Por: Andrés Timoteo / columnista
FUTURO JUDICIAL
Dos buenas nuevas en el contexto de la “Cuarta Transformación”. Una es que el Gobierno Federal a través de las autoridades fiscales imputó a Karime Macías Tubilla, todavía esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por un fraude que alcanza 2.4 millones de pesos. La segunda es la iniciativa para derogar la llamada Reforma Educativa que colocó a miles de maestros como enemigos de la Nación y tenía como finalidad privatizar la educación.
En el primer caso es cierto, es una minucia para Macías de Duarte dicha acusación ante la Procuraduría Fiscal de la Federación por haber evadido al fisco en los años 2011 y 2012, ya que con facilidad absoluta puede “resarcir el daño” o sea regresar -léase: pagar- esos 2 millones 437 mil 635 pesos dado que ella y su marido se robaron más de 40 mil millones de pesos de las arcas estatales.
Será como ‘quitarle un pelo a un gato’ y un gato de angora muy peludo, pues. Aún así, es algo a nada. Se sabe que hay la solicitud ante el Reino Unido para que se le detenga y se le extradite y habrá que esperar que esta denuncia acelere el proceso. No hay que olvidar que desde Veracruz salieron las querellas iniciales contra Macías de Duarte por las que se tramitó su extradición y esta acusación fiscal es nueva, tentativamente.
Las denuncias pendientes a nivel local contra Karime Macías únicamente prosperarán si se mantiene el actual fiscal general en su cargo. No es un secreto que el Gobierno estatal y el Congreso local hacen malabares para destituir a Jorge Winckler, pero hasta ahora todo apunta a que, jurídicamente, no lo pondrán hacer pese a que se aprobaron reformas a la Constitución local para removerlo. La ley no es retroactiva y entonces esas modificaciones sólo aplicarían a su sucesor.
Ayer también el Congreso estatal, la Comisión de Gobernación avaló dos de las cuatro solicitudes de juicio político contra Winckler, aunque se duda que prosperen las mismas, pues de aprobarse por el pleno camaral éstas tendrán que ser enviadas al Tribunal Superior de Justicia del estado, que será la instancia que aprobará o rechazará la petición para juzgar y destituir al funcionario. El TSJE no está controlado por el partido Morena.
Por eso también hay presión por el lado mediático y desde el martes el colectivo “Solecito” -algunos suspicaces le llaman “Morenito”- bloquea las instalaciones de la Fiscalía General en Xalapa, exigiendo la renuncia voluntaria del titular. Es un forcejeo que podría llevarse meses, algunos dicen que al menos dos años, y con el riesgo de que jurídicamente no puedan renovar la Fiscalía.
Así, el destino judicial de Karime Macías, y por supuesto de Javier Duarte, depende de lo que suceda en Veracruz con la permanencia o no del fiscal Jorge Winckler. De paso, no hay que olvidar que a nivel federal Duarte de Ochoa será bien tratado por el régimen gubernamental y por eso ya pidió -como se había anticipado- un amparo contra la sentencia de 9 años de prisión que le fue dictada a nivel federal a fin de salir libre a la brevedad.
Empero, la liberación de Duarte de Ochoa también pasa por Veracruz porque a nivel federal sólo fue procesado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pero hay más carpetas de investigación abiertas localmente, una de ellas por desaparición de personas. Si no cae Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado, Duarte podría ser detenido inmediatamente cuando abandone el Reclusorio Norte en el caso de que prospere su amparo. Por eso les urge correr al fiscal veracruzano.
JUSTICIA A MAESTROS
La otra buena nueva es que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta semana la iniciativa para abrogar la Reforma Educativa y consiste en modificar el artículo tercero constitucional y sus leyes secundarias que las cambiaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a fin de darle un sentido empresarial a la educación y catalogar a los profesores como meros prestadores de servicios.
El nuevo texto que se introducirá en ese artículo se establece que la educación debe ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia, y además reconoce que los maestros contribuyen a la transformación social, son agentes fundamentales para que la población se supere y se logre el bienestar social en el País. Elimina, por supuesto, las evaluaciones punitivas al magisterio y la persecución administrativa contra ellos.
Por eso desaparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que durante el tiempo que funcionó fue algo así como una procuraduría contra los educadores, pues se encargaba de aplicar exámenes y los que no aprobaban con los parámetros establecidos eran juzgados, despedidos o reubicados. Ahora se creará el Servicio Profesional Magisterial para la mejora continua de los educadores, según el anuncio.
El finiquito de la llamada Reforma Educativa que mantuvo aterrorizados a los maestros es, sin duda, una excelente noticia para México, además de que López Obrador cumplió una de sus principales promesas de campaña: hacerles justicia a los educadores del País, revalorar su trabajo como servidores sociales y a la vez ratificar que la educación es un derecho para los mexicanos y no un privilegio, pues la reforma peñista tenía como objetivo privatizar la mayor parte del sistema educativo.
