Por: Andrés Timoteo / columnista
CONSULTA (A LAS BASES)
La semana cierra con una “consulta pública” que desde ayer jueves inició el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para oficializar una decisión ya tomada: que se detenga el proyecto del nuevo aeropuerto en la región de Texcoco, Estado de México y en su lugar se construyan dos pistas más en la base militar de Santa Lucía, ubicadas en el municipio de Zumpango, también en el Estado de México, para ayudar a desahogar el tráfico aéreo del actual aeropuerto “Benito Juárez” de la capital.
La famosa “consulta” al pueblo se realizará hasta el domingo. Es decir, son cuatro días para que vote poco menos del 2 por ciento de todos los mexicanos y a pesar de las deficiencias técnicas y jurídicas del ejercicio, López Obrador promete que será vinculatoria, es decir que sus resultados se acatarán como mandato de gobierno y, por lo tanto, se transformará en decisión institucional cuando asuma la Presidencia.
Es evidente que esta consulta hechiza no reúne los requisitos para considerarla constitucional y menos democrática porque la organiza un partido político, Morena, que al mismo tiempo promueve una de las respuestas y además será el que cuente los votos de una minúscula parte que fue convocada -de los más de 120 millones de mexicanos-.
A la par, se pide a los mexicanos acudir a votar por una de las dos opciones, pero es palpable que la mayoría de los que responderán al llamado no tienen la información técnica suficiente para decidir el sufragio. Los que voten lo harán como reacción a un llamado partidista y en base a la propaganda basada en números que desde la campaña electoral se ha manejado: se ahorrarían 100 mil millones de pesos si se escoge a Santa Lucia en lugar de Texcoco, es lo que se ha machacado al imaginario colectivo.
En fin, no es un secreto que las consultas públicas, plebiscitos y referéndums son instrumentos valiosos para la tan anhelada democracia participativa -la participación de la mayoría de las personas en decisiones públicas o de gobierno-, pero también han sido usados para avalar decisiones de regímenes totalitarios.
El argumento de que fue una decisión tomada por el pueblo y no por el gobernante, sirvió -en dos ejemplos más recientes- para que el fallecido Hugo Chávez se reeligiera varias veces como presidente de Venezuela o para que Colombia se entrampara en un brete luego de una consulta efectuada en el 2016 para la firma de la paz con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la que ganó el “No” promovido por el expresidente Álvaro Uribe, como parte de la guerra política contra su rival, el entonces mandatario en funciones, Juan Manuel Santos.
La idea de López Obrador para consultar a la población sobre decisiones gubernamentales es excelente, pero la forma de hacerlo es desastrosa porque se antoja como una mascarada para justificar una decisión que ya tomó personalmente. Es cierto, como mandatario le correspondía hacerlo, sin necesidad de consultarlo con la gente, pero el trasfondo es no cargar con las consecuencias económicas y políticas de una mala decisión: si el proyecto sale mal, la culpa será del pueblo, no del próximo presidente. Tal es la lógica del caudillo.
En Veracruz se instalarán mesas de consulta en cien municipios y 16 de ellos están ubicados en la zona centro: Córdoba, Orizaba, Fortín de las Flores, Huatusco, Ciudad Mendoza, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Coscomatepec, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Café, Nogales, Omealca, Paso del Macho, Río Blanco, Tezonapa y Zongolica.
Lo cuestionable es que, si bien la gente puede acudir a opinar en ellas, todo parece indicar que los que acapararán la participación son los militantes de Morena. En esas condiciones, esto es una consulta a las bases partidistas más que un referéndum.
REFORMAS LIBERTARIAS
En otro tema, pero que también trata de decisiones públicas con transcendencia crucial, desde el martes pasado ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa de cambios constitucionales que sacudirán a la Iglesia Católica y sus grupos retardatarios. Se trata de la propuesta hecha por el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo -el estatus de autor demuestra la prioridad que tiene dicho legajo para ser aprobado- a fin de reformar siete artículos de la Constitución Política.
Lo anterior para actualizar los conceptos de familia, procreación y educación, así como adecuar las políticas agrarias y laborales para eliminar la discriminación de la mujer. Y los cambios más explosivos, y que se seguramente lanzará a los feligreses y ultraconservadores -entiéndase: mochos- a las calles, están en los artículos tercero y cuarto.
El primero de ellos tiene que ver con la educación y se adiciona una línea que ordena que “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO -se pone en mayúscula lo agregado para diferenciarlo del texto original, no es una falta de respeto al lector- todas las facultades del ser humano”.
En el mismo artículo tercero se añade: “fomentará en él (ser humano) el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, LA IGUALDAD SUSTANTIVA, y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia”. ¡Boom! Es decir, en las escuelas se educará a los niños sobre género y eso significa darles a conocer la diversidad sexual y enseñarlos a respetarla.
Pero el cambio legal que va a zarandear siglos de doctrina católica se encuentra en el artículo cuarto en el cual se cambiará la definición de familia y se otorgará a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo. El texto vigente, hasta ahora, expone que la Ley “protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
La propuesta ingresada el pasado martes establece que la Ley “protegerá EN IGUALDAD DE DERECHOS la organización y el desarrollo DE TODAS LAS ESTRUCTURAS, MANIFESTACIONES Y FORMAS DE COMUNIDAD FAMILIAR, INCLUYENDO A LAS INTEGRADAS POR PAREJAS DEL MISMO SEXO, CON O SIN HIJOS, QUE ESTÉN BAJO LA FIGURA DE MATRIMONIO, CONCUBINATO O ALGUNA OTRA UNIÓN CIVIL”.
De esta forma, al colocar bajo el amparo legal a la “comunidad familiar” con todas sus “formas, estructuras y manifestaciones” se rompe con el concepto religioso de “familia” compuesta por hombre, mujer e hijos. El arquetipo de la Sagrada Familia -Jesús, María y José- ya no será vigente para la constitución mexicana si se concretan esas reformas.
AUTONOMÍA REPRODUCTIVA
Y aún hay más, en el mismo artículo cuarto se agregan varios párrafos y dos de ellos son de avanzada en la protección de la diversidad sexual y el derecho a la reproducción sin la presión de las ideologías religiosas. En pocas palabras, el útero dejará de ser propiedad divina.
Los textos que se adosarán dicen: “TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA SEXUALIDAD, A DECIDIR SOBRE LA MISMA Y CON QUIEN COMPARTIRLA, A EJERCERLA DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, SIN COERCIÓN O VIOLENCIA, ASÍ COMO A RECIBIR LA EDUCACIÓN INTEGRAL CORRESPONDIENTE”.
Además: “TODA PERSONA TIENE DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA, ASÍ COMO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE, INFORMADA Y SEGURA SOBRE TENER HIJOS O NO, CON QUIÉN Y EL NÚMERO E INTERVALO ENTRE ÉSTOS”
“ASÍ COMO A RECIBIR SERVICIOS PARA ACCEDER AL MÁS ALTO NIVEL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ESTO INCLUYE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO POR ESTERILIZACIÓN INVOLUNTARIA O DE CUALQUIER OTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO FORZADO”.
Para azuzar más a la guerra cristera en ciernes, desde el artículo primero de la Constitución se prohibirá la discriminación “POR IDENTIDAD Y LA EXPRESIÓN DE GÉNERO”, o sea que toda persona que decida asumirse como mujer u hombre sin importar que haya nacido con un sexo diferente, gozará del amparo de la Ley.
A parte de los siete artículos constitucionales a modificar -los otros son el 26, 27, 29 y 123- se proponen tres transitorios y uno de ellos, el segundo, da un plazo de 180 días -6 meses- para que se adecuen leyes secundarias -códigos civiles y penales- y para que los congresos estatales armonicen las constituciones locales conforme a la carta magna.
De aprobarse dichas reformas en San Lázaro, los diputados veracruzanos estarán obligados a cambiar las leyes e incorporar dichas libertades. Ya no será decisión de los políticos locales sino un mandato constitucional legislar sobre el aborto, el nuevo concepto de familia y la diversidad sexual. Habrá que esperar la reacción-presión del clero, pero en tanto este paquete de reformas legales es veneno para las hadas, dirían los apocalípticos.
