Orizaba.- De manera categórica, los Colectivos de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y la Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, rechazaron que el delito de desaparición forzada de personas se dictamine como no grave, señalan que dichas resoluciones han sido dictadas para proteger a exfuncionarios vinculados a proceso por el delito de Desaparición Forzada de Personas.
Las resoluciones fueron emitidas por el juez decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, Jorge Holder Gómez y por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Alejandro Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, en el sentido de que la Desaparición Forzada de Personas no es un delito grave; actos que fueron calificados como altamente insensibles, violatorios de Derechos Humanos que revictimizan a las familias que buscan a sus seres queridos.
Lo anterior, a través de una carta firmada por diversos Colectivos como el Centro de Derechos Humanos Colectivo Toaltepeyolo, integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), entre otros, de diferentes zonas de la República Mexicana.
Además, hicieron un llamado a las Fiscalías y al Poder Judicial de la Federación para que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, y prevengan la sustracción de la justicia de las personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva.
Y agregaron que este tipo de acciones los agravian, “son muestra de una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular, el principio de interpretación de la norma más favorable, la Ley General de Víctimas y como hemos señalado de los criterios que al respecto ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Mencionaron que en el contexto de desapariciones generalizadas, es necesario que las Fiscalías soliciten y sustenten; los jueces valoren, en todos los casos, la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general.
De la misma manera, manifestaron que en cifras, México es un País con más de 37 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, “una gran parte ha sido cometida por Servidores Públicos del Estado, resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que Jueces Federales minimicen el delito de Desaparición Forzada”.
