Región.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) son instancias indiferentes al problema de que personas con discapacidad y pobladores de zonas serranas sean segregados por funcionarios públicos, manifestaron activistas de la zona Centro.
El representante de la Asociación Civil de Ciegos y Débiles Visuales, Leonardo Javier Gutiérrez Tamayo, mencionó que en el corredor Ciudad Mendoza-Orizaba se han dado casos en ayuntamientos de servidores públicos que excluyen a ciudadanos con alguna limitación cuando acuden a realizar un trámite, solicitar apoyo o poner una queja.
El integrante de la agrupación Alianza Regional Indígena, Claudio Castillo Pacheco, destacó que en municipios serranos como Tlaquilpa, Xoxocotla, Atlahuilco, Tlilapan y otros, los habitantes indígenas padecen abusos de las autoridades municipales, principalmente cuando exigen infraestructura y desarrollo en sus localidades.
Refirió que desde enero de 2015, la agrupación interpuso más de 10 denuncias ante la Subprocuraduría del Estado contra autoridades municipales de la Sierra por maltrato, prepotencia y abuso de autoridad, pero a ninguna se le ha dado el debido seguimiento.
Pese a que existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación desde junio de 2003, que promueve el respeto a los Derechos Humanos, la dignidad de cualquier sector y en toda condición, los activistas lamentaron que es letra muerta en la realidad.
