Si no ocurre algo extraño, lo que no es tan insólito en la política nacional, cuando usted lea estas líneas tendría que haber sido aprobada ya en lo general y lo particular la reforma constitucional en el ámbito energético, misma que transforma profundamente todo el sistema de exploración, explotación y comercialización de crudo, le da a Pemex y a la CFE la oportunidad y el desafío de ser empresas competitivas, y puede detonar la inversión de cientos de miles de millones de dólares y de una enorme cantidad de empleos en los próximos años. Pero la reforma va mucho más allá: pone al país en condiciones de afrontar el enorme reto energético que tendremos en el futuro con la transformación que el mundo está viviendo en ese sector, de convertir a nuestra economía en atractiva y mucho más eficiente.
La Reforma Energética, a la que le faltará todavía la aprobación en la Cámara de Diputados y de la mitad más uno de los congresos locales, cerrará un ciclo de reformas como nunca se había dado en el país desde el de 1991-94, cuando se aprobó el TLC, se transformaron las relaciones entre Iglesia y Estado y se modificó la tenencia de la tierra en el campo, además de que, en el terreno electoral, se creó el IFE y se establecieron nuevas leyes que permitieron, desde entonces, un juego político mucho más democrático, abierto y plural, tanto que ello ha permitido la alternancia a nivel federal y en dos terceras partes de los estados y municipios del país.
Simplemente no podríamos entender el México de hoy sin aquel ciclo de reformas. La oposición al Tratado de Libre Comercio, que incluyó a toda la izquierda, a muchos priistas y algunos de sus más fervientes defensores de hoy, no ocasionó la destrucción del mercado nacional ni la venta del país que se auguraba: es un mecanismo que ha permitido un comercio bilateral de un millón de dólares por minuto y un superávit para México de poco más de 60 mil millones de dólares el año pasado. La productividad de los trabajadores mexicanos en la industria manufacturera se incrementó en 69%. Uno de cada seis empleos está relacionado con la actividad exportadora. El 33% del empleo total en México proviene de las manufacturas y la mitad está relacionado con la actividad exportadora, con empresas que, en promedio, pagan salarios 37% superiores a los de empresas no exportadoras. Hoy México es el principal productor de los automóviles que circulan en Estados Unidos y, en el centro del país, existe una industria aeroespacial de influencia mundial inimaginable hace unos años.
La reforma en las relaciones Iglesia-Estado no convirtió a México en un Estado confesional, como se anunciaba. En el campo se generaron regiones de altísima capacidad de producción, sobre todo en el noroeste del país, aunque coexisten con enormes bolsones de pobreza, donde la tenencia, la producción, los usos y costumbres han detenido a la gente atrapada en el pasado.
Seamos sinceros, si en aquellos años se hubieran puesto a consulta popular, ninguna de esas reformas se hubiera aprobado. Pero tampoco se hubieran aprobado cambios mucho más recientes y benéficos para hacer una sociedad más abierta, como la despenalización del aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo o, en el pasado, el voto de la mujer. Y lo mismo sucede en cualquier democracia del mundo con casi todos los temas que implican tocar el statu quo: ¿usted cree, por ejemplo, que si se ponen a consulta popular, en Estados Unidos, temas como una verdadera reforma migratoria que legalice a todos los migrantes o si se consulta la prohibición de la venta de armas o, en el pasado, la integración racial, sería aceptado por la gente? Y todos sabemos que esos fueron o son medidas de simple sentido común.
Para tomar esas decisiones están los congresos. Para eso existen, por lo menos idealmente, para que se puedan adoptar en ellos leyes que pueden ir más allá de la percepción popular, pero que se hagan no desde la percepción o el interés de un gobierno autoritario, sino a través de la representación popular de sus integrantes. Hay reformas que pueden gustar o no: del ciclo reciente, la hacendaria sin duda podría haber sido mejorada. Las demás deben pasar todavía por la prueba de sus leyes secundarias, en muchos casos, y de su aplicación, en otros. Nunca van a ser ideales. Pero lo cierto es que terminaremos cerrando el año con una reforma en telecomunicaciones, una educativa, una de transparencia, una reforma financiera, otra política y electoral (donde quizás lo de un INE reemplazando al IFE sea lo más cuestionable), con un código único de procedimientos penales, con una reforma energética importantísima, que cambian el escenario político, social y económico del país. Un ciclo de reformas, el más importante y trascendente que ha tenido el país en los últimos 20 años.
