Por: Andrés Timoteo / columnista
DESPUÉS DEL ‘DÍA D’
Transcurre la post-semana del final del Fuero constitucional para los pillos que dejaron de ser diputados federales y todos los veracruzanos están a la expectativa, esperando la noticia de que alguno de ellos sea capturado y juzgado por sus tropelías durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. La leyenda urbana cuenta que en el reclusorio de Pacho Viejo hay reservaciones para esos huéspedes, celdas esperando, pues.
La emoción de encontrarse con sus excompañeros de gabinete hizo, por ejemplo, que al cordobés Antonio Nemi, exsecretario de Salud y que está preso allí desde diciembre del año pasado, le aquejara un mal digestivo -algunos dicen que diarrea imparable- por lo que tuvo que ser hospitalizado temporalmente fuera del penal.
Pues bien, a cinco jornadas después del ‘Día D’, que fue el viernes pasado, el último con fuero, todo está en aparente quietud -‘calma chicha’, dirían los jarochos-. Los policías veracruzanos y la Fiscalía estatal no han dado motivo para los gritos de júbilo o los alaridos de espanto -claro, eso para los afectados por la acción de la justicia-.
Los días corren y no hay para cuándo ir tras esos exfuncionarios. Son siete al menos los señalados directamente por su participación en el desfalco financiero de Veracruz: Edgar Spinoso Carrera, exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); Tarek Abdalá Saad, extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Alberto Silva Ramos, excoordinador de Comunicación Social.
También Jorge Carvallo Delfín, exsecretario de Desarrollo Social y exsecretario particular de Duarte de Ochoa; Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación; Erick Lagos Hernández, exsecretario general de Gobierno y Nohemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil. Esta última es la única mujer de ese grupo que está bajo señalamiento público por dañar el patrimonio de los veracruzanos.
En los merenderos políticos y, por supuesto, periodísticos, se cuchichea que al menos tres de ellos ya están en el extranjero: Tarek Abdalá, Edgar Spinoso y Alberto Silva. Habrían salido del País desde antes de entregar la curul, según cuentan, y estarían radicando en Atlanta, Texas y Canadá. ¿Será cierto?. Los otros no ponen un pie en Veracruz ni por error, para no exponerse a la detención fácil.
Dos días antes de dejar el escaño legislativo, el coatepecano Adolfo Mota asistió a inaugurar una calle en el municipio de Vega de Alatorre, pero desde entonces nadie lo ha visto. Los rumores señalan que la baladronada de Mota es porque habría negociado librar un encarcelamiento inmediato si devolvía los bienes robados, pero otros apuntan a que es por la confianza en los acuerdos con la próxima administración estatal para ser amnistiado.
Esas elucubraciones se tendrán que despejar en los días venideros. Hay en deuda para con los veracruzanos siete capturas pendientes, hablando de los ahora exdiputados, porque si se consideran a todos los ladrones del Gabinete Duartista, no alcanzaría Pacho Viejo para encerrarlos. Con esos siete sería un buen cierre de bienio, ¿no creen? Aunque también se adornaría el actual Gobierno si agrega otros granujas como Gabriel De Antes o mejor aún, al innombrable, el mentor de Duarte y todos ellos.
Indiciar a ese impresentable personaje significaría un ‘broche de oro’ para el actual Gobierno del Estado y, por supuesto, un brete tremendo a su sucesor que estará atrapado en la disyuntiva de darle impunidad, como se lo demandaría por el pacto que tienen, o ejercer la justicia tan esperada por los veracruzanos a los que robó y entregó a las garras del crimen organizado.
Ese será el dilema que, de ponerse en marcha, servirá para medir el talante del próximo gobernante estatal. Por lo pronto habrá que hacer las apuestas correspondientes a ver quién es el primero que cae en la picota en estos días. La emoción cala en la mayoría por verlos tras las rejas, con cadenas, grilletes y uniformes naranja. Bendecida sea la hora, dirían las abuelas del pueblo.
AZOTE TRANSEXENAL
En temas nacionales, México no está mejor que hace seis años, como lo aseguró el lunes pasado el todavía presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje por el Sexto Informe de Gobierno. Fue la gran mentira de su último reporte sobre la Nación. No hay condiciones económicas ni sociales más halagüeñas que en el 2012, cuando sus publicistas lo vendieron como “la salvación” del País.
Las reformas estructurales -energética, educativa, laboral y de comunicaciones- que presume como baluartes de su sexenio son un fracaso en términos sociales, y los beneficiados de éstas mismas fueron los grandes capitales nacionales y extranjeros, mientras que el resto de la población no obtuvo beneficio alguno.
Es más, algunas de esas Reformas Constitucionales son tan dañinas que hicieron regresar a México a la época porfiriana, cuando la riqueza energética -principalmente el petróleo- estaba en manos de particulares. Sólo en eso se mide el impacto del Gobierno peñista: los mexicanos ya no son dueños del petróleo, un retroceso de cien años para el País y las afectaciones a futuro serán desastrosas.
El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que se vende como “la esperanza de México”, ya no la salvación como Peña- buscará atenuar el entuerto, no revertirlo como originalmente pregonaba el tabasqueño, pues los acuerdos cupulares lo obligaron a dejar intocadas las concesiones sobre los hidrocarburos.
Lo que hará será invertir en las abandonadas industrias petrolífera y eléctrica para balancear las cosas. Si lo hace bien, en seis años tratará de acotar el saqueo disfrazado de inversión privada y modernización de esas industrias. Sin embargo, entre los temas pendientes y altamente negativos que deja ese sexenio hay otro peor, más incluso que la pobreza galopante y, acaso, que los escándalos de corrupción durante su sexenio.
Se trata del flagelo de la inseguridad pública y el dominio del crimen organizado. De tal azote transexenal no se libra ni el miserable ni el acaudalado, ni el enfermo ni el sano, ni el analfabeta ni el letrado. Lo que deja el mexiquense como herencia de su sexenio es la culminación de muchos años y gobiernos que no hicieron nada para detener a los cárteles del narcotráfico ni combatir la criminalidad.
Por supuesto, el sexenio de Peña Nieto es la prolongación de una política malograda en esa materia, muy posiblemente adrede, que inició con el panista Felipe Calderón Hinojosa. Entre los dos suman doce años de terror que ha registrado el País con un saldo mortífero, peor que el de una guerra convencional: 250 mil muertos, 35 mil desaparecidos y un éxodo interno de casi 3 millones de desplazados por la violencia.
Traducido a términos humanísticos son casi 3.5 millones de hogares que viven en el sufrimiento y de ellos, casi 300 mil están enlutados porque les mataron algún integrante de la familia o lo desaparecieron. Toda una catástrofe humanitaria en ese docenio trágico compartido por el panista Calderón y el priista Peña.
COMBATIR ‘NARCO-POLÍTICOS’
El poeta boliviano Óscar Alfaro decía que en una mesa puede no haber pan para comer apenas unos frijoles, pero cuando no tienes ni tiempo para comer esos frijoles porque te debes esconder o huir de los hombres armados que te quitan lo único que te dejaron los otros: la libertad, los hijos o la vida, entonces eso es una condición peor que la miseria.
Así en México, donde la mayor parte del territorio está bajo el dominio del crimen organizado y el 80 por ciento de las policías municipales y estatales las controlan los narcotraficantes, la población no tiene más libertad ni derecho sobre su propia existencia. A diario hay reportes de homicidios, algunos con una saña inaudita, y reportes de personas que desaparecen como si fuera una estepa infestada de lobos.
Ese es el legado de sangre de Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón, los grandes genocidas, ya que incumplieron su deber constitucional de velar por el pueblo y lo sometieron al exterminio. Uno inició la “guerra” y otro la continuó, pero nunca con la intención de combatir la delincuencia sino sólo algunas facciones.
El periodista veracruzano Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y en grupos delictivos, expone que “de acuerdo con las experiencias internacionales, no existe ninguna estrategia antidrogas que haya sido exitosa si no empieza por quebrar las finanzas de la mafia. De ahí que la mayoría de los intentos hayan resultado fallidos en varios países, México, entre ellos”.
Ravelo dice algo muy cierto, México no logrará abatir la criminalidad mientras no se ataque la “narcopolítica”, es decir, la colusión entre políticos -gobernadores, alcaldes, diputados y funcionarios federales de alto nivel y posiblemente hasta los presidentes de la República- con los cárteles del narcotráfico.
“Hoy el crimen es Gobierno en casi todo el territorio, pues no sólo controla municipios completos y tiene a su servicio a todas las policías, sino que muchos de los hombres del narco, ondeando la bandera del PRI, Morena, PRD y Encuentro Social, por ejemplo, se lanzan en busca de un puesto de elección popular financiados con dinero sucio, cuyo origen nadie investiga”, expone el columnista.
Tal es el destino del gobierno lopezobradorista que llega tras un docenio de muerte y desapariciones y sobre él reposa, efectivamente, la esperanza de un pueblo martirizado por la violencia. Todos esperan que su Administración modifique las acciones en materia de seguridad pública, combata y desmantele la “narcopolítica” en lugar de tolerarla. Será un combate de muchos años, muchos sexenios tal vez, pero se debe comenzar con el desmantelamiento del andamiaje criminal entre narcos y políticos.
