordobés se creyó eso de que los recursos municipales tiene que manejarlos como si fueran propios pues colocó en la Contraloría Municipal a Teresa Jáuregui Rodríguez, la administradora de sus negocios particulares. Es decir, manejará al ayuntamiento como si fuera su changarro y eso es de miedo. El entredicho es que si Jáuregui es su empleada afuera del palacio municipal, entonces estando adentro ¿cómo podrá cuestionarlo o ponerle un alto cuando tenga la tentación de meterle la mano al cajón?
Otro asunto maloliente en el ayuntamiento cordobés es el nombramiento de José Barquet Viñas, al frente del área de Mantenimiento Urbano. ¿Qué no hay otra familia aparte de los Barquet Viñas que resulte beneficiada con los cargos municipales? Durante varios trienios, estos señores han vivido de la nómina pública, especialmente el ultracuestionado Óscar Barquet Viñas, hermano del actual funcionario municipal. Nadie debe olvidar que ese señor estuvo enquistado muchos años en la Dirección Municipal de Tránsito pese a que fue señalado e incluso investigado por asuntos escabrosos.
En noviembre del 2012 prácticamente huyó del país luego de que transcendió que había una investigación judicial en su contra, aún así fue protegido por el entonces edil, el terrablanquense Francisco Portilla, y regresó veinte días después a reincorporarse al cargo municipal, eso sí, con un amparo bajo el brazo para no ser detenido. Ese es el desprestigio de los Barquet y ahora Ríos Bernal, decide incorporar otro pariente a la nómina, ofendiendo a la inteligencia de los cordobeses.
Otro cuestionado era el nombramiento del ex regidor y ex mister México, Jorge San Martín Muguira como coordinador municipal de Deporte. Ese mismo que en la pasada comuna se declaró incapaz del cargo edilicio y se desdijo semanas después para no quedarse fuera de la nómina. Ahora trascendió que renunció a la nueva encomienda que le obsequió Ríos Bernal aunque no hay que creerle mucho, en algunos días estará de regreso cuando no tenga el cheque que cobrar.
EL VACILÓN
Las redes sociales no perdonan y sostiene que el 2014 es un año de vacilón. Citan dos ejemplos más recientes. Uno, que la cantante Lucerito es imagen del Teletón pero en sus ratos libres se dedica a matar borregos cimarrones en peligro de extinción. Es decir, pide dinero para ayudar a los niños discapacitados pero le importa un bledo dispararle a un animal indefenso y posar junto al cadáver para la fotografía. De paso, también a sus hijos los inscribe en clases para el uso de armas.
Tuiteros y feisbukeros también se pitorrean de lo que sucede en Veracruz donde la ex alcaldesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, fue trasladada al reclusorio de Pacho Viejo pues está bajo proceso judicial mientras que su homóloga de Xalapa, Elizabeth Morales en breve será nombrada dirigente del Revolucionario Institucional. Una va a la cárcel y otra a la grilla. Dos raseros para dos alcaldesas que robaron lo mismo y dejaron un desastre en sus ayuntamientos. El vacilón es también porque a Sarita la mandan donde abundan los delincuentes y a Elizabeth Morales también, al tricolor.
De colofón va la pregunta del millón de dólares: ¿Y el ex alcalde de Fortín de las Flores, César Torrecilla Ramos por qué no lo convierten en huésped de la prisión de Pacho Viejo? El señor goza de impunidad pese a que se le atribuye un desfalco al erario superior a los 80 millones de pesos -41 millones en la cuenta pública del 2012 según lo revelado recientemente en el Congreso local-. No se vislumbra castigo judicial para Torrecilla y en medio de todo este vacilón, sólo habrá que esperar que en breve sea nombrado en alguna cartera del PRI por estos rumbos. ¿O no?
