URGE LA DEMOLICIÓN
El pasado 7 de noviembre en un foro realizado en el Senado de la República con motivo de la Semana del Migrante, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado afirmó que la corrupción encontrada en ese organismo es tan grande que “he tenido la tentación de demolerlo, de meterle dinamita” y añadió que mas de mil funcionarios de todos los niveles habían sido destituidos, y a muchos de ellos se les comprobó nexos con la delincuencia organizada.
Antes de hacer esa confesión, el funcionario había sido increpado por la religiosa Leticia Gutiérrez, directora de Scalabrinianos para Migrantes y por fray Tomás González, director del albergue La 72 de Tabasco quienes le espetaron que los funcionarios del INM “estaban metidos en redes del tráfico de personas y de trata en todo el país”. Los activistas aseguraron de acuerdo a los testimonios recabados entre los migrantes, los criminales en acuerdo con policías y funcionarios del instituto habían elevado a 100 dólares la cuota por subirse al tren, conocido como La Bestia, para viajar sobre los vagones o colgados de las escalerillas –por ello le llaman “viajar de mosca”-.
“¿Para qué empeñarse en tener un instituto corrompido, con tanta podredumbre hasta las entrañas?, ¿por qué seguir alimentando un cáncer?”, le cuestionaron al funcionario federal. Unos días después, el sacerdote Alejandro Solalinde, titular del albergue “Hermanos del Camino” en Oaxaca y una de las voces más autorizadas por su labor a favor de los migrantes, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para documentar los excesos de personal del INM en Veracruz que provocó una protesta de indocumentados retenidos en la garita migratoria de Acayucan, al sur del estado.
Acusó que los golpes, extorsiones y otro tipo de vejaciones cometidos en su contra habían generado la “rebelión” de migrantes los cuales son tratados como animales y para sofocarla
fueron golpeados severamente por lo que exigió que éstos fueran presentados con vida y evitar que las autoridades los ocultaran. Además clamó por la destitución del delegado y subdelegado del INM, Tomás Carrillo y Antonio Romero, respectivamente, y que se les denunciará penalmente por la corrupción y los atropellos contras los indocumentados.
Pocos hicieron eco de los señalamientos tanto del padre Solalinde como de los religiosos que se reunieron en el Senado pero el tiempo sigue confirmando que los tres tienen la razón. Hace algunos días, un grupo armado atacó a balazos a migrantes que viajaban a bordo del ferrocarril y asesinó a tres de ellos que se negaron a pagar la cuota de 100 dólares, como habían denunciado fray Tomás González y la monja Leticia Gutiérrez.
El ataque ocurrió en el tramo Medias Aguas en el municipio de Sayula de Alemán y los migrantes que sobrevivieron relataron el hecho:
Los criminales subieron al tren con la permisión de policías y personal del INM. Claro, el gobierno estatal trató de ocultar el hecho y lanzó la mentira de que fue una pelea entre los mismos migrantes e incluso señaló a la organización salvadoreña Mara Salvatrucha de ser la responsable de agredir a los indocumentados. Tres meses antes, otro ferrocarril que cubría esa misma ruta se descarriló entre Tabasco y Veracruz ocasionando la muerte de seis migrantes y más de cincuenta heridos. Los testimonios de los sobrevivientes señalan que en La Bestia viajaban 250 migrantes y todos iban en calidad de “secuestrados” por un grupo armado que subió en Chontalpa, Tabasco.
Estos delincuentes les había advertido que todos pagarían la cuota en dólares por continuar el viaje pero que los bajarían en Coatzacoalcos para entregarlos al “jefe de la mafia”, según el reportaje del periodista Rodrigo Soberanes publicado en CNN-Expansión. Los migrantes le confiaron que el accidente los había salvado de que muchos de ellos fueran plagiados, desaparecidos y tal vez asesinados. Así, una tragedia evitó otra mayor. Son los casos terribles que viven los migrantes indocumentados en Veracruz, los pobres entre los pobres, las víctimas silenciosas, a las que pocos le tienden la mano.
Todos estos acontecimientos recientes refuerzan no solo las denuncias de los activistas sino la necesidad, como lo dijo el comisionado Ardelio Vargas, de que el INM sea demolido por tanta corrupción. Y es urgente que destituya y finque responsabilidad penal al delegado Tomás Carrillo Sánchez, fidelista de cepa y señalado muchas veces de corrupción. Este individuo, cercanísimo al innombrable fue subprocurador de Justicia en el puerto de Veracruz y todos saben que la zona se convirtió en un infierno. Después el innombrable lo hizo diputado federal y más tarde el actual gobernante, Javier Duarte, sin importarle los negros antecedentes de este sujeto, lo nombró secretario de Desarrollo Agropecuario donde saqueó el presupuesto destinado al campo.
Meses después lo destituyó y para no dejarlo fuera de la nomina lo ungió como coordinador de asesores, cargo solo para seguir cobrando porque no es encargado de nada. Con el arribo del nuevo gobierno federal, el innombrable lo rescató de la banca y lo impulsó a la delegación del INM y ahí están las consecuencias: la criminalidad aumentó en agravió de los migrantes que cruzan el territorio veracruzano y todos los agentes que deben velar por que los indocumentados no sean vejados se convirtieron en extorsionadores. De tal suerte que si el comisionado Ardelio Vargas pretende la demolición del INM, las primeras cargas de explosivos deberá colocarlas en la delegación en Veracruz que es un hervidero de corrupción bajo la tutela del oscuro Carrillo Sánchez.
Por cierto y en todo este contexto, ya van más de dos años que el gobernante en turno se reunió en Jalapa con el sacerdote Alejandro Solalinde, luego de que éste denunció el secuestro masivo de migrantes en el sur de Veracruz por parte de grupos delictivos coludidos con las policías estatal y municipales. Después del encuentro realizado a principios de julio del 2011 en palacio de gobierno, Duarte de Ochoa anunció el inicio de una campaña de protección a migrantes en la que participarían la Universidad Veracruzana y asociaciones religiosas además de comprometerse a depurar las corporaciones policiacas para que no se repitieran casos de agresiones contra personas indocumentadas.
Nada de eso cumplió. Nunca hubo tal campaña, nunca se depuraron las policías y la ola de robos, extorsiones, secuestros, violaciones sexuales y asesinatos contra migrantes sigue vigente. Ahí están las notas periodísticas. Y más aún Duarte tampoco cumplió su palabra de deslindarse de su antecesor, el innombrable, como se lo dijo personalmente al padre Solalinde en aquel encuentro. El sacerdote comentó a los reporteros que lo esperaron en los pasillos de palacio de gobierno desconfiaba de su gobierno por las ligas con el exmandatario. A eso, el cordobés le respondió:. “padre yo le puedo asegurar que Fidel Herrera es Fidel Herrera y yo soy yo, y en los hechos voy a demostrarle que así es”.
Obvio el deslinde fue de saliva porque no hizo nada de lo prometido y ahora, casi tres años después el gobernante se volvió a “deslindar” de su antecesor durante el mensaje de su tercer informe de gobierno emitido en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Entonces, dada la experiencia de prometer lo que no cumple, pues solo los tontos le creerán eso de que romperá con el pasado. No lo hizo antes y no lo hará ahora ni después. Él y su hacedor están unidos, los dos son uno mismo, como dice aquella famosa canción del grupo Timbiriche. ¿No creen?.
EL PETATE DEL MUERTO
En su comparecencia ante diputados locales, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza anunció como un logro de gobierno que se han presentado 18 denuncias penales contra empresas constructoras que no cumplieron con la realización de obras y se rescindieron más de 200 contratos. Empero, el persignado funcionario pregona lo negativo como si fuera una acción a aplaudir cuando lo legal y correcto es que no se tuviera necesidad de perseguir a los defraudadores si hubieran entregado contratos a empresarios honestos y las 200 obras estuvieran terminadas y funcionando en servicio de los veracruzanos.
Y una vez más Buganza intenta “espantar con el petate del muerto” porque habla de procesos judiciales contra constructores corruptos pero no da nombres de ellos –algunos muy cercanos a los políticos estatales- ni tampoco mencionó a los extitulares de esa secretaría que permitieron esos chanchullos y que son tan culpables como los que no hicieron las obras. Si la lucha contra la corrupción en la SIOP fuera real, sus antecesores Raúl Zarrabal y Guillermo Herrera estarían también bajo querella pero en contraparte, ambos continúan protegidos: Raúl Zarrabal es diputado local por Boca del Río y Guillermo Herrera, es subsecretario de Turismo.
Lo dicho por el cordobés Gerardo Buganza hacen recordar el circo montado en enero del 2011 cuando anunció denuncias penales contra 115 exfuncionarios municipales, entre ellos 33 exalcaldes por un daño patrimonial por más de 156 millones de pesos en anteriores administraciones locales. Al final solo atraparon a la “morralla”, exfuncionarios de municipios muy pequeños y a los verdaderos saqueadores ni siquiera los molestaron pese a que Buganza dijo en ese momento que “en Veracruz no hay espacio para la impunidad y el imperio de la ley es una realidad”.
Ese mismo mes, enero del 2011, cuando grupos de reos del penal de Coatzacoalcos denunció que la delincuencia gobernaba las cárceles, Buganza Salmerón anunció una gran limpia en los reclusorios y ante los reporteros sostuvo enfático “en los penales mando yo”. Fue una falacia más porque los centros penitenciarios siguen como escuelas del crimen y Buganza nunca mandó ni hizo nada para corregir la situación en los centros penitenciarios. Ahora cacarea que castigará a los constructores corruptos y por tercera vez agita el petate del muerto ante los medios de comunicación. No hará nada.
