EU.- Lo previsible es que el gobierno apele la decisión del juez desde el departamento de Justicia de no considerar las solicitudes de asilo político que no se presenten en una de las garitas fronterizas del Río Bravo, cuando la Ley de refugio escrita por el Congreso en 1980 expresamente acepta las solicitudes de cualquier individuo que esté físicamente presente en EU.
El gobierno de Trump ha convertido la garita de San Diego en un embudo en el que sólo se aceptan de media siete solicitudes por día, lo que dejaría a los 5.000 miembros de la caravana atascados en Tijuana más de dos años. Otras 300 personas esperaban ya su turno para cuando llegaron y miles más se encaminan hacia este punto y otros de California y Texas.
De acuerdo a la ley del Congreso que se ajusta a la jurisprudencia internacional, cualquiera de esos inmigrantes que cruce la frontera por sus medios a través de un punto ciego cometerá una infracción y puede recibir por ello una multa o hasta seis meses de cárcel. No obstante tendrá derecho a presentar su solicitud de asilo político en cualquiera de los puntos oficiales o a través de las asociaciones que ayudan a los migrantes, salvando así el embudo fronterizo.
Las limitaciones de Trump no sólo hubieran afectado a los centroamericanos que llegan en caravana, sino a unas 70.000 personas que cada año solicitan asilo en EE UU tras haber entrado al país sin papeles. El Departamento de Justicia ya ha limitado las solicitudes que acepta al negar que la violencia doméstica o el miedo a pandilleros sean motivos para huir del país.
Lo previsible es que el gobierno apele la decisión temporal del juez, pero al venir de un tribunal de San Francisco esa responsabilidad recaerá sobre el Noveno Circuito de Apelaciones con el que el presidente se ha tropezado en otras decisiones, y del que se mofó ayer. Al anunciar el nombre de los dos pavos agraciados con el tradicional perdón de Acción de Gracias para no ser sacrificados, Trump advirtió socarronamente que «desafortunadamente» no puedo garantizar que sean mantenidos por el Noveno Circuito, «siempre ocurre», dijo lacónico.
El caso, sobre el que el juez Tigar volverá a pronunciarse el próximo 19 de diciembre, podría acabar en el Supremo, donde el presidente ha colocado a dos de sus hombres de confianza para cargos vitalicios e inclinado la ideología del tribunal hacia el lado conservador.
