Por: Juan Carlos Sánchez Magallán / columnista
La protección al consumo de las personas está ligada al desarrollo de la humanidad. Desde que surgió el hombre hasta nuestros días, somos consumidores. Esta evolución se dio desde “la ley del más fuerte”, pasando por las costumbres, normas, reglamentos, leyes e instituciones para su defensa que nos hemos dado. Generar condiciones de igualdad entre lo desigual es el propósito fundamental para evitar que se afecten los derechos de seguridad, salud, patrimonio e incluso la vida de los consumidores. Fue a partir del siglo XX en el vecino país del norte que conflictos como: el aumento de precios en los fármacos (1906) y cárnicos (1914), en plena depresión económica en los treinta por las prácticas ilícitas o fraudulentas, que provocaron una huelga de amas de casa en Detroit.
En 1960, el aumento desmedido de precios en luz, teléfono y combustible, el incremento a los intereses de largo plazo y la acción de los medios masivos de comunicación provocaron la creación de la primera Federación Internacional de Consumidores. Siendo el presidente John F. Kennedy, en 1962, quien, frente a su Congreso Legislativo solicitó una regulación para proteger a los consumidores de su país en cuatro sentidos: derecho a productos y servicios seguros, a ser informado, a elegir y a ser escuchado.
En esa década, en Europa surgen asociaciones privadas de consumidores, se imprimieron revistas y artículos en su defensa, aparecieron las primeras transmisiones radiofónicas y televisivas dedicadas a la información y a la educación de los consumidores, congresos, mesas redondas y debates sobre la posición del consumidor y sus derechos, provocando que se aprobara la Carta Europea de Protección a los Consumidores (1973).
Documento base adoptado por la Comunidad Europea (1975) y ratificado en Maastricht por la Unión Económica Europea (1992); antes, la Organización de las Naciones Unidas aprobó las Directrices para la Protección al Consumidor (1985), sugiriendo a los Estados miembros la creación de organismos defensores del consumidor.
México fundó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 1976, institución madre de la Conamed, la Condusef, la Cofepris, la Cofece, para eficientizar la atención a los usuarios, varias sin mecanismos coercitivos para el cumplimiento de la Ley.
En nuestro País, al igual que en Europa y Estados Unidos, se ha desarrollado un esquema de vigilancia de mercado en materia de seguridad de productos por parte de la Profeco, cuyo titular, Rogelio Cerda Pérez, preside la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS), organismo coordinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que existe el Sistema Inteamericano de Alertas Rápidas (SIAR); acción que permite a los países miembro alertar con oportunidad a sus comunidades e implementar medidas adecuadas de vigilancia y retiro de productos que pongan en riesgo a las personas.
Recordemos que desde antes de nacer hasta nuestra muerte, somos consumidores, e incluso después de ella. Así, desde que despertamos hasta que descansamos al dormir generamos actos de consumo. De esta manera, en Guadalajara, Jalisco, México fue anfitrión del XII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), que opera como mecanismo de cooperación y diálogo informal multilateral, especializado en el análisis y discusión de políticas públicas de los consumidores mediante la aplicación de las leyes propias de cada nación.
Presentes estuvieron: Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, quienes por conducto de sus grupos de trabajo revisaron temas relevantes como integración del Atlas Digital Iberoamericano de Telecomunicaciones, acciones colectivas, turistas, directrices de la ONU, autorización y códigos de buenas prácticas y actividades de organismos internacionales de interés para el FIAGC, que por tercera ocasión lo preside la Profeco.
Con estas prácticas políticas se ratifica que es el multilateralismo internacional el que debe prevalecer frente al unilateralismo omnímodo que pretenden ejercer líderes de naciones y empresas multinacionales. ¿O no, estimado lector?
