Por Andrés Timoteo / columnista
En agosto del 2016, la tormenta tropical Earl provocó el desgajamiento de un cerro en la comunidad Tamazolapa, ubicada en el municipio de Coscomatepec, y provocó la muerte de una familia de cuatro integrantes que perecieron sepultados por el alud de lodo. El único sobreviviente fue el niño Lisandro Gilbón Delgado, de ocho años en ese entonces.
Lisando fue el niño timado por la entonces delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ex reina del Carnaval de Veracruz y actual diputada federal por el PRI, Ana Guadalupe Ingram Vallines, quien, junto con el alcalde del momento, Manuel Álvarez, acudió al lugar para tomarse la fotografía con el pequeño y le prometió una beca de por vida. Nada fue cierto, el pequeño sigue desamparado y padeciendo necesidad.
Además del niño Lisandro, quien quedó bajo custodia de su abuela, otros pobladores de Tamazolapa perdieron viviendas y pasaron mucho tiempo en precarios albergues carentes de todo. Después fueron reubicados en el poblado Amotititla donde la administración municipal les asignó predios y pies de casa.
En ese lugar también se ubicaron a otras personas de escasos recursos que tramitaron ante el ayuntamiento peticiones para tener una vivienda. En total son 54 familias que ocupan esos predios cuya regularización legal y de servicios dejó pendiente el gobierno de Álvarez Sánchez quien por desidia no priorizó la escrituración para darles certeza jurídica.
Ahora, en esos abusos tremendos en que incurren los funcionarios indolentes, el actual presidente municipal, el panista-perredista Serafín González Saavedra, amenaza a los colonos con desalojarlos con la fuerza pública acusándolos de ser “invasores”. Lo que se cuenta en Coscomatepec es que el edil quiere “recuperar” los predios, bajo el argumento legal de que no son propietarios, para hacer negocio con ellos.
Por sus pistolas, el alcalde -al que hoy más que nunca le queda el apodo que los lugareños le endilgaron: “Será-Ruin”- pretende recular el programa de reubicación de damnificados por los fenómenos naturales y echarlos a la calle como si nunca se hubiera dado un compromiso institucional para ayudarlos.
González Saavedra se comporta como un sátrapa al que nadie le pone una correa ni un bozal para que deje de ser un peligro. El gobierno del estado debería ponerle un alto, los diputados del Congreso Local tendrían que intervenir para evitar la agresión contra los damnificados. El munícipe no puede difamar a las víctimas ni despojarlas de la tierra asignada como una acción pública de solidaridad. Alguien debe detener a ese tipo.
