Le queda una semana al periodo ordinario de sesiones. El Legislativo tiene que sacar adelante la reforma energética en este tiempo, fast track.
Hasta el momento de escribir estas líneas no se conoce el dictamen de la reforma, pero en una semana, a más tardar, tendrá que ser aprobada.
Con esa reforma, el gobierno de Peña Nieto cierra su primer. Una reforma importantísima para el desarrollo energético y económico de México, que durante años ha querido sacarse, pero simplemente no se ha podido por las conocidas sensibilidades que el cambio en el sector genera.
Ahora es un piso mínimo para este gobierno. Una obligación. Si no se aprueba una reforma que dé mayor autonomía a Pemex; mejores condiciones fiscales para la paraestatal y la posibilidad de atraer inversión y tecnología de empresas privadas, el fracaso será monumental.
Con esa presión encima, el gobierno ha tenido que convencer a su partido, el PRI, de apoyar cambios que en muchos sentidos son contra natura para el Revolucionario Institucional.
El PRI, a grandes rasgos, propone:
• Reformar artículos 27 y 28 de la Constitución.
• Eliminar en el artículo 27 la exclusividad de la nación en “generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. Podrá haber contratos, más no concesiones, con particulares en transmisión y distribución de energía eléctrica.
• No propone modificaciones en la estructura de gobierno o de organización de Pemex ni en su régimen fiscal. Tampoco prevé ningún cambio en el gobierno de CFE.
Eso en sí, sobre todo el primero y segundo puntos, ya implicaba pisar terrenos sensibles para los priistas. Y, sin embargo, el poder que ha adquirido el PAN en la negociación de la energética hace que estas propuestas, ya de suyo osadas para el PRI, se queden cortas de lo que se tendrá que aprobar para tener una reforma que mejore el sector energético de México.
Esto, porque Acción Nacional propone:
•Reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para darle apertura total a Pemex y CFE.
•Sacar del Consejo de Administración de Pemex al sindicato.
•Autonomía de gestión con gasto independiente para Pemex y CFE.
•Crear el Fondo Mexicano del Petróleo para manejar la renta petrolera.
•Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y darle autonomía, para que regule la explotación y la extracción de los hidrocarburos; conformar la Comisión Reguladora de Energía, que otorgará y renovará permisos y concesiones.
Como el PRI necesita los votos del PAN para sacar adelante la reforma, este partido que es bastante conservador cuando de energéticos se trata, está teniendo que dejarse torcer el brazo para sacar la reforma, que ya es una obligación para el actual gobierno.
No sorprende, pues, que los priistas estén haciendo una defensa poco agresiva, hasta débil, de la reforma energética.
En el Legislativo la labor se le ha encomendado casi en exclusiva a David Penchyna y algo a Emilio Gamboa.
Y el silencio del gabinete para defender la reforma llega a ser hasta ensordecedor.
Ha sido el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el más activo en ello.
De los directores de Pemex, Emilio Lozoya, y de la CFE, Francisco Rojas, prácticamente no hemos sabido nada.
Para una reforma que requiere voceros aguerridos, que sepan explicar un tema complejo que se enfrenta a mitos y mentiras repetidas hasta el cansancio, la pregunta pertinente frente a esta actitud es: ¿será ésta una estrategia de comunicación o pragmatismo de quienes no quieren defender aquello que no apoyan a cabalidad?
Twitter: @AnaPOrdorica
