Por: Andrés Timoteo / columnista
LA SIEMBRA SINIESTRA
La descripción hecha de Veracruz, en marzo del 2017, por el sacerdote Alejandro Solalinde al definirlo como “un enorme cementerio”, adquiere ahora el carácter de una profecía que se cumple, pero no porque un ángel celestial se la haya revelado en sueños sino porque el activista ha convivido con víctimas sobrevivientes de la tragedia que sucede en el País y tiene información de primera mano.
El padre Solalinde, responsable del albergue “Hermanos en el camino” en Ixtepec, Oaxaca, advertía que en la entidad veracruzana podría hallarse el osario más grande del País, pues hasta ahora -en esa fecha, marzo del 2017- “lo peor no se ha visto, aún está por descubrirse”. Mencionaba algunos puntos que estarían ‘sembrados de cadáveres’, que fueron cementerios clandestinos tanto del hampa como de las policías involucradas en el crimen: Tierra Blanca, Acayucan, Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba.
Pues bien, ayer la Fiscalía General del Estado informó sobre el hallazgo de otro conjunto de fosas clandestinas en las que al momento han sido localizados los restos de 166 personas. Según el fiscal Jorge Winckler, este cementerio clandestino se ubica en la zona Centro, aunque se reservó la identificación del municipio y coordenadas exactas como estrategia para no arriesgar la seguridad de los policías y científicos que allí realizan el trabajo forense.
Sin embargo, señaló que se trata de un predio de aproximadamente 300 metros cuadrados y que fue ubicado desde el pasado 8 de agosto luego del testimonio de una persona que conocía del lugar. Por la ubicación, podría tratarse de alguno de los lugares citados por Solalinde, además de que el número real de personas inhumadas clandestinamente podría elevarse por los mismos datos ofrecidos por el fiscal Winckler Ortiz.
Dijo que en 32 puntos de ese predio -entiéndase: excavaciones- “se han localizado, además de restos humanos, más de 200 prendas, 114 identificaciones, así como diversos accesorios y artefactos personales. Del análisis antropológico de los hallazgos, ha sido posible determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos 2 años de antigüedad”.
Así, hoy Veracruz encabeza la lista nacional del horror con dos enormes fosas clandestinas, una con 166 víctimas de asesinados e inhumación ilegal, de la que acaba de dar cuenta la Fiscalía, y la otra en Colinas de Santa Fe, cerca de la ciudad de Veracruz, donde se hallaron restos de al menos 280 personas, y que es considerada hasta ahora la segunda fosa clandestina más grande del País, después de las de San Fernando, Tamaulipas, de las cuales se extrajeron restos de 265 personas entre el 2010 y el 2011.
A Tamaulipas y Veracruz se suma Morelos, donde en el 2014 se encontró la fosa clandestina de Tetelcingo con 117 víctimas y Coahuila, donde del 18 al 20 de marzo del 2011, sicarios del cártel de Los Zetas rodearon el pueblo de Allende y con ayuda de información catastral del Ayuntamiento encabezado por el alcalde, Sergio Lozano y de los policías municipales, localizaron asesinadas 42 personas.
Esa cifra es la oficial, aunque el reporte de la investigación independiente realizada por El Colegio de México y coordinada por el académico Jorge Aguayo da cuenta de más de 300 más desaparecidas, presuntamente incineradas o disueltas en acido, para borrar toda huella, tanto de su existencia como de su asesinato.
Tan solo con esos casos en las cuatro entidades suman casi mil personas -870 si se toman en cuenta los reportes oficiales-, una cifra mínima si se repara en los cálculos de todos los desaparecidos del País, unos 35 mil. Entonces, podría considerarse una especie de muestra aleatoria -si se permite el término para un caso terrible- de lo que hay en realidad en el suelo de todo el País.
Y la siembra del horror seguirá dando frutos en los meses, años y décadas siguientes. Por ello, es insoslayable tener los instrumentos necesarios para atender la hecatombe, tanto tecnológicos y científicos como de voluntad política en el caso de las autoridades. Si no se pudo o no se quiso detener las masacres y enterramientos clandestinas en su momento, ahora se debe ofrecer justicia a las víctimas, identificándolas y regresándolas a sus familias.
De ahí la importancia del llamado que hace la Fiscalía estatal para que todos los que tengan un familiar en calidad de desaparecido, acudan a donar muestras genéticas para que sean cotejadas con los perfiles que la Policía Científica ha elaborado, a partir del análisis forense levantado en la fosa que se descubrió recientemente.
Es duro, pero es la realidad: los desaparecidos no aparecerán mágicamente. Hay que buscarlos y atenerse al protocolo científico para acceder a lo que muchos consideran hoy como un milagro: encontrar al ausente, sepultarlo decentemente y procesar su pérdida con el duelo personal y colectivo para tratar de sanar las heridas espirituales y las sociales. Eso es parte de la tan mencionada justicia transicional que en Veracruz se inició hace dos años.
LA “SALA SOSA”
Aun cuando desde el comienzo de su gestión, en diciembre del 2016, ha sido el blanco de cuestionamientos de todo tipo, desde éticos hasta políticos, en los últimos días arreció la metralla mediática contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, por afectar los intereses de su antecesor, el duartista Alberto Sosa Hernández.
Este señor está furioso contra Álvarez Peña porque propuso y logró que el Consejo del Poder Judicial desapareciera de una de las cuatro salas en materia penal y que es, precisamente, donde despachaba a sus anchas y hacía sus negocios. No es un secreto entre magistrados ni entre abogados que dicha sala era la ‘zona de confort’ del expresidente del TSJE.
La ‘Sala Séptima’ -a la que los sarcásticos también llaman “SS” o la “Sala Sosa”- era una parcela de dominio de Sosa Hernández y en los corrillos abogadiles se decía que la manejaba como si fuera su bufete personal pues allí se arreglaban sentencias y se otorgaba impunidad o castigo a quienes sabían o despreciaban corresponder con los debidos emolumentos bajo la mesa.
Era un negocio de muchas cifras, afirman los que saben. Pues bien, dicha sala fue cerrada el miércoles pasado y los tres magistrados de esta -Martha Ramírez Trejo y Raúl Pimentel, son los otros dos- serán reubicados a otras y seguramente los pondrán a trabajar en asuntos que sirvan a la justicia y no a sus intereses.
Aun así, Álvarez Peña no se salvó de la andanada mediática azuzada por el mismo Sosa Hernández, quien todavía conserva resortes de influencia en determinada prensa local -entiéndase: solvencia para el pago de gacetillas- y ordenó reciclarle al sureño todo tipo de señalamientos y es seguro que la metralla mediática continuará por un buen rato. Es más, el rapapolvo se acrecentará cuando inicie el gobierno del morenista Cuitláhuac García, quien abiertamente ha mostrado su rechazo a Álvarez Peña.
Aun con eso, lo más seguro es que García Jiménez tenga que convivir con éste durante doce meses, porque su período al frente del TSJE termina en diciembre del 2019. Empero, como en política no hay nada escrito y Álvarez Peña tampoco es un dechado de congruencia y estoicismo a nadie le extrañe que, una vez iniciada la nueva Administración, el sureño presente su renuncia voluntaria para tratar de congraciarse con el nuevo poderoso. Así son ellos y así es él.
GUERRA DE LAS SOTANAS
Son tiempos inéditos, aunque muchos los definan como apocalípticos. El Papa Francisco enfrenta su primera gran crisis al frente del Vaticano: la rebelión de un grupo de cardenales conservadores, liderados por los purpurados estadounidenses George Burke y Gerard Muller, y el arzobispo Carlo María Viganó, exnuncio apostólico en la Unión América y exsecretario de Estado del Vaticano.
Ellos han lanzado una severa acusación de complicidad contra el Pontífice en los casos de religiosos pederastas. Lo señalan específicamente de haber ignorado las denuncias contra el también cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore E. McCarrick, por abusar sexualmente de seminaristas. Tal señalamiento desató una tempestad en Roma y por supuesto, en toda la diáspora católica.
Hasta el momento, Francisco y sus voceros no han podido desmontar el escándalo, ligado a uno de los flagelos del clero católico: la pedofilia practicada por los que, se supone, son los representantes de Dios y ocultada durante décadas por todos los niveles de poder clerical, desde parroquias, diócesis y cardenalatos hasta la misma Santa Sede.
Pero como siempre ocurre, el diablo se esconde bajo casullas y ornamentos, y las acusaciones hechas contra el Papa Francisco no son otra cosa que parte de un plan bien aceitado del ala ultraconservadora de la jerarquía católica. Detrás de los cardenales y arzobispos de la levantisca, hay una conspiración para sabotear al pontífice progresista.
El sociólogo, Bernardo Barranco, experto en asuntos religiosos, denomina a ese encontronazo como una de las batallas iniciales de la “Guerra de las Sotanas” librada para controlar el Trono de Pedro. Los clérigos rebeldes buscan menguar el poder del Pontífice y la acusación de protección de pederastas no es el único misil de alto impacto y mayor daño que tienen los malquerientes del argentino.
Vendrán más obuses que ya están listos para ser disparados. No es un cisma, opina la mayoría de los estudiosos de la Iglesia Católica, pero los golpes sí afectarán la figura papal y a la institución misma. En contraparte, el Papa es el único monarca con poder real que hay en el mundo, con capacidad suficiente para responderles y someterlos. Entonces, habrá que esperar las batallas siguientes entre los ensotanados. Y no es un asunto del bien contra el mal sino de la lucha por un poder terrenal que se disimula con letanías e incienso.
