Por Andrés Timoteo / columnista
DISCULPA PÚBLICA
En la Ciudad de México, no en Tierra Blanca donde fueron plagiados ni en Playa Vicente donde eran originarios, el gobernador Cuitláhuac García ofrece una disculpa pública a los familiares de los cinco jóvenes que hace tres años fueron “levantados” por policías estatales y entregados a un cartel del narcotráfico, que los asesinó y desapareció sus cadáveres.
Fue el 11 de enero del 2016 cuando Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arróniz de 16, 24, 27 y 25 años -los últimos dos- respectivamente, salieron del puerto de Veracruz, donde acudieron a festejar el cumpleaños de uno de ellos y en su regreso hacia Playa Vicente fueron interceptados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Los cinco fueron víctimas de desaparición forzada cometida por policías bajo el mando del delegado de la SSPE, Marcos Conde Hernández, operador del entonces titular de la dependencia, Arturo Bermúdez Zurita. El vehículo en que viajaban los muchachos apareció abandonado en Medellín de Bravo. Luego, en las pesquisas, se supo que los jóvenes fueron torturados, asesinados e incinerados en el rancho El Limón, de Tlalixcoyan.
De los cinco secuestrados, sólo uno de ellos, Bernardo Benítez, logró ser identificado por un grupo de antropólogos forenses procedentes de Argentina, quienes pudieron obtener ADN de un fragmento de hueso semi-calcinado. Del resto solo se sabe que fueron asesinados y quemados, según declaraciones de los siete policías detenidos, pero no se pudo hallar restos físicos que confirmaran su suerte.
Tres años más tarde y a instancias del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro-Juárez” y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con apoyo de la Secretaría de Gobernación, el lunes se realizó un evento en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la capital del país para recordarlos y que el gobierno presentó una disculpa pública a los familiares.
Será el “Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del estado de Veracruz”, aunque – como lo han dicho varios deudos de los jóvenes desaparecidos- de nada sirve una disculpa si no hay justicia. Es cierto, hay policías bajo proceso judicial, pero los principales responsables de parte del Gobierno Estatal gozan de impunidad.
REIVINDICAR LO INJURIOSO
Uno es Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSPE y otro es su jefe, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien, si bien está purgando una mini- condena de 9 años por delitos financieros, aun no es procesado por crímenes de lesa humanidad. Apenas, luego de casi dos años de estarlo pidiendo, se va a solicitar al gobierno de Guatemala la autorización para ampliar el catálogo de delitos en la autorización de extradición.
Como se recuerda, los tratados de extradición permiten a un reo extraditado solo ser juzgado por los delitos imputados en el momento de la petición y que sean autorizados por el Gobierno del País donde fue capturado, y en el caso del exgobernador no estaba el de desaparición forzada, por el cual la Fiscalía de Veracruz tiene abierto un expediente abierto y por ejecutar.
De esta forma, Duarte de Ochoa hasta el momento no tiene en su haber oficialmente la imputación por los hechos de Tierra Blanca ni de otros crímenes de lesa humanidad que se cometieron bajo su gobierno y con su venia. Lo peor es que hoy en Veracruz se registra una especie de revisionismo histórico que contradice no solo la justicia sino el compromiso con las víctimas de los años de plomo que fue el duartismo.
El ejemplo de lo anterior es el caso de Bermúdez Zurita, quien en su momento puso la Secretaría de Seguridad Pública al servicio de la mafia y aún así, ahora está en libertad. Apenas cinco días después de iniciado el presente sexenio, Bermúdez fue liberado bajo fianza y además se le concedió una especie de estatus privilegiado por ser colaboracionista en la embestida contra el fiscal general, Jorge Winckler.
No hay que olvidar que días después de ser excarcelado, Bermúdez fue recibido en el Congreso Local como si fuera un prócer, una gente decente, y se le permitió presentar la petición de juicio político contra Winckler Ortiz. Aunque el enjuiciamiento contra el Fiscal no prosperó, la forma y el trato dados al exsecretario duartista habla de una reivindicación de quien cometió delitos de lesa humanidad.
Hoy, Bermúdez, el desaparecedor de personas -entre ellas los 5 jóvenes de Tierra Blanca- anda libre y hasta pretende que se le regresen los bienes incautados que adquirió con ‘empresas fantasma’. Es lo grave, en Veracruz se reivindica lo injurioso, y se vuelve a agraviar a las decenas, quizás centenas o millares, de víctimas del régimen gansteril que encabezó Javier Duarte. Entonces, una disculpa pública no es suficiente y más bien se antoja como una burla sádica.
