Hasta hace algunos años, la Secretaría de Hacienda tenía la costumbre de legislar en materia tributaria vía las famosas miscelánea fiscales, que cambiaban las reglas impositivas uno o varias veces al año, al margen de lo que dijera la ley.
El día que el Secretario de Hacienda se levantaba de malas lanzaba una miscelánea para alargar los plazos de vigencia de los delitos fiscales o aumentaba las declaraciones que se tenían que presentar cada mes.
Esa costumbre se empezó a erradicar en el sexenio de Ernesto Zedillo y se olvidó en los 12 años del PAN.
Pero ahora, vamos de regreso.
El Ejecutivo ha decidido que al margen de lo aprobado por el Congreso, puede dictar, vía decreto, cambios en las leyes fiscales.
Con ello, una reforma fiscal de por sí complicada, se ve aún peor, cuando se observa que el ejecutivo puede cambiarla con un decreto.
Lo acaba de hacer el presidente Enrique Peña Nieto, con un decreto en el que cambia lo legislado por el Congreso; alarga la entrada en vigor de los artículos de ley aplicables a los pequeños contribuyentes, aun antes de que entren en vigor.
Alguien pensará que el Ejecutivo hizo bien y en este caso sin duda tiene razón.
El problema es que lo que acaba de hacer el Presidente de la República es ponernos a todos “en el lomo de un venado” en materia tributaria.
El Ejecutivo ha decidido que puede decretar cambios fiscales según se vean las encuestas:
Si las mediciones dicen que la popularidad del Presidente está bajando como resultados de leyes fiscales aprobadas por el Congreso, con un decreto suaviza las medidas.
Pero si las mediciones dicen que su popularidad no ha sufrido, el Ejecutivo podría, con un decreto, endurecer las medidas.
Es decir, de un plumazo borró todo el trabajo legislativo: cambió de fecha la entrada en vigor aprobada en las cámaras.
Modificó el Presupuesto de Ingresos, puesto que alargar el plazo de entrada en vigor de las disposiciones fiscales significa una disminución en los ingresos.
Aumenta el déficit público, pues bajar los ingresos sin disminuir igual los gastos, significa mayor déficit; es decir, mayor deuda.
Ya se dieron los primeros pasos para legislar por decreto en materia tributaria y eso significa debilitar el Estado de derecho en el país; introducir elementos de incertidumbre en la aplicación de las leyes y probar que en México la aplicación de las leyes esta sujeta a la discrecionalidad del gobierno.
Tan grave como esto es el hecho de que, desde que se conocieron las iniciativas de cambios fiscales, analistas y organizaciones empresariales y académicas manifestaron que muchas partes de los cambios propuestos estaban mal, eran inaplicables, causarían efectos nocivos en la economía nacional.
Y el Ejecutivo se hizo el sordo a tales expresiones.
No fue sino cuando las encuestas dijeron que la popularidad presidencial estaba sufriendo debido a la Reforma Fiscal, cuando Peña Nieto decidió anular al Poder Legislativo y vía un decreto, corregirle la plana.
El problema no termina aquí.
Miles de pequeños negocios no sobrevivirán a la Reforma Fiscal, por el simple hecho de que quien los maneja no sabe operar una computadora para meterse al portal del SAT y emitir facturas electrónicas.
Y si no lo pueden hacer en diciembre tampoco lo podrán hacer en abril.
Lo que se requiere es crear un régimen adecuado a las posibilidades reales de tributación de los pequeños negocios.
Un libro donde anoten sus ingresos, gastos e inventarios y de acuerdo con estos datos ponerles una cuota fija revisable cada año.
Pero Hacienda no quiere trabajar: o quiere que unos contribuyentes vigilen y les retengan a otros o que las computadoras le resuelvan todos los casos.
Mal camino es que el Presidente legisle por decreto; mal, que no haga caso a las opiniones ciudadanas; peor, que nos demuestre que las leyes están sujetas a su discrecionalidad.
Hasta el próximo lunes con nuevas… PERSPECTIVAS y que 2014 les traiga a todos lo único gratuito que es la felicidad.
