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El minutero

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LA REVOLUCIÓN

 Días extraños se viven en México, incluso más bizarros que cuando gobernaron los panistas y en los que muchos pronosticaron que exterminarían todo rasgo de patriotismo y laicidad. Identificados desde sus orígenes históricos con la ultraderecha, el conservadorismo, la religiosidad –mocharía, pues- y la intolerancia, los azules no lograron desmantelar los festejos patrios y paradójicamente lo hicieron los priistas al regresar a la Presidencia de la República con el copetón Enrique Peña Nieto que ha decidido suspender el desfile de este miércoles 20 de noviembre.

Lo anterior a pesar de que el partido en el poder lleva en el nombre el término “Revolucionario”, aunque muchos estudiosos del quehacer político que sostienen que de nueva vez deberían cambiarle el nominativo pues de revolucionario no tiene nada. Actualmente es una institución de derecha rumbo a la extremidad, más que el PAN. Así, gobiernos priistas estatales han promovido en sus estados leyes locales impregnadas de intolerancia y resabios religiosos como si fuera panistas. Ahora, el copetón Enrique Peña Nieto decidió suspender el desfile conmemorativo de la gesta revolucionaria pero además pretende privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como todo un gobernante de derecha, también tiene en la mira el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la educación pública. De hecho ya lo hizo con la reforma educativa que es el primer paso para privatizar la formación académica, acabando con los preceptos revolucionarios de la gratuidad y laicidad. Respecto al desfile revolucionario, la medida del Gobierno federal para suspenderlo en la capital del país la han imitado muchas administraciones locales, entre ellas las de Córdoba, Veracruz y Boca del Río. El pretexto es la movilización magisterial que se mantiene para repudiar la reforma educativa pero no es más que eso, un pretexto, porque se pudo negociar la realización del evento.

 En el Distrito Federal, los gobiernos federal y el de la Ciudad de México han hecho acuerdos con los maestros disidentes para liberar espacios públicos y éstos se han respetado, ahora se pudo realizar de igual forma pero se optó para borrar la tradición patria de una vez por todas, así, de un plumazo. Mientras tanto en Veracruz se suspendieron desfiles en los municipios citados porque ni los alcaldes ni el gobernante en turno tienen la capacidad de negociar, se han ganado a pulso el repudio de los maestros y si alguno de ellos se para enfrente de ellos para tratar de dialogar, seguramente intentarán lincharlo. Y como el miedo no anda en burro, prefirieron cancelar las marchas alusivas a la Revolución.

 Empero, no hay mal que por bien no venga y cómo dicen los filósofos: tampoco hay espacios que permanezcan vacios porque siempre alguien los llena, y así, los maestros, obreros, campesinos, activistas, víctimas de la violencia y demás que quieran una tribuna para hacerse oír podrán desfilar portando sus denuncias públicas, patentizando su protesta ante los atropellos y repudiando a la clase política. Ese será el nuevo desfile y de esta manera –vaya, lo que son las cosas- el pueblo recuperará su espacio para manifestarse en una fecha totalmente significativa después de que durante un siglo la misma estuvo acaparada a los actos oficiales. Hoy vuelve el desfile revolucionario a manos del pueblo y obviamente se convierte en escenario de rechazo al mal gobierno, como hace poco más de cien años.

Aunque en Xalapa no se suspenderá el desfile, según los funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el mismo servirá para la protesta y si el gobernante Javier Duarte de Ochoa se aparece en el templete oficial pues será el blanco ideal para la rechifla y las trompetillas. Ante ese riesgo, seguramente el desfile revolucionario en la capital del estado se convertirá en una exhibición de la fuerza policiaca para “blindar” al funcionario y apalear a todo el que le dedique un grito de protesta, un silbido o una porra irreverente hacia el cordobés. Son los nuevos tiempos revolucionarios en Veracruz donde el pueblo está bajo amenaza de represión policiaca si se atreve a reclamar.

 Pese a ello, los maestros, activistas, alumnos y padres de familia que mantienen la protesta por los cambios legales en materia educativa no se dejan amedrentar y anunciaron marchas en todas partes pese a la intolerancia en vilo. De una forma, ellos están escribiendo la historia actual.

 

EL BRAZO ARMADO

 No se puede decir que sea mala suerte sino más bien son gajes del oficio. A la reportera xalapeña Norma Trujillo le ha tocado lidiar, al realizar entrevistas, con puro tipejo de baja ralea y peor aún, protegidos del gobierno estatal. Actualmente la compañera está bajo el acoso de la agrupación Antorcha Campesina, uno de los brazos armados del PRI, cuyos líderes en el estado, Samuel Aguirre y su esposa, Minerva Salcedo Baca, se enojaron porque fueron exhibidos en la publicación de la periodista que documentó, el pasado 5 de noviembre, las órdenes de Saucedo para que un grupo de antorchistas se infiltrara entre la muchedumbre que rodeaba la sede del congreso local con la orden de golpear a maestros y periodistas.

Molesta, la analfabeta Salcedo que ordenó amenazar a Trujillo, a través de llamadas telefónicas y recados con terceras personas, lo que ha generado el repudio de organizaciones nacionales e internacionales que exigen al gobierno mexicano proteger a la compañera ante los embates de la sobrada Minerva Salcedo, quien no habrá terminado la educación primaria pero si tiene las agallas de agarrar un machete y lanzarse contra quien la incómoda. Hoy como diputada priista tiene rienda suelta para hacer y deshacer, y por eso es peligrosa la andanada emprendida contra Norma Trujillo.

 Y como se decía líneas arriba, no es la primera experiencia desagradable de la periodista pues en febrero del 2010 cuando el vetusto cacique César del Ángel Fuentes llevó a los campesinos del Movimiento de los 400 Pueblos a bailar desnudos en Xalapa y anunciar que perseguirían al que entonces precandidato de Acción Nacional a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, también agredió verbal y físicamente a la compañera que lo cuestionó sobre su oportunismo electoral. Del Ángel Fuentes manoteó fingiendo dar cachetadas a la reportera y en el último movimiento le alcanzó el rostro, al tiempo que la tildaba de ingenua por lanzar tal pregunta. De eso fueron testigos varios compañeros que se indignaron porque el tipo le tocó la cara a Norma Trujillo cuyo único delito fue hacer su trabajo.

Por supuesto, Del Ángel no fue ni castigado ni reprendido, al contrario se sabe que el innombrable rió a carcajadas cuando leyó la noticia de la agresión y hasta felicitó al tipejo. Nadie debe extrañarse ni indignarse pues ambos son de la misma calaña. Dos años después, en enero del 2012, el mismo César del Ángel, ahora bajo el manto del duartismo, mandó a sus huestes a atacar las instalaciones de los periódicos Veraz y Formato Siete editados por los columnistas Claudia Guerrero y Manuel Rosete. El dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos se burló de las exigencias de ambos comunicadores y del gremio para que fuera castigado. Nunca se le llamó a cuentas porque tenía permiso para hacer de las suyas sin que hubiera consecuencias.

Hasta la fecha Del Ángel sigue impune y todavía más, lo premiaron con una diputación plurinominal en el tricolor para su hijo, Marco Antonio del Ángel Arroyo. Ahora, el vástago de los 400 Pueblos y la Mujer Antorcha tienen curules que les garantiza impunidad en la era duartista. Ambos son dinamita pura: tienen fuero y permiso para amenazar, golpear, escupir, arañar, sabotear y lo que sea necesario. Así son ellos y así les permiten comportarse.

Por cierto, cuando se dice que Antorcha Campesina es el brazo armado del tricolor no es exageración ni difamación, los hechos hablan por sí solos. En Córdoba operan como una organización casi criminal al igual que en otras ciudades y sobre todo en las regiones rurales del estado donde opera esta agrupación de la cual se cuentan historias de terror cometidas por los seguidores de Aguirre y Salcedo. Una de las más ominosas, que terminó en tragedia, los retrata de cuerpo entero con su voracidad, agresividad y colusión con los gobiernos priistas. Se trata de lo ocurrido en el poblado popoluca de Ocozotepec, municipio de Soteapan, al sur del estado. Allí, 47 campesinos fueron despojados de sus tierras, 250 hectáreas, por grupos armados de Antorcha Campesina y de la Confederación Nacional Campesina (CNC), con la tolerancia del Gobierno estatal.

Los que protestaron fueron apaleados y amenazados de muerte pero uno de ellos, Ramiro Guillén Tapía, se resistió y a través de su organización, el Comité Regional Pro-Defensa de los Derechos Humanos del Sur de Veracruz, inició una larga lucha para recuperar los terrenos y denunciar los atropellos de los antorchistas. No tuvo eco, 107 veces viajó con varios campesinos a Xalapa para intentar una audiencia con el gobernante en turno, el innombrable, y las 107 veces no fue recibido. Tras el último intento, el primero de octubre del 2008, Guillen Tapia se inmoló en la Plaza Lerdo prendiéndose fuego como protesta no sólo a la negativa del innombrable para recibirlos sino a la protección que ofrecía a los grupos delictivos de Antorcha Campesina.

Don Ramiro murió tras 19 horas de agonía y sólo así, el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) revisó el expediente sobre la denuncia de despojo. Sin embargo, a nivel estatal se guardó silencio y aún más, se intentó difamar al activista para desvirtuar su inmolación. Los hechos y las complicidades se concatenan. La de Ocozotepec y la del luchador social, Ramiro Guillén Tapia es una de las tantas historias macabras de Antorcha Campesina y sus cabecillas en Veracruz que hoy despachan desde el Poder Legislativo gracias al amparo de la prosperidad.

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