Por: Irene Levy / columnista
La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, sí, esto que parece salido de un cuento de terror es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es el ordenamiento que organiza y distribuye las facultades entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo, incluyendo las secretarías de Estado. Como usted sabe, dicha ley está en proceso de cirugía mayor por los legisladores de Morena y afines que quieren adecuarla a los planes del próximo gobierno, lo que en sí mismo está bien; el problema es que en el proceso se están cometiendo enormes atropellos e inconstitucionalidades.
La fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, aprobada por la Cámara de Diputados, señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación, lo siguiente:
VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Los medios públicos, dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra angular de la democracia.
En ningún país democrático, la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior o como se denomine, presta el servicio de radiodifusión pública. Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno, sería el fin de su libertad editorial. En México, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia, creó un organismo descentralizado no sectorizado —muchos pugnamos incluso porque fuera autónomo—, llamado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). El artículo 6, apartado B, fracción V de la Constitución vigente, establece que este organismo con autonomía operativa, de decisión y de gestión tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. ¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER o con el Canal 11? ¿En serio vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? Estoy segura que Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministra de la Corte, hubiera criticado esto, y ahora ¿lleva la reforma su aval o ella no lo sabe? Esta reforma es inconstitucional.
Pero el golpazo a la radiodifusión pública no es el único que intentan dar en esta materia nuestros diputados, no. También al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo afectan. Mire usted, la Oficina de la Presidencia de la República actualmente tiene adscrita la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y dentro de sus facultades está la de elaborar y dar seguimiento a dicha estrategia para fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada actualmente de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Eso es ahora, pero la reforma propuesta y votada por Diputados propone cambios:
1. Adiciona la fracción I al artículo 8 y otorga atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”. Como vemos, la redacción votada no acota esta facultad a definir dichas políticas exclusivamente para el gobierno federal, sino que lo deja totalmente abierto y únicamente restringe, al ámbito gubernamental, la definición de políticas de gobierno digital, el resto podría interpretarse que aplica incluso a los usuarios y a operadores, facultades que hoy pertenecen al IFT… ¿Error de redacción o intencionalidad?
2. También a la SFP le quitan la facultad de definir las políticas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos, y a ella la reducen a vigilar su aplicación. De aprobarse en el Senado, estas atribuciones pasarían a la que sería la súper poderosa coordinación respectiva en la Oficina de la Presidencia y, en concreto, a Raimundo Artis Espriú quien la encabezará.
3. Nos habían dicho que, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Comunicaciones se transformaría en Subsecretaría de TICs, cuya titular será Salma Jalife, pero todo indica que ya no tiene sentido ni siquiera el cambio de nombre, pues estas facultades quedarían en Presidencia. De hecho, el artículo 36 de la LOAPF, que determina las atribuciones de la SCT, finalmente ya no fue modificado.
De esto nos quedan preguntas: ¿Qué dicen los medios públicos y sus defensores de lo que está por suceder, qué piensa el SPR? ¿Qué opina el IFT, interpondrá controversia constitucional en caso de que finalmente se apruebe en defensa de su autonomía, o cederá la plaza definitivamente? Qué preocupante que todo esto pase inmerso en el silencio de los que deberían vociferar. Ojalá el Senado recapacite, esto es un enorme retroceso a la democracia y la libertad de expresión en el país, así como un golpe que vulnera la autonomía del IFT.
Tomada de El Universal
