Por: Andrés Timoteo / columnista
LA SUERTE DUARTIANA
Hoy miércoles se realizará la audiencia judicial intermedia del exgobernador Javier Duarte de Ochoa en la que se valorarán las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para sustentar las acusaciones penales en su contra. La atención pública está puesta en los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pues muchos anticipan que podrían dictarle libertad condicionada al exmandatario estatal.
Pese a la versión, no se llegará tanto -por el momento- ya que para emitir un fallo de libertad bajo caución se requiere convocar a otra audiencia judicial, señalan los conocedores. Lo que sí hará el Juez del caso es verificar las 82 pruebas que el Ministerio Público tiene contra Duarte, acusado de encabezar una red de funcionarios, prestanombres y empresas ‘fantasma’ para desviar miles de millones de pesos.
A mediano plazo sí hay la posibilidad de que el exgobernador logre salir de la cárcel, ya que tiene amigos influyentes tanto en el priismo que ya se va del poder -empezando por el todavía presidente Enrique Peña Nieto- como en el morenismo que comenzará a gobernar en diciembre. Tan es así que sorpresivamente el mes pasado la PGR reconfiguró las acusaciones en su contra y se desdijo de los señalamientos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En su lugar, le atribuyó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, lo que abrió la ruta para que su defensoría pida que continúe el proceso judicial en libertad. Pero no será mañana ni las semanas siguientes, esperará a diciembre porque si pide salir antes de prisión, sería detenido y traído a Veracruz para que responda por al menos tres acusaciones penales que se le imputan, una de ellas por desaparición forzada de personas.
Duarte le tiene miedo al gobernador Miguel Ángel Yunes, pues ha prometido que, si es liberado, los agentes estatales lo detendrán y traerán al penal de Pacho Viejo. Por eso se siente más seguro en el Reclusorio Norte. Y en la víspera de la audiencia judicial, Duarte envió mensajes a Los Pinos y a los nuevos gobiernos que encabezará Andrés Manuel López Obrador, en lo federal, y Cuitláhuac García, en lo estatal.
En una entrevista concedida al periódico El Heraldo de México (http://cort.as/-AXgB), Duarte da tres mensajes: “El pagador fui yo. A mí me achacan todos los males”, una especie de queja. Se plañe por las felonías del Gobierno Federal y de sus colaboradores -léase: cómplices- pues dice que él ha sido leal “a pesar de vivir traición tras traición, a pesar de que personas dizque cercanas a mí han declarado babosada y media”.
Concretamente, a Peña Nieto, horas antes de su audiencia judicial: “Sigo siendo institucional y leal al jefe de las instituciones, sigo siendo un soldado del Presidente, a pesar de todo. Desde el principio decidí apoyarlo, desde hace años tenemos una relación institucional y personal, que para mí continúa”.
Traducción: No lo ha delatado que fue beneficiario del saqueo del tesoro veracruzano para su campaña electoral del 2012 y se mantiene firme en guardar silencio, pese al proceso judicial. En la PGR, dice, “han sido agresivos e implacables en mi caso”.
El otro mensaje es para López Obrador. Habla de un supuesto acuerdo entre ambos que, negándolo, lo confirma como señalan los que saben de sicología del lenguaje: “Piensan que el presidente electo AMLO y yo somos amigos…No lo conozco!”. ¿Y qué opina de él?, le cuestiona el entrevistador y viene el piropo envuelto con celofán: “Es el Presidente más legítimado. Ganó a pulso, por como trabajó para llegar a donde está”.
La política se teje como el macramé, dicen algunos, los primeros nudos hacen posibles los nudos secundarios y terciarios. No hay que olvidar que cuando Duarte fue detenido en Guatemala en el 2017, el propio López Obrador lo definió como un “chivo expiatorio”, es decir, un inocente acusado de las culpas de otros.
Otro amigo de Duarte está en Veracruz y es el gobernador electo, Cuitláhuac García, quien se ha cansado de fustigar al actual mandatario por emprender la persecución penal contra el saqueador. García Jiménez ha llegado al grado de decir que Duarte y su esposa Karime Macías padecen los “excesos” persecutorios de Yunes Linares. Esa es la suerte duartiana, tener amigos influyentes.
En la entrevista al diario capitalino el exGobernador se burla otra vez de los veracruzanos, a los que saqueó, al afirmar sin pudor que su familia vive modestamente y hasta pasa apuros financieros. “Mi familia, Karime (Macías) y mis hijos viven de manera austera, sin lujos. A veces batallamos, incluso, para pagar las colegiaturas de los niños”. ¡Vaya tipo tan caradura!
EL ROBO DEL SIGLO
El latrocinio de Duarte de Ochoa fue tanto que se sigue resintiendo y continuará afectando las finanzas estatales durante las próximas décadas. Ayer, durante la reunión del Gobernador, con los integrantes del Comité Ciudadano de Seguimiento al Proceso de Entrega-Recepción, se detallaron cifras de los pasivos que invariablemente se transferirán al nuevo Gobierno que iniciará funciones en diciembre.
Se hizo la crónica de los pasivos heredados en los últimos cuatro gobiernos: Patricio Chirinos dejó 23.3 millones de pesos en deuda; Miguel Alemán 3 mil 538 millones; el innombrable 21 mil 499 millones y Duarte 47 mil 514 millones. En términos llanos fue el robo del siglo en los últimos dos sexenios. Esto provocó que el 12 de diciembre de 2016 se decretara la emergencia financiera por el riesgo de una quiebra y paralización de la Administración estatal.
Esos pasivos se tuvieron que reestructurar -renegociar con los acreedores- por el actual Gobierno. Las cifras fueron dadas ayer: del monto de 47 mil 514 millones de pesos de deuda se redujo a 46 mil 740 millones. O sea, en estos dos años se bajó en 774 millones de pesos la deuda heredada.
El gobernador electo, Cuitláhuac García debería de poner atención a las cifras dadas ayer -más que dedicarse a descalificar a los integrantes de ese comité- porque es lo que va a recibir, que no es la herencia de Yunes Linares sino de Duarte, ese al que define como “víctima de los excesos judiciales”, queriéndole dar un giro al agravio social, pues las verdaderas víctimas son los veracruzanos.
DIGNIDAD POST-MORTEM
En Veracruz, como en Jalisco y otras entidades, las instalaciones de los servicios forenses están rebasadas. La ola de violencia ha dejado un reguero de cadáveres en todo el País y cientos permanecen en las morgues oficiales, porque nadie los reclama. La legislación vigente prohíbe inhumarlos hasta que no tengan el perfil genético completo -el análisis del ADN- para que después puedan ser ubicados si alguien los busca.
Obviamente la burocracia y a veces la corrupción, impiden siquiera concluir el procesamiento de datos sobre el cuerpo para que éste pueda ser enterrado. Otro problema es la carencia de cementerios. A nivel estatal hay un proyecto para crear seis de los llamados “panteones ministeriales”, es decir, lugares para sepultar exclusivamente los cuerpos que hayan sido sometidos a trabajo legista por corresponder a víctimas del crimen y que están pendientes de ser entregados a sus familiares.
Los municipios de Xalapa, Tantoyuca, San Juan Evangelista, Cosoleacaque, Cosamaloapan y Veracruz deben donar un predio para estos cementerios forenses, proceso que tiene que ser avalado por el Congreso Local. A la fecha todo está en trámites, nada aterrizado por la lentitud burocrática tanto municipal como legislativa, como si el asunto no tuviera una prioridad relevante.
La importancia de tener un sitio donde reposen esos restos tiene que ver con el decoro para movilizar, almacenar y, en su caso, procesar forensemente los cadáveres. Es un asunto de dignidad post mortem para las víctimas. El trato honorable que se le debe dar a un cuerpo sin vida es algo fundamental para la sociedad, como dice el sociólogo chileno Claudio Lomnitz-Adler: la deshonra de los muertos es la deshonra de los vivos.
En un México saturado de cadáveres sin reconocer, de cuerpos perdidos en fosas clandestinas u olvidados en las morgues -y ahora hasta en frigoríficos ambulantes- es insoslayable “limpiar esa mancha terrible”, dice el estudioso y agrega que eso “implica hacer lo que se pueda por identificar a cada uno de los muertos cuya identidad ha sido borrada, y trabajar para conectar a cada uno de ellos con los seres queridos que pudieron haber tenido, y procurar que sus pueblos y comunidades, y que el País, los reconozca como propios”.
Si a la víctima se le trató indignamente en vida, secuestrándola, torturándola, asesinándola o descuartizándola, es reprobarle que tras su muerte se continúe dando un tratamiento soez a sus despojos. Eso es “equiparar la vida humana con la basura”, agrega Lomnitz.
De manera similar que en Jalisco, donde ha estallado un escándalo mediático por un tractocamión con un contenedor refrigerante en cuyo interior había casi dos centenares de cadáveres y que era llevado de una colonia a otra, pues molestaba a los lugareños por los olores fétidos que expedía, en muchas partes del País los gobiernos locales tienen que recurrir a sistemas de almacenamiento alternos para desahogar las morgues.
En Veracruz, según declaraciones del fiscal general Jorge Winckler, se compraron dos frigoríficos para almacenar los cuerpos no reclamados, aunque ninguno -que se sepa- anda rondando de sitio en sitio como en Jalisco. De acuerdo con los reportes oficiales, a nivel estatal hay más de 300 cadáveres que ya tienen un perfil genético, pero que no han sido reclamados ni se ha logrado confirmar si pertenecen a alguna de las víctimas de desaparición forzada que se tienen en los listados oficiales.
Esos 300 cuerpos permanecerán en los frigoríficos hasta que logren ser conectados con alguna víctima -darles una identidad- o hasta que haya un lugar para sepultarlos que no sea la fosa común ni la sepultura perdida. Tendrán, eso sí, una tumba casi anónima, la cual lleve algún número o una clave de expediente. Serán los ‘muertos desconocidos’ en cementerios que se convertirán en símbolos de la tragedia que se vivió. Esa es la dolorosa realidad en Veracruz y en casi todo el País.
